El mantra del ajuste: el relato oficial frente a la urgencia social
Luego del discurso de anoche del presidente Javier Milei en la Fundación Libertad, surgió una urgencia inevitable: contrastar los datos que el mandatario repite como un mantra con la realidad que atraviesa la sociedad. No se trata solo de una diferencia de interpretación. Hay, en ese relato insistente, un componente engañoso: presentar como parte de un proceso exitoso lo que, en el presente, es deterioro concreto en las condiciones de vida.
Frases destacadas del discurso
- "Todo marcha de acuerdo al plan."
- "No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia."
- "Sabemos que los datos son horribles, pero estamos en el camino correcto."
- "La inflación va a caer."
- "Lo peor ya pasó."
- "Este es el único camino posible."
Si se ponen en perspectiva las frases que el presidente Javier Milei pronunció anoche en la Fundación Libertad -"todo marcha de acuerdo al plan", "no nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia", "este es el único camino posible"- con otras consignas que atravesaron distintas etapas de la historia argentina, el eco resulta ineludible. Desde el "achicar el Estado es agrandar la Nación" asociado a Álvaro Alsogaray, pasando por el "redimensionamiento del Estado" y el "saneamiento económico" de los años 90 bajo Carlos Menem, hasta formulaciones más extremas como "eliminar de raíz el intervencionismo del Estado" o "nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado" que remiten al ideario de apertura y privatización profunda, hay una continuidad discursiva clara: la promesa de orden y eficiencia a partir de la reducción del rol estatal. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que estas ideas, repetidas como verdades incuestionables en distintos ciclos, terminaron derivando en procesos de concentración económica, debilitamiento del tejido productivo, aumento del desempleo y deterioro del poder adquisitivo. Es decir, detrás de la épica del ajuste y la eficiencia, lo que quedó fue una sociedad más desigual y un Estado menos capaz de amortiguar las crisis que esas mismas políticas ayudaron a profundizar.
El Presidente volvió a sostener que "todo marcha de acuerdo al plan". Y en términos estrictamente políticos, tiene razón: el Gobierno ejecuta sin desvíos el programa que se propuso. Ajuste fiscal, disciplina monetaria, desregulación. No hay improvisación ni marcha atrás.
Pero esa coherencia tiene un costo. Y ese costo no aparece como un efecto colateral: es el núcleo del programa.
Ahí es donde el discurso oficial se vuelve problemático. Porque construye una narrativa que naturaliza el sufrimiento social como una etapa necesaria, casi inevitable. Una idea que resuena con lógica de tango: primero hay que saber sufrir, después vendrán los resultados.
El punto crítico es otro: no hay definición política de cuánto ni hasta cuándo hay que sufrir.
Ese vacío transforma el sacrificio en incertidumbre. Y la incertidumbre, en desgaste social.
Mientras tanto, en la calle, el lenguaje es mucho más directo. No hay teoría económica ni épica reformista. Hay salarios que pierden contra los precios, consumo que se retrae, empleos en riesgo y una sensación extendida de fragilidad.
Las encuestas empiezan a reflejar esa tensión: puede haber acuerdo con la necesidad de ordenar la economía, pero crece el rechazo al impacto inmediato sobre la vida cotidiana. No es un rechazo ideológico. Es una reacción material.
Por eso, cuando el Presidente insiste con que el plan avanza correctamente, el problema no es si dice la verdad o no en términos técnicos. El problema es que ese relato omite una dimensión central: la capacidad real de la sociedad para soportarlo.
Y ahí se abre la verdadera grieta de este momento. No entre oficialismo y oposición, sino entre un programa económico que se sostiene en el tiempo largo y una sociedad que vive en la urgencia del día a día.
El Gobierno libra una batalla cultural para instalar la idea de que el dolor es parte del camino. La sociedad, en cambio, empieza a preguntarse si ese camino tiene destino o si el sacrificio se volvió un fin en sí mismo.
Los apoyos que sostienen el plan (aunque también sufran)
Sin embargo, hay un dato clave que complejiza el escenario:
el plan no se sostiene solo.
Hay gobernadores, empresarios y también sectores de la sociedad que siguen apoyando este rumbo, incluso en medio del ahogo económico.
Javier y Karina Milei junto a gobernadores, empresarios y sectores de la sociedad que apoyan el plan.
En el caso de los gobernadores, la contradicción es especialmente evidente.
Por un lado, han sido fundamentales para garantizar gobernabilidad: votaron leyes, evitaron bloqueos institucionales y sostuvieron al Ejecutivo en minoría. Por otro, son quienes administran territorios donde el ajuste pega de lleno.
Los números son elocuentes:
- Las provincias resignaron recursos millonarios por caída de transferencias y recortes.
- Las transferencias discrecionales se redujeron de forma drástica, convirtiéndose en una herramienta de disciplinamiento político.
El caso Mendoza: el aliado que también pierde
En ese mapa, la provincia de Mendoza -gobernada por Alfredo Cornejo- es un caso paradigmático.
Cornejo es uno de los gobernadores más cercanos al gobierno nacional. Forma parte del sector de la UCR que decidió acompañar a Milei desde el inicio, incluso a costa de tensiones internas dentro de su propio partido.
Alfredo Cornejo decidió acompañar a Milei desde el inicio.
Sin embargo, esa cercanía política no se tradujo en beneficios económicos claros para la provincia.
- En 2025, Mendoza recibió un 12,1% menos de recursos discrecionales en términos reales respecto a 2024.
- Además, esos niveles ya venían siendo bajos: incluso comparado con 2023, los montos muestran un deterioro sostenido.
- En distintos momentos del año, la provincia también quedó rezagada en el reparto de fondos como los ATN, recibiendo montos menores o tardíos frente a otras jurisdicciones.
Mendoza no solo no fue privilegiada por su alineamiento político, sino que también sufrió el ajuste. Aun así, el gobernador mantiene su apoyo.
Incluso en un contexto donde:
- se reducen recursos que impactan en obra pública
- caen programas nacionales clave
- se tensiona la gestión provincial
La estrategia política ha sido sostener el vínculo con la Nación. En algunos casos, ese esquema se compensa con transferencias puntuales -como envíos específicos de ATN (por ejemplo, $7.000 millones en un reparto reciente)- que funcionan más como alivios coyunturales que como solución estructural.
El resultado es un modelo contradictorio: menos recursos permanentes, más dependencia de decisiones discrecionales.
La pregunta incómoda
En ese marco, emerge una pregunta inevitable:
¿Cuál es la intención de ver sufrir a quienes te pusieron en ese cargo?
¿Negocios, ideología, odio o impericia?
La respuesta, a la luz de lo ocurrido en estos meses, no parece ser una sola.
No hay evidencia consistente de un plan basado en "odio" o en una lógica deliberada de castigo personal. Tampoco alcanza con reducirlo a "impericia": el Gobierno ha sido sistemático en su estrategia.
Lo que sí aparece con claridad es una combinación de factores:
- Convicción ideológica extrema: la creencia de que el ajuste es el único camino posible, incluso si implica costos sociales severos.
- Lógica de poder: uso de los recursos como herramienta de disciplinamiento político sobre provincias y actores.
- Desconexión con la dinámica social: subestimación del impacto real del ajuste en la vida cotidiana.
En otras palabras: no se busca el sufrimiento como fin, pero se lo acepta como condición necesaria, sin medir del todo sus consecuencias políticas y sociales.
Concluyendo. La Argentina atraviesa algo más que un ajuste. Atraviesa una disputa de sentido.
El Gobierno propone una épica del sacrificio sin plazos claros.
La sociedad reclama una salida que no implique deteriorarse indefinidamente.
Pero en el medio hay un dato decisivo: el plan se sostiene no solo por convicción oficial, sino por una red de apoyos -políticos, económicos y sociales- que también están siendo afectados por ese mismo plan.
En ese cruce se define todo. Porque el verdadero problema ya no es si el plan funciona.
Es si la gente -y quienes gobiernan sus territorios, incluso los más alineados como Mendoza- pueden sobrevivir mientras funciona.
