Discapacidad en emergencia: el sector se movilizó en Mendoza por la continuidad de servicios esenciales

Un sistema al límite: prestadores en alerta

El sector de la discapacidad en Mendoza atraviesa una de sus crisis más profundas en años. Organizaciones, instituciones y profesionales convocaron a un cese de actividades y se movilizaron, esta mañana, frente a la Casa de Gobierno para visibilizar una situación que califican como "crítica". El reclamo central gira en torno a:

• Atraso en los pagos de todas las prestaciones desde hace meses.
• Desfasaje arancelario hace más de dos años.
• Incumplimiento absoluto de la ley de emergencia en discapacidad
• Medicamentos y prótesis que no llegan a quienes los necesitan generando el abandono de personas.

En este contexto, advierten que el sistema está al borde del colapso, con servicios que comienzan a reducirse o directamente interrumpirse.

Detrás de estos indicadores hay una trama compleja que involucra a miles de trabajadores del sector y a familias que dependen de estos servicios para su vida cotidiana. Centros de día, transportistas, acompañantes terapéuticos y profesionales de la salud enfrentan dificultades crecientes para sostener su actividad. La falta de actualización de los aranceles frente a la inflación genera un desfasaje que vuelve inviable el funcionamiento de muchas instituciones. Así, la crisis ya no es solo administrativa o financiera: empieza a impactar directamente en el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad.

Pagos atrasados y derechos en riesgo

Uno de los puntos más sensibles es la demora en los pagos, que en algunos casos se extiende por meses. Esta situación genera una cadena de incumplimientos que afecta tanto a prestadores como a usuarios del sistema. La incertidumbre económica obliga a muchas instituciones a limitar servicios, reducir personal o incluso evaluar cierres. Desde el sector advierten que cada prestación que se cae implica una pérdida concreta para las personas con discapacidad, que ven restringida su autonomía, su rehabilitación y su inclusión social.

En este escenario, la falta de respuestas por parte del Estado agrava el conflicto. Las organizaciones señalan que no existen medidas concretas para revertir el atraso ni mecanismos eficaces para regularizar los pagos. La ausencia de previsibilidad impacta en toda la cadena de atención y genera un clima de creciente tensión.

El reclamo, entonces, no es solo sectorial: se trata de garantizar derechos consagrados en normativas nacionales e internacionales que obligan al Estado a asegurar una atención integral y sostenida.

Incertidumbre por cambios en la legislación

A la crisis actual se suma un nuevo factor de preocupación: el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para modificar aspectos de la Ley de Emergencia en discapacidad. La iniciativa genera inquietud en el sector porque podría alterar el esquema vigente de prestaciones y abrir la puerta a una redistribución de responsabilidades hacia las provincias. En un contexto de fragilidad financiera, esta posibilidad enciende alarmas sobre la capacidad real de los gobiernos provinciales para sostener el sistema.

Los referentes del sector advierten que cualquier cambio estructural sin garantías de financiamiento puede profundizar la crisis existente. La transferencia de competencias sin recursos suficientes podría traducirse en una mayor desigualdad territorial en el acceso a servicios.

Esto implicaría que la calidad y continuidad de las prestaciones dependan cada vez más de la capacidad económica de cada provincia, afectando el principio de equidad en la atención.

Movilización y reclamo colectivo

Frente a este panorama, la convocatoria a la movilización buscó visibilizar una problemática que consideran urgente. La protesta reunió a personas con discapacidad, familiares, trabajadores y organizaciones que exigen respuestas inmediatas. El objetivo es claro: lograr la actualización de aranceles, la regularización de pagos y garantías sobre la continuidad del sistema de prestaciones.

La jornada también apunta a generar conciencia social sobre una crisis que muchas veces permanece invisibilizada. Desde el sector insisten en que no se trata solo de números o presupuestos, sino de derechos humanos fundamentales. La movilización en Mendoza se inscribe así en un reclamo más amplio que atraviesa al país y que pone en debate el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.