Crisis en discapacidad: convocan a movilización en Mendoza por pagos atrasados y riesgo en las prestaciones

• El sector de discapacidad en Mendoza convocó a una movilización por atrasos en pagos y crisis en las prestaciones.
• Denuncian deudas, aranceles desactualizados y riesgo de cierre de servicios esenciales.
• También preocupa un proyecto nacional que modificaría la ley vigente.
• Advierten que la situación afecta directamente a personas con discapacidad y sus familias.

Discapacidad: cese de actividades y movilización en Mendoza ante la crisis del sector

Las organizaciones, instituciones y prestadores vinculados al sector de la discapacidad en Mendoza convocan a un cese de actividades y movilización hoy, miércoles 22 a las 11:00 hs en la explanada de la Casa de Gobierno.

La medida se enmarca en la profunda crisis que atraviesa el sector de la discapacidad, caracterizada por el atraso arancelario, la irregularidad en los pagos y la acumulación de deudas, una situación que está llevando a las prestaciones a un punto crítico y compromete seriamente la continuidad de servicios esenciales. 

La falta de respuestas concretas por parte del Estado pone en riesgo el funcionamiento de instituciones, el trabajo de miles de prestadores y, fundamentalmente, el acceso a derechos de las personas con discapacidad. Detrás de cada demora, de cada deuda y de cada prestación que se debilita, hay personas, familias e instituciones que ya no pueden seguir sosteniendo solas esta emergencia.

A este escenario de extrema gravedad se suma ahora una nueva preocupación: el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y aspectos centrales del sistema de prestaciones.

La iniciativa introduce cambios que generan una fuerte incertidumbre sobre la continuidad del esquema vigente y, además, abre la posibilidad de trasladar mayores responsabilidades a las provincias en materia de organización y financiamiento de prestaciones, con impacto directo en la atención en cada jurisdicción.

Desde el sector advertimos que, en un contexto ya atravesado por atrasos, deudas e inestabilidad, cualquier modificación que incremente la carga sobre las provincias sin garantías claras de financiamiento y sostenimiento puede agravar aún más la crisis y afectar directamente a las personas con discapacidad y a sus familias.

Por eso, esta convocatoria expresa no sólo el reclamo histórico por la actualización de aranceles, la regularización de pagos y la continuidad de las prestaciones, sino también la preocupación frente a un nuevo proyecto que pretende modificar una ley de emergencia ya votada y sostenida judicialmente, en un momento en el que el sistema necesita respuestas urgentes y no más incertidumbre.