CEPA: el FMI alivió las metas de reservas, pero reclama más ajuste, reformas y privatizaciones

La segunda revisión del acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional dejó una imagen ambivalente. Por un lado, el organismo aprobó el rumbo general del programa económico y destacó la continuidad del ajuste fiscal. Por otro, debió flexibilizar metas clave, especialmente las vinculadas a la acumulación de reservas, mientras advirtió sobre desequilibrios persistentes en empleo, salarios, crédito y sostenibilidad de la deuda.

El análisis elaborado por CEPA sobre el Staff Report del FMI sostiene que el principal mensaje de la revisión es que la estabilización macroeconómica continúa descansando sobre una profundización del ajuste del gasto público y sobre una agenda de reformas estructurales que incluye jubilaciones, subsidios, privatizaciones y cambios tributarios.

El ajuste fiscal sigue siendo la prioridad

El Fondo ratificó que el superávit fiscal constituye el principal ancla del programa económico. Para 2026 exige un resultado primario equivalente al 1,4% del PBI, lo que obliga al Gobierno a conseguir todavía más de 11 billones de pesos adicionales durante el resto del año.

Para alcanzar ese objetivo, el organismo identifica posibles recortes en gasto social, subsidios energéticos, salarios públicos y obra pública. Según el informe, la reducción total sugerida supera los 5 billones de pesos.

Uno de los aspectos más llamativos es que el propio FMI reconoce presiones fiscales derivadas del financiamiento universitario, las pensiones por discapacidad y el Fondo de Asistencia Laboral previsto en la reforma laboral, aunque simultáneamente recomienda mantener la disciplina fiscal mediante nuevos ajustes.

Reservas: el gran alivio concedido por el Fondo

La principal concesión otorgada por el FMI aparece en el frente externo.

La meta de acumulación de reservas para junio de 2026 fue modificada de manera sustancial. Lo que originalmente exigía sumar 3.200 millones de dólares pasó a permitir una posición negativa de 8.600 millones, una flexibilización cercana a los 12.000 millones de dólares. Además, el organismo actualizó la valuación de los activos del Banco Central tomando como referencia los precios del oro de fines de 2025, lo que implicó una mejora contable cercana a los 3.000 millones de dólares.

En la práctica, la modificación transformó una meta difícil de cumplir en un objetivo ampliamente alcanzable. Según CEPA, sin estos cambios el Gobierno habría necesitado acumular más de 8.000 millones de dólares adicionales para llegar a junio en línea con el acuerdo original.

Inflación: una advertencia incómoda para el Gobierno

Otro punto relevante es el reconocimiento explícito del FMI sobre el atraso metodológico del Índice de Precios al Consumidor.

El organismo señala que la canasta utilizada actualmente perdió representatividad debido al retraso en la actualización de los ponderadores de consumo. Sin embargo, evita cuestionar la decisión oficial de postergar la implementación de una nueva metodología hasta que el proceso de desinflación se consolide.

El informe recuerda que, según estimaciones de CEPA, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2026 habría sido significativamente mayor si se aplicaran los ponderadores correspondientes a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Al mismo tiempo, el FMI proyecta una inflación anual del 25% para 2026, una cifra más optimista que la estimada por el mercado a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

Una economía que crece, pero de manera desigual

La revisión también admite que la recuperación económica presenta fuertes diferencias sectoriales.

Los sectores más dinámicos continúan siendo la agricultura, la minería y la intermediación financiera, mientras que construcción, industria manufacturera y comercio permanecen rezagados. El propio FMI describe una recuperación desigual, con dificultades persistentes en actividades intensivas en empleo.

Según el informe, los sectores que lideran el crecimiento explican menos del 10% del empleo privado registrado, mientras que las actividades más afectadas concentran cerca de la mitad de los puestos de trabajo formales.

El deterioro laboral también aparece reflejado en las estadísticas de empleo y salarios. CEPA sostiene que desde el inicio de la gestión se habrían perdido más de 327.000 puestos de trabajo registrados, mientras que el salario real continúa por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.

El FMI pone la lupa sobre la deuda de las familias

Uno de los capítulos menos difundidos de la revisión es el referido al sistema financiero.

El organismo observa un crecimiento sostenido de la morosidad, particularmente en créditos al consumo y en los proveedores no bancarios, como fintech y billeteras virtuales. Incluso advierte sobre posibles riesgos de contagio al resto del sistema financiero si continúa deteriorándose la capacidad de pago de los hogares.

Los datos citados por CEPA muestran que los niveles de irregularidad en préstamos familiares alcanzaron máximos que, en algunos segmentos, superan incluso los observados durante la pandemia.

Jubilaciones, subsidios y privatizaciones: la agenda que viene

Más allá de la coyuntura, el informe deja entrever cuáles son las reformas estructurales que el FMI espera para los próximos años.

Entre ellas aparecen una reforma previsional que elimine moratorias, modifique requisitos de acceso y eleve progresivamente la edad jubilatoria; una profundización de la reducción de subsidios energéticos; un programa de privatizaciones y concesiones de activos públicos; y una reforma tributaria integral orientada a ampliar la base de recaudación.

El organismo también prevé ingresos por ventas y concesiones de activos estatales por unos 4.000 millones de dólares entre 2026 y 2027.

Una aprobación con señales de alerta

La segunda revisión no muestra un Fondo enfrentado con el Gobierno. Tampoco exhibe un respaldo sin condiciones.

El documento ratifica el rumbo general del programa económico, pero al mismo tiempo reconoce que varias de las metas originales resultaron demasiado exigentes y debieron ser recalibradas. Mientras flexibiliza los objetivos de reservas, mantiene intacta la exigencia de profundizar el ajuste fiscal y avanzar sobre reformas sensibles como jubilaciones, subsidios, impuestos y privatizaciones.

La pregunta que deja abierta la revisión es si la estabilidad que busca consolidar el programa podrá sostenerse en una economía donde el crecimiento se concentra en pocos sectores, los salarios siguen rezagados, la morosidad aumenta y el propio FMI continúa calificando a la deuda argentina como "sustentable, pero no con alta probabilidad".