El gobierno de Milei pretende eliminar la Ley de Etiquetado Frontal en los alimentos
Sectores sanitarios y opositores advierten que eliminar ley que impuso los octógonos en los alimentos implica un retroceso en políticas de prevención de la obesidad infantil.
El gobierno de Javier Milei envió al Senado el proyecto para eliminar por completo la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.
El proyecto, que ingresó formalmente para comenzar su debate en el Senado, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones.
El Ejecutivo sostiene que el sistema actual presenta "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas", cuestiona los parámetros nutricionales utilizados y afirma que genera costos y asimetrías dentro del Mercosur.
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Desde el Gobierno cuestionaron duramente la eficacia del sistema actual, basándose en varios puntos clave:
Confusión en el consumidor: según el proyecto, el esquema obligatorio basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplica "criterios homogéneos a alimentos de características muy diferentes". Esto provoca que productos tradicionalmente aceptados dentro de la cultura nutricional reciban advertencias equivalentes a las de ultraprocesados de menor calidad, induciendo a interpretaciones "simplificadas o poco precisas".
Falta de incentivo industrial: la Casa Rosada argumenta que "la estructura binaria" del sistema vigente (el alimento tiene o no tiene el sello) dificulta que las empresas reflejen mejoras o reformulaciones parciales en la composición de sus productos.
Sobrecostos y distorsiones: apuntan que la ley trajo complicaciones operativas, exigencias de rediseño de envases y "procesos de concentración de mercado" que terminan perjudicando la actividad productiva.
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Información en los envases
La medida ya genera polémica, por eso el mensaje enviado al Congreso aclara de forma taxativa que no se eliminará la obligación de informar los componentes de los alimentos.
"La medida que se propicia no implica la eliminación de las obligaciones de información nutricional, las cuales continuarán plenamente vigentes en el marco del Código Alimentario Argentino", reza el texto.
De igual modo, recordaron que siguen rigiendo las normas generales de defensa del consumidor y publicidad engañosa.
El objetivo planteado por la gestión actual es derogar el esquema rígido actual y avanzar hacia un nuevo modelo que sea "más preciso, contextualizado y científicamente consistente", adaptado a los esquemas de información nutricional ya armonizados dentro del Mercosur.
El proyecto cuenta con un articulado breve: el primero establece la derogación total de la norma y el segundo fija su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El Ejecutivo solicitó formalmente a las cámaras un "pronto tratamiento y sanción".
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El ex presidente de la Nación y diputados nacional Julio Cobos, uno de los impulsores de la normativa sancionada en 2021 junto a la senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que la iniciativa oficial "no tiene fundamento científico" y consideró que responde a presiones de sectores empresariales vinculados a la industria alimenticia.
"La salud comienza por la nutrición, por lo que comemos", señaló al advertir sobre los índices de sobrepeso y obesidad en Argentina y el aumento de enfermedades no transmisibles.
En esa línea, cuestionó los argumentos incluidos en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. "Lo único que puedo ver en el texto elevado son frases armadas por las cámaras empresariales", afirmó el ex legislador.
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