Cuando calefaccionarse vuelve a ser un privilegio: el costo que Mendoza podría pagar por perder Zona Fría

Mientras el invierno asoma y el frío golpea con fuerza en gran parte de la provincia, ocho de los diez diputados nacionales por Mendoza votaron a favor del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que recorta el régimen de Zona Fría. La decisión podría dejar a más de 400 mil hogares mendocinos sin el beneficio tarifario y encender un fuerte debate político sobre quién defenderá ahora el bolsillo de los usuarios.

La discusión sobre el régimen de Zona Fría no es apenas un debate técnico sobre subsidios energéticos ni una fría ecuación fiscal. En Mendoza, donde las bajas temperaturas obligan a calefaccionar hogares durante varios meses al año, el acceso al gas se convierte en una necesidad básica que impacta de lleno en la economía familiar. Por eso, la media sanción al proyecto que recorta este beneficio dejó una pregunta política inevitable: cuando una medida amenaza con golpear el bolsillo de cientos de miles de mendocinos, ¿quiénes están llamados a defender los intereses de la provincia?.

La función de los diputados nacionales no es representar al gobierno de turno ni responder únicamente a una lógica partidaria: su mandato constitucional es representar a la ciudadanía de la provincia que los eligió y defender sus intereses en el Congreso de la Nación. En el caso de Mendoza, eso implica legislar contemplando las particularidades económicas, sociales y geográficas de una provincia donde el invierno exige un alto consumo de gas para calefacción y donde el costo de los servicios esenciales ocupa un lugar cada vez más pesado en el presupuesto de las familias.

Desde esa perspectiva, la votación sobre Zona Fría deja de ser un asunto abstracto de números fiscales y se transforma en una decisión concreta sobre la calidad de vida de miles de personas. Porque detrás de cada porcentaje de subsidio hay jubilados, trabajadores, familias y pequeños comercios que dependen de ese alivio tarifario para atravesar el invierno sin que la boleta de gas se convierta en un problema imposible de afrontar.

En esa misma línea, el rol del gobernador tampoco se limita a administrar recursos o mantener alineamientos políticos con la Casa Rosada. El gobernador es, ante todo, el principal representante político e institucional de la provincia, encargado de defender los intereses de Mendoza frente al Gobierno nacional cuando una medida amenaza con perjudicar a sus habitantes. Su función implica gestionar, negociar y fijar posición ante decisiones que impactan de manera directa sobre la economía provincial y la calidad de vida de la población.

Cuando están en juego cuestiones sensibles -como el acceso a servicios esenciales, tarifas energéticas o recursos estratégicos- se espera del mandatario provincial una defensa activa de los mendocinos, especialmente en una provincia donde las bajas temperaturas convierten al gas en una necesidad más que en un servicio optativo. En ese contexto, el debate sobre Zona Fría también interpela al gobierno provincial: si Mendoza pierde un beneficio que alcanza a cientos de miles de hogares, la discusión política inevitablemente se trasladará a quién alzó la voz para evitarlo y quién optó por acompañar o guardar silencio.

Cómo votaron los diputados mendocinos

La votación en la Cámara de Diputados dejó una postal política difícil de ignorar para Mendoza: ocho de los diez legisladores nacionales de la provincia acompañaron el proyecto que recorta el régimen de Zona Fría, una medida que podría traducirse en aumentos significativos en las boletas de gas de más de 400 mil hogares mendocinos. El respaldo llegó desde sectores alineados con el oficialismo nacional y parte del radicalismo mendocino, mientras que solo dos diputados rechazaron la iniciativa argumentando el impacto económico que tendría sobre una provincia donde el invierno y las bajas temperaturas hacen del gas una necesidad esencial.

Votaron a favor del recorte Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Julieta Morandini Metral Asensio, Luis Petri, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Lourdes Arrieta, mientras que los diputados peronistas Martín Aveiro y Emir Félix se pronunciaron en contra del proyecto. La decisión dejó abierta una fuerte discusión política: si los legisladores nacionales representan los intereses de Mendoza, ¿qué lectura hicieron sobre el impacto que esta medida tendrá en miles de familias de la provincia?

Qué pierde Mendoza si avanza el recorte

Si el proyecto obtiene sanción definitiva en el Senado, Mendoza perdería el régimen de Zona Fría en casi todo su territorio y solo Malargüe conservaría el beneficio, al ser considerado distrito de frío extremo dentro del nuevo esquema. Esto significa que miles de hogares mendocinos quedarían afuera de un sistema que hoy reduce entre un 30% y un 50% el valor de la factura de gas, justo en una provincia donde calefaccionarse durante varios meses del año no es un lujo, sino una necesidad básica.

La modificación tendría un impacto especialmente fuerte en departamentos con inviernos rigurosos como San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y zonas cordilleranas, donde las bajas temperaturas obligan a un consumo elevado de gas. Familias que hoy cuentan con una tarifa diferencial podrían enfrentar aumentos considerables en sus boletas, en un contexto marcado por pérdida de poder adquisitivo, suba del costo de vida y salarios que corren detrás de la inflación.

La pérdida tampoco sería únicamente económica. Mendoza resignaría una política de compensación territorial construida para equilibrar desigualdades climáticas, bajo el reconocimiento de que no cuesta lo mismo vivir en regiones templadas que en provincias donde las heladas, la nieve y las temperaturas bajo cero forman parte de la vida cotidiana. En ese escenario, la discusión excede un simple subsidio: plantea quién absorbe el costo de habitar una provincia fría cuando el Estado decide retirarse y dejar que el mercado fije las condiciones.