Desde PORTADA.COM.AR ponemos en consideración de nuestro público una Carta de Opinión de la máxima autoridad del sector. El presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Raúl Rodríguez. Una enfática defensa de la que no dudamos generará sus réplicas.

Hoy el mundo se encuentra sumergido en una inédita situación, fruto de una pandemia que ha paralizado no solo nuestras rutinas sino también las distintas economías hundiendo y afectando a empresas, empleados, ciudadanos y también a gobiernos que han visto menguar sus ingresos fiscales.

Mendoza no ha sido ajeno a este fenómeno y las consecuencias de la cuarentena obligatoria pueden ser graves y difíciles de revertir en el corto plazo.

En este lamentable escenario son pocas las actividades económicas que podrían rápidamente contribuir a la lenta recuperación económica y laboral necesaria el día después de que este flagelo amaine su incidencia.

Una de ellas es la actividad minera que es un útil vehículo que motoriza no sólo divisas para el país en concepto de exportaciones, sino que también es un reconocido tomador de mano de obra y de los servicios que pueden ofrecer pequeñas y medianas empresas locales.

Sin embargo en nuestra provincia la actividad minera se encuentra expresamente vedada en lo que respecta a la minería metalífera, fruto de una legislación que se pensó y diseñó para impedirla.

En los casi trece años de vigencia de la ley 7.722 no ha podido ponerse en marcha ningún proyecto de este tipo. Las condiciones que articula la citada norma hacen inviable el progreso de los pocos proyectos que aún insisten en concretarse.

De más está aclarar que ninguna otra empresa se ha aventurado a venir a invertir en minería durante este lapso de tiempo.

Cuando en diciembre del pasado año se sancionó la ley 9.209 se pensó que era el puntapié inicial para salir a captar inversores y ubicar nuevamente a Mendoza en el concierto minero mundial.

Lamentablemente una movilización, fruto de una exitosa campaña en redes sociales, en donde se infundió temor y desinformación sobre la industria llevó al Gobernador a dar marcha atrás y derogar la novel ley.

Esta decisión, discutible y opinable, no hizo más que arrojar una sombra más sobre el ya oscuro panorama de inseguridad jurídica con el que carga la provincia.

A las dificultades económicas, políticas y logísticas que dificultan la inversión privada en Argentina y Mendoza se le sumó esta contramarcha que justifica el lugar que ocupa la provincia en el mapa minero mundial: figura en los últimos cinco lugares en el mundo donde invertir.

Cuando hoy pensamos a nuestro país vemos la curiosidad que históricamente ha sido una nación que ha crecido a espaldas de la montaña y del mar, sólo mirando a su Pampa Húmeda.

Hoy Argentina casi no extrae minerales ni pesca teniendo la sexta reserva mundial de minerales y un vasto lecho marino casi inexplotado, y la mención al casi es porque furtivamente otras naciones pescan en nuestras aguas sin nuestro control y permiso.

Volviendo a la provincia de Mendoza, el sólo pensar que sólo el 4% de su territorio está cultivado torna imprescindible reflexionar sobre qué haremos sobre el restante 96% rico en recursos naturales entre ellos mineros y petroleros.

Evidentemente no es la negación sobre su aprovechamiento lo que debería guiar a nuestros gobernantes, sino el cómo, cuándo y dónde desarrollarla y darle utilidad a este regalo de la naturaleza repudiado por un grupo interesado en el mantenimiento del status quo.

Si analizamos que en el mismo sector de cordillera que la provincia comparte con Chile (del norte de Las Heras al Sur de Malargue) éste exporta por año en minería metalífera unos diez mil millones de dólares (u$10.000 millones) mientras en Mendoza cero ($0).

Lamentablemente nos toca vivir en Mendoza una realidad muy compleja, ya que con la excusa del cuidado del agua se ha construido un muro insuperable para el desarrollo de la actividad. Guardamos el férreo convencimiento de que dicha norma no tiende ni persigue proteger el recurso hídrico sino que esta ley ha sido pensada para prohibir la actividad minera metalífera en Mendoza.

La provincia aún tiene serios problemas hídricos frutos de la mala administración del recurso, falta de tecnificación, afectación de acuíferos por contaminación de otras industrias y nada de ello ha podido solucionarse con la “ley del agua” ni hemos visto marchas exigiendo su defensa, observándose claramente una hemiplejía ambiental, un doble estándar que no deberíamos consentir.

Somos conscientes que la sustentabilidad tantas veces declamada está conformada por el desarrollo económico en un pie de equilibrio con el medio ambiente y el respeto a la realidad social, conformando así un triángulo en perfecta armonía.

En algunas provincias argentinas como Mendoza dicha figura está franca y evidentemente desbalanceada ya que sólo se agita la falta de “licencia social” para combatir y obstaculizar el desarrollo económico, usufructuando para ello la excusa ambiental.

Creemos que la licencia social no la da un grupo de activistas ni una campaña en redes sociales, sino una sociedad informada y participativa dentro de las vías institucionales.

Es importante que desde el sector se desarrolle una política de puertas abiertas para informar a la sociedad acerca de la actividad minera, asimismo se debería seguir exigiendo la elaboración de un Plan Estratégico Minero para que la actividad no sea prenda de conveniencias coyunturales sino que se erija como una Política de Estado que garantice una participación plural y la imprescindible seguridad jurídica que permita el desarrollo de esta industria, la generación de puestos de trabajo y la llegada de inversiones a la Provincia.

Creemos que siendo los mendocinos los genuinos dueños de los recursos naturales que se encuentran en nuestro suelo, es responsabilidad de todos lograr su mejor aprovechamiento para beneficio de sus habitantes en equilibrio y respeto con el medio ambiente.

Raúl Javier Rodríguez
Abogado
Presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros