Caja Forense en crisis: Ramón advierte sobre la ilegalidad del fin de la cobertura médica
José Luis Ramón cuestionó la decisión del directorio de la Caja Forense de Mendoza de eliminar el sistema de asistencia médica vigente desde hace décadas, una medida que, según advirtió, afecta a más de 300 profesionales y vulnera derechos adquiridos.
El escenario, que inquieta crecientemente a los afiliados, también expone un conflicto institucional de peso. Frente a esto, Ramón advirtió sobre la ilegalidad de la medida y convocó a los afectados a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos.
"La Caja Forense de Mendoza está por terminar con el régimen de asistencia médica que le ofrece a sus afiliados desde hace décadas. El 30 de abril pretende dar por finalizada esta prestación de manera definitiva, con una decisión que es ilegal", afirmó el abogado.
Caja Forense en crisis: fin de la cobertura médica,
Asimismo, explicó que el sistema se basa en un esquema solidario entre abogados y procuradores de la provincia, y recordó que en el año 2010, ante dificultades económicas, una asamblea extraordinaria resolvió su cierre progresivo, pero garantizando la continuidad del servicio para los afiliados existentes hasta su finalización natural.
"Se estableció con claridad que se respetaría el derecho de cada afiliado. Hoy hablamos de más de 300 beneficiarios del RAM de la Caja Forense, para quienes el servicio debía mantenerse hasta el fallecimiento o la renuncia de cada uno. Ese compromiso está siendo desconocido", remarcó.
Caja Forense en crisis: Ramón advierte sobre la ilegalidad del fin de la cobertura médica.
En ese sentido, Ramón alertó que en diciembre de 2025 el directorio resolvió unilateralmente dar por terminado el régimen, desconociendo lo dispuesto por la asamblea. "No les importa el compromiso asumido en 2010. Pretenden dar de baja el sistema ante la secretaria de Servicios de Salud de la Nación, pasando por encima de la voluntad de los afiliados", cuestionó.
Finalmente, el abogado instó a los profesionales afectados a accionar judicialmente: "La fecha prevista para el 30 de abril de 2026 no es legal. No dejen avasallar sus derechos. Reclamen, de manera individual o colectiva, para frenar esta medida".
El planteo ya fue presentado ante la Justicia provincial. Según Ramón, la resolución que se adopte "será clave no solo para el futuro inmediato de los más de 300 profesionales afectados, sino también para definir el alcance de las garantías en este tipo de sistemas".
