Cuando el odio se disfraza de justicia
Después de 2 años, 5 meses y 29 días de encierro, el lunes, mientras Mendoza despertaba con la rutina de siempre, en una sala del Polo Judicial Penal, Ezequiel Apaolaza escuchó que era libre. Libre, sí. Pero después de estar encerrado, con miedo y con odio encima.
La condena previa. Lo habían acusado de un delito gravísimo: abusar de su sobrina de tres años. La historia era difícil de creer, pero no importó. Lo que pesó fue otra cosa: Ezequiel es homosexual. Dijeron haberlo visto travestido. Lo recordaron maquillado. Con eso bastó para sospechar de él.
Sin pruebas, pero con prejuicio
La denuncia la hizo su excuñada. No hubo pruebas físicas. No hubo pericias concluyentes. Solo un informe del equipo técnico que calificó el relato como "creíble". Con eso lo metieron preso. Le ofrecieron juicio abreviado: ocho años de cárcel. No aceptó.
Tres defensas, una verdad
Tuvo tres defensas. La primera renunció cuando él se negó a aceptar el acuerdo. La segunda, pública, volvió a insistir con el juicio abreviado. La tercera, con menos recursos pero más compromiso, llegó hasta el final. Y bastó. La jueza Carina Colucci dijo: "no culpable". Lo absolvió. Pero la absolución no borra lo que vivió. Ni lo que sigue viviendo.
Dentro del infierno
Porque el problema no fue solo la acusación. Fue también la forma en que la fiscalía trató el caso. En vez de buscar pruebas, se centraron en su orientación sexual. En vez de investigar, etiquetaron.
Y está lo que nadie quiere contar: lo que pasa adentro de una cárcel cuando un detenido es acusado de abusar de un menor. Ahí adentro no importa si hay condena o no. Esos presos son castigados por otros internos. Son golpeados, aislados, humillados. Viven en riesgo constante.
Verdad, justicia... y negocios
La Asociación Verdad y Justicia -que acompaña a personas absueltas tras denuncias falsas- prepara un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Mendoza, muchas personas pasan años detenidas sin juicio. Con una simple denuncia alcanza para privarlos de libertad. El sistema prefiere mantener presos sin pruebas antes que admitir errores.
Y es necesario hablar también del rol de muchos empleados del Poder Judicial. Desde quienes toman las denuncias hasta algunos fiscales que, en estos casos, ya actúan como si la persona fuera culpable desde el primer día. Arman expedientes con pruebas dirigidas para que al llegar al juicio no haya margen para la duda. ¿Es justicia o es necesidad de mostrar estadísticas?
El negocio del encierro
En Estados Unidos, muchas cárceles están privatizadas. Las empresas que las manejan necesitan tenerlas llenas para que sean rentables. Cuantos más presos, más ganan. La lógica es perversa. Y aunque en Argentina las cárceles todavía son estatales, varios servicios están tercerizados.
Un ejemplo: las viandas. El Estado paga precios altísimos por la comida que reciben los presos. Pero lo que les llega es de pésima calidad. Hay denuncias de comida podrida, fermentada o directamente incomible.
El linchamiento elegante
Seguramente ahora vendrán denuncias por falso testimonio, pedidos de explicaciones, comunicados y conferencias. Pero nada de eso va a devolverle a Ezequiel el tiempo perdido, su dignidad ni su nombre.
Tendrá derecho a una indemnización, que no pagarán quienes tomaron decisiones equivocadas, sino todos los ciudadanos.
Porque esto no fue un juicio. Fue una condena anticipada, sin pruebas. Un proceso contaminado desde el principio.
Es mejor que cien culpables queden impunes a que un solo inocente sufra.
El principio busca proteger la presunción de inocencia. En otras palabras: en un sistema justo, debe hacerse todo lo posible para evitar que una persona inocente sea condenada, aunque eso signifique que algunos culpables queden sin castigo.
Y porque a veces, la Justicia no se equivoca por accidente. Se equivoca porque así está diseñada.