Javier Milei envía una nueva Ley de Discapacidad con nuevas restricciones

El gobierno de Javier Milei insiste en ajustar a las personas con discapacidad, y para ello, envía un nuevo proyecto de ley nominado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez" que pone el foco en el control y la revisión de las pensiones otorgadas en las últimas décadas.

Este provocativo ataque del gobierno lo hace aún si aplicar la ley de Emergencia en discapacidad que fue ratificada por senadores y diputados, y bajo una lucha histórica de toda una comunidad que vienen resistiendo desde que comenzó el gobierno libertario.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que hubo un crecimiento "exponencial" de estas prestaciones, que pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023.

El texto plantea un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, es decir, deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Según el proyecto, la falta de cumplimiento implicará la suspensión del beneficio.

Qué más plantea la nueva ley de ajuste 

Derogación

El gobierno Javier Milei busca la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. "Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia".

Cruce de datos

La propuesta también establece un sistema de fiscalización que incluirá el cruce de datos entre Anses, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. En caso de detectarse inconsistencias, se prevé la suspensión preventiva de las pensiones, con instancia de defensa administrativa.

Monto

En materia de prestaciones, el proyecto fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, elimina la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar incrementos adicionales vinculados a invalidez laboral o zonas desfavorables.

Laboral

Otro de los puntos centrales es la modificación del esquema laboral.

La iniciativa establece la incompatibilidad entre el beneficio y el empleo formal registrado, lo que impide mantener la pensión en caso de acceso a un trabajo en relación de dependencia.

Prestaciones

El proyecto también introduce cambios en el sistema de financiamiento de las prestaciones.

Se autoriza la firma de convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos, lo que impacta en la estructura de negociación con obras sociales y prepagas.

En ese marco, se eliminan mecanismos vinculados a la actualización automática de aranceles por IPC y se redefine el sistema de ajustes, que quedará atado al haber mínimo jubilatorio o a revisiones periódicas.

La iniciativa ingresa en un contexto de debate legislativo y se espera discusión en el Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto.