El Gobierno deberá pagar al FMI el primer vencimiento del año de u$s731 millones

Crece la incertidumbre sobre lo que sucederá el próximo viernes, en medio de fuertes diferencias entre las partes.

El Gobierno tiene hasta el viernes para definir qué postura tomará con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que se ejecutará el primer vencimiento del año que tendrá la Argentina con el organismo. Se trata de una amortización de capital por más de u$s731 millones.

Al momento, y según lo que se conoció de manera oficial a través de la portavoz Gabriela Cerruti, el gobierno no confirmó si realizará el pago. En medio de unas negociaciones cuyas posiciones se endurecieron en el último tiempo, el tiempo corre y las reservas podrían sufrir una fuerte retracción, mayor de la que ya viene sufriendo por los coletazos de la volatilidad del mercado de cambios. Pero el panorama se pone aún peor: el 1 de febrero, la Argentina tiene que pagar más de u$s366 millones entre capital e intereses.

En este sentido, las reservas netas están en el nivel más bajo desde mayo de 2016. El escenario se va tensando a medida que se empantana la negociación con el FMI y se acerca el 22 de marzo, la fecha del compromiso más alto. Además, este mes deben abonarse u$s68 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y u$s17 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más otras deudas por u$s45 millones.

El segundo mes del año será un poco más aliviado, con montos totales por u$s792 millones. U$s372 millones corresponderán al FMI, u$s50 millones al BID, u$s4 millones al BIRF, u$s195 millones al Club de París y u$s107 millones a «otros pagos». La fecha límite para la mayoría de los economistas es marzo: el vencimiento será de u$s3199 millones.

El Gobierno negocia las bases de un acuerdo de facilidades extendidas con el Staff del FMI, encabezado por la directora gerente, Kristalina Georgieva. Pero quien definirá finalmente si acepta ese entendimiento es el Directorio Ejecutivo del organismo, integrado por 24 representantes de países miembros, cuyo número de votos está basado en la cuota que cada uno aporta. El país con mayor peso dentro del organismo es Estados Unidos, que cuenta con el 16,5% de los votos totales. En nuestro país el acuerdo tampoco será automático: deberá ser refrendado por una ley votada por el Congreso, según lo dispone la Ley 27.612, aprobada en febrero de 2021.