Mendoza: la inflación acumuló casi 12% hasta abril y vuelve a poner a prueba las paritarias
Alimentos, educación, transporte y tarifas empujaron los aumentos en los primeros meses de 2026. Mientras la inflación provincial se encamina a cerrar el semestre entre 16% y 17%, las paritarias intentan evitar otra caída del poder adquisitivo.
La inflación volvió a ocupar el centro de la escena en Mendoza durante el primer semestre de 2026. Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 11,9% entre enero y abril, con marzo como el mes de mayor suba.
Aún faltan los datos oficiales de mayo y junio, pero las estimaciones privadas ya ubican la inflación semestral entre 16% y 17% presionando sobre salarios, jubilaciones y consumo.
La evolución mensual muestra un escenario de relativa estabilidad, aunque con focos de tensión en determinados rubros:
Mes IPC
- Enero 3,0%
- Febrero 2,5%
- Marzo 3,6%
- Abril 2,3%
- Mayo (estimado entre 2% y 2,3%)
- Junio (estimado entre 1,8% y 2,2%)
Los precios que más presionaron sobre el bolsillo
El año comenzó con una fuerte incidencia de los alimentos. En enero, las carnes, los lácteos, las frutas y verduras encabezaron las subas, impulsando un IPC mensual de 3%.
En febrero, el protagonismo pasó a los servicios vinculados a la vivienda. Los aumentos en electricidad, gas y otros servicios básicos explicaron buena parte de la inflación del mes, que se ubicó en 2,5%.
Marzo marcó el pico del semestre. El inicio de clases y el cambio de temporada impulsaron fuertes subas en educación e indumentaria: 5,3% y 5,1%, respectivamente. Los alimentos, además, volvieron a ubicarse por encima del promedio general.
En abril, el liderazgo pasó al transporte. Los combustibles, el transporte público y otros servicios vinculados a la movilidad explicaron una suba del 4,4% en el rubro Transporte y Comunicaciones. Educación volvió a ubicarse entre los sectores con mayores incrementos.
La fotografía del semestre revela un patrón claro: los aumentos dejaron de concentrarse exclusivamente en alimentos y comenzaron a repartirse entre servicios regulados, educación y transporte, sectores con fuerte impacto sobre los presupuestos familiares.
La discusión salarial se reabrirá este viernes 5 de junio, con el SUTE entre los primeros gremios en volver a la mesa.
La carrera entre salarios e inflación
La pulseada salarial atravesó todo el semestre con una pregunta de fondo: si los aumentos pactados alcanzan para no quedar detrás de los precios.
En el sector público mendocino, el Gobierno provincial cerró acuerdos con la mayoría de los gremios estatales. La pauta salarial consensuada para el primer semestre estableció un aumento del 7% en marzo y otro 3% en mayo, ambos calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025. Más del 90% de los trabajadores de la administración pública quedaron comprendidos dentro de esos acuerdos.
La cuenta, por ahora, da en rojo. Frente a una pauta semestral del 10%, la inflación ya acumuló 11,9% hasta abril y podría acercarse al 17% al cierre de junio. Salvo que las revisiones paritarias recorten esa brecha, el primer semestre dejará una nueva pérdida de poder adquisitivo. La discusión se reabrirá este viernes 5 de junio, con el SUTE entre los primeros gremios en volver a la mesa.
En el sector privado, el acuerdo más representativo fue el de Comercio, que alcanza a cerca de 1,2 millones de trabajadores en todo el país. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias pactaron para el trimestre abril-junio un incremento salarial acumulado del 5%, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. El acuerdo también incluyó sumas fijas no remunerativas que elevaron los ingresos nominales, aunque sin modificar sustancialmente la tendencia de fondo.
El panorama tampoco resulta favorable para los empleados públicos nacionales. La política salarial impulsada por el Gobierno nacional continuó basada en incrementos mensuales de baja magnitud, generalmente cercanos al 1% o 2%, con el objetivo de acompañar el proceso de desaceleración inflacionaria. Sin embargo, durante el primer cuatrimestre la inflación acumulada superó ampliamente esos porcentajes, consolidando una nueva caída del salario real para amplios sectores de la administración pública nacional.
Pobreza e indigencia: una mejora estadística que enfrenta nuevos desafíos
Los datos oficiales muestran que Mendoza cerró 2025 con una reducción de la pobreza respecto de los niveles observados durante la crisis inflacionaria de 2024. Sin embargo, el primer semestre de 2026 volvió a poner presión sobre los hogares de menores ingresos.
La razón principal es la evolución de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza. En abril, una familia tipo mendocina necesitó $1.361.503 para no ser considerada pobre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la indigencia, alcanzó los $569.667. Ambas continuaron creciendo durante los primeros meses del año.
La inflación acumuló 11,9% entre enero y abril y las estimaciones privadas ubican el semestre en torno al 16% o 17%. Durante ese mismo período, gran parte de las negociaciones salariales cerraron por debajo de esa cifra. Los empleados públicos provinciales acordaron un aumento del 10% para el primer semestre, mientras que convenios privados relevantes, como Comercio, quedaron varios puntos por detrás de la inflación proyectada. Esto implica una pérdida real de ingresos que afecta especialmente a los hogares ubicados cerca de la línea de pobreza.
La situación es aún más delicada para los sectores indigentes. Mientras la desaceleración inflacionaria contribuyó a reducir la pobreza durante 2025, el aumento de los alimentos continúa teniendo un impacto directo sobre los hogares de menores recursos. La propia estadística oficial mostró que, aun cuando la pobreza descendió, la indigencia aumentó de 4,7% a 5,5% entre el primer y el segundo semestre de 2025.
¿Cuánto perdieron los sectores más vulnerables?
Si se toma como referencia una inflación semestral estimada entre 16% y 17%, los trabajadores estatales provinciales habrían perdido entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo en la primera mitad de 2026. En sectores privados con acuerdos cercanos al 5% o 6% para el trimestre abril-junio, la brecha podría ser incluso mayor.
Para los hogares que ya estaban cerca de la línea de pobreza, esa diferencia implica algo concreto: una parte del ingreso dejó de alcanzar para cubrir alimentos, transporte, educación y servicios públicos. En otras palabras, aunque la pobreza medida oficialmente pueda seguir por debajo de los niveles de 2024, las condiciones materiales de muchos hogares vulnerables continúan deteriorándose.
Ahí aparece uno de los datos más elocuentes del semestre: Mendoza llega a mitad de 2026 con menos pobres que un año atrás, pero con ingresos que vuelven a correr detrás del costo de vida. La incógnita es si la desaceleración inflacionaria alcanzará para revertir esa pérdida en la segunda mitad del año o si volverá a empujar al alza la pobreza y la indigencia.
Los principales indicadores económicos anticipan que la desaceleración de la inflación seguirá en el centro de la estrategia oficial, tanto nacional como provincial. Pero salarios, jubilaciones e ingresos informales todavía corren por detrás de los precios, sobre todo en los rubros que más pesan en el gasto cotidiano.
En ese marco, la moderación del IPC aparece como una condición necesaria, pero todavía insuficiente. Sin mecanismos que recompongan los ingresos reales, asalariados, jubilados y trabajadores informales seguirán lejos de recuperar el terreno perdido.
El desafío para la segunda mitad de 2026 será ese: que la baja de la inflación deje de ser solo un dato estadístico y empiece a sentirse en el bolsillo de los hogares mendocinos.
