La ex diputada por la izquierda en Mendoza, manifestó en https://portada.com.ar su opinión sobre el desafuero del senador Romano y la aplicación del impuesto a la riqueza entre otros temas.

 

¿Qué opinión tiene Ud. de la sesión en la legislatura, donde finalmente se aprobó el retiro de fueros al senador Marcelo Romano?

Nosotros desde el partido obrero del frente de izquierda rechazamos lo que ocurrió con el senador Romano,  han intentado censurar visiones opositoras al gobierno provincial, a pesar de que no compartimos muchas ideas con protectora creemos que desde el radicalismo se realizó una especie de disciplinamiento al conjunto de fuerzas opositoras, todo esto para mantener un control. El desafuero de Romano tiene que ver con silenciar lo que ocurrió con la ley 7722, este gobierno viene muy golpeado por las masivas marchas a favor del agua en Mendoza.

El gobierno de Cornejo avanzó sobre la criminalización de las protestas, además tuvimos legisladores del partido obrero y de izquierda con causas, desde el gobierno buscan dar un mensaje general  y confundir a la población, informando que los fueros son un privilegio cuando no lo son, son parte de las libertades y garantías para mantener un sistema parlamentario. Tanto Romano como legisladores del FIT, han estado en las calles defendiendo la 7722 y este desafuero es resultado de esto.

Hace poco el presidente Alberto Fernández manifestó que sigue defendiendo el impuesto a las grandes riquezas y dijo que se aplicaría “una sola vez”, Cuál es el alcance real del proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner?

Hoy se habla a nivel mundial para realizar un rescate de las economías, de un impuesto a las grandes riquezas o fortunas, nosotros creemos que el proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner, que fue demorado para facilitar la negociación de la deuda con bonistas, es un proyecto bastante limitado y conservador, desde el frente de izquierda presentamos   proyecto más amplio el cual fue rechazado por todos los bloques,  donde nosotros hablamos del no pago de la deuda,  principalmente porque la recaudación de este impuesto a la riqueza será para pagar la deuda externa y no para apalear la situación social. Este proyecto del kirchnerismo sólo alcanza a las personas físicas, donde quedan afuera personas jurídicas como los son grandes empresas como Pescarmona o los Roca, que no tienen su dinero en bancos argentinos, y que se encuentran en paraísos fiscales o fideicomisos, es por esto que solicitamos la ampliación del proyecto y queremos que este impuesto valla acompañado de un control popular. Necesitamos saber el destino de esta recaudación, donde no sea el pago de deuda y dejar afuera a la población.-

¿Qué opinión tiene del gobierno de Suárez hasta el momento?

Es un gobierno que continua una línea de rescate a sectores capitalistas como lo hicieron Cornejo y Macri, y a nivel nacional  sigue una propuesta de un consejo económico social y ambiental, sumado a una campaña donde se le comunica miedo a los empleados estatales con el no pago de haberes, llevamos dos o tres meses con discursos “terroristas”, generando pánico en los trabajadores,  y creemos que esto apunta a que no se realicen reclamos salariales, siendo que venimos de un congelamiento de ingresos y el alza de precios en supermercados, vemos que solo se escucha el reclamo del sector empresarial donde hay suspensiones o despidos de personal. En sintonía con el gobierno nacional donde se asiste a 250.000 empresas sin tener información si tienen espalada o no para poder llevar sus actividades, y estamos hablando de empresas como Techint, teniendo como ejemplo a la ex primera dama Juliana Awada, dueña de la empresa Cheeky, que fue una de las tantas empresas que despidió muchos trabajadores, y sin embargo fue asistida con ayuda del gobierno nacional. Estamos hablando de que esta ayuda proviene de fondos del Anses, es ahí donde vemos que en Mendoza, Suárez está aprovechando la situación de pandemia para borrar la frontera que divide las distintas clases sociales, donde no es lo mismo hacer cuarentena en una casa con un sueldo que no supera el costo de la canasta básica familiar, desde el Polo Obrero venimos diciendo que con hambre no es lo mismo hacer el aislamiento social obligatorio, sin mencionar el hacinamiento de personas, con falta de viviendas o de servicios mínimos para afrontar la situación.

¿En Mendoza puede ocurrir algo parecido a villa 31, teniendo en cuenta la flexibilización dispuesta por el gobierno de la provincia?

Si bien nuestra escala social es distinta que la de los barrios populares de Buenos Aires, la situación económica es la misma y es desesperante. En los comedores se duplicó la cantidad de personas que asisten, han enviado alcohol en gel al bajo Lujan pero este producto no es alimento, sin una buena nutrición no se puede enfrentar un virus como el Covid-19, además hay dengue y otras enfermedades como resultado de la precariedad de la gente.

En algún punto la pandemia vino a resaltar una realidad que ya  veníamos enfrentando desde antes, ya teníamos la mitad de la población infantil bajo la pobreza, y  ya se venían cerrando fábricas como lo fue la Campagnola, crisis en el sector agropecuario, peones y empleados rurales abandonados en la terminal, los llamados trabajadores golondrina.

Todos estos trabajadores son o eran empleados de empresas que Suárez quiere ayudar a través del consejo económico social, pero no vemos la ayuda a las personas que han quedado en situación de calle.

Debo decir que no fue una cuarentena sin reclamos, desde el Polo Obrero y otros sectores nos hemos manifestado por el aumento de sueldos o mejoras en las condiciones laborales, reclamando en hospitales y municipios con personal autoconvocado. Solo vemos que esta flexibilización fue para apalear el sector empresarial, no así con los espacios sociales.

¿Qué opinión le merece la oposición en este contexto en Mendoza?

Veo una oposición muy débil, sobre todo un peronismo o justicialismo que actúa de igual manera que el gobierno provincial y nacional, nosotros fuimos muy críticos de un proyecto de Anabel Sagasti del impuesto a la banca, porque vemos que no clarifica el destino de una posible recaudación, y que queda sujeto a criterio del poder ejecutivo. Además, se aprovechó este contexto para bajar sueldos como por ejemplo a empleados de Juegos & Casinos,  tomando la reforma laboral que dejó Macri en su momento.

 

Por: Fernando Cascino