Factibilidad: la palabra de la vergüenza

Hay palabras que parecen inocentes, casi técnicas, pero esconden un veneno lento. Factibilidad es una de esas. Suena a algo lógico, a una condición que garantiza orden, pero detrás de esas sílabas se cocina una trama oscura: la palabra que algunos funcionarios usan para decidir qué podemos hacer -y qué no- sobre la tierra que legítimamente es nuestra.

La raíz etimológica de factibilidad viene del latín facere, que significa "hacer", y el sufijo -bilis, que indica posibilidad. Es, literalmente, "la posibilidad de hacer". Pero en la práctica argentina, factibilidad se transformó en lo contrario: en la imposibilidad de hacer. En el freno a la propiedad privada, en la trampa legal que usan los municipios para imponer sus criterios -o sus negociados- sobre lo que debería ser un derecho constitucional: la propiedad.

La trampa de la factibilidad

Mientras la Constitución Nacional garantiza el derecho a la propiedad privada (artículos 14 y 17), los consejos deliberantes de los municipios se juntan en despachos oscuros a dictar ordenanzas que determinan dónde se puede construir, dónde se puede subdividir, o qué uso le podés dar a tu tierra.

Dicen que es "para proteger las zonas cultivables", pero las políticas socioeconómicas nacionales los desmienten: dejan morir a los pequeños productores mientras abren las fronteras a importaciones que destruyen la industria alimenticia local.

En nombre de la factibilidad, no se pueden hacer loteos o fraccionamientos en zonas rurales. No importa si hay familias que necesitan un terreno para construir. No importa si hay emprendedores dispuestos a darles acceso a la tierra que el Estado les niega.

La factibilidad impone un muro invisible que deja a miles hacinados, alquilando a precios inalcanzables o condenados a vivir en una de las 205 villas miserias de Mendoza.

Es la palabra que usan para perseguir a los que, a pulmón, intentan generar soluciones donde el Estado no llega. La palabra que habilita el acoso burocrático: "no es factible", dicen, mientras algunos privados -los amigos del poder- sí consiguen permisos para transformar zonas prohibidas en barrios exclusivos.

Jerarquía de las leyes: cómo nos engañan

Para entender esta injusticia hay que mirar cómo funciona la pirámide legal:

1. Constitución Nacional (ley suprema): garantiza el derecho a la propiedad privada.

2. Leyes nacionales: deben respetar la Constitución.

3. Leyes provinciales: subordinadas a las nacionales y a la Constitución.

4. Ordenanzas municipales: son el último escalón. Nunca pueden contradecir lo que establece la Constitución.

Sin embargo, en la práctica, estas ordenanzas actúan como si estuvieran por encima de todo. Son herramientas de mini dictaduras locales que limitan derechos y crean un negocio paralelo: donde la factibilidad es otorgada sólo a quienes saben "aceitar" el engranaje municipal.

Factibilidad: la palabra de los canallas

Mientras tanto, la tierra se transforma en un bien inaccesible. Su valor se dispara en las pocas zonas donde el Estado concede su bendición de factibilidad, enriqueciendo a unos pocos y excluyendo a la mayoría. El resultado: más pobreza, más concentración de la riqueza y más familias sin un pedazo de suelo propio.

Nos quieren hacer creer que se trata de "ordenamiento territorial" o "protección ambiental", pero detrás de ese discurso hay arreglos políticos y favores cruzados entre funcionarios y empresarios.

La factibilidad no es neutra. Es un arma para sostener privilegios, para impedir que la gente común acceda a la tierra y para castigar al que más lo necesita. Es la palabra de la vergüenza, la palabra de los canallas que se esconden detrás de sellos y expedientes para seguir empobreciendo a la población.

El déficit habitacional: una herida abierta

Mientras hablan de "ordenamiento territorial", más de 130.000 hogares en Mendoza sufren necesidades habitacionales. En Luján de Cuyo, un 34% de la población necesita una vivienda adecuada. En otros departamentos como Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Tunuyán o San Martín, la situación no es mejor.

En 2024, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entregó apenas 584 casas. Para 2025, planea sumar menos de 500 casas. Un número irrisorio frente a un déficit que crece año tras año.

Factibilidad selectiva: obras públicas para pocos

Pero mientras niegan permisos a quienes buscan acceder a un terreno modesto, vemos cómo la factibilidad aparece de inmediato para los privilegiados:

Blanco Encalada: el Estado invertirá 4.000 millones de pesos en calles, acueductos y energía para un barrio VIP.

Aeródromo de Luján de Cuyo: se transformará en una "ciudad de 15 minutos", un desarrollo que ya llaman la futura Puerto Madero mendocina.

Aquí no hay trabas ni burocracia. Los recursos públicos llegan rápido, pero no para todos.

El condominio: la patria compartida

Cuando el Estado cierra las puertas, surge la figura del condominio. Para muchos funcionarios, es "no permitido" por desconocimiento intencionado o por intereses ajenos al bien común. Pero la realidad es que el Código Civil y Comercial lo menciona más de 50 veces. En los artículos 1983 a 2072, regula la copropiedad y el uso compartido de bienes inmuebles.

El condominio es perfectamente legal y ofrece enormes ventajas:

• Costos compartidos: se mantienen los servicios entre todos.
• Menor presión fiscal: se pagan menos impuestos que en un loteo tradicional.
• Solidaridad comunitaria: las uniones vecinales trabajan de manera mancomunada y fortalecen el tejido social.

Paradójicamente, en gran parte del mundo el condominio es símbolo de prestigio. Se escucha decir: "tiene un condominio en Miami", "tiene un condominio en Marbella", como sinónimo de estatus y exclusividad. Aquí, sin embargo, se lo mira con recelo, como si fuera una amenaza al negocio de los grandes barrios cerrados y las corporaciones inmobiliarias. Quizás deberíamos aprender de lo que pasa afuera, donde la figura del condominio es una herramienta positiva que abre oportunidades y construye comunidades fuertes.

El condominio como legado natural

La palabra condominio proviene del latín condominium: el prefijo con- significa "junto" o "en común", y dominium se traduce como "propiedad" o "señorío". Es, en su esencia más pura, "la propiedad en común". No hay nada más humano, ni más comunitario, que este concepto.

Quizás si uno mira hacia atrás, a San Martín y a aquellos próceres que soñaron con una patria grande, puede imaginar que ellos mismos pensaban en el condominio como un modelo de vida: un espacio donde los pueblos, con sus diferencias y similitudes, compartieran un mismo territorio, un mismo destino. Una tierra común donde cada uno tuviera su lugar y todos se sintieran parte de un proyecto mayor.

El condominio, paradójicamente, rige nuestras vidas aún sin que lo sepamos. Cuando alguien muere, por ejemplo ese funcionario municipal que tanto reniega del condominio y deja una herencia con varios hijos, esa propiedad automáticamente se transforma en un condominio: los hijos del funcionario municipal se convierten en condóminos. Si la muerte puede imponer esta figura, ¿por qué no podríamos elegirla en vida? ¿Por qué una ordenanza municipal debería no permitirla?

¿Dónde está la libertad que tanto predica este gobierno si nos impiden organizarnos de la forma más básica y solidaria para tener un pedazo de suelo?

La libertad que predican y la organización que impiden

Este gobierno, bajo la presidencia de Javier Milei, ya dejó en claro su visión: el Estado debe apartarse; no debe hacerse cargo de caminos, cloacas, agua o gas. Como vocera oficial, la exfuncionaria Diana Mondino fue enfática:

En vez de pagar impuestos para la obra pública, se debe juntar la gente del barrio para decidir que se haga una obra.

Mondino, que asumía esas ideas como la voz del poder, planteaba que si el Estado no va a construir esas infraestructuras, "la gente se junte" para hacerlo por su cuenta. Aunque ya no esté en funciones, esa lógica -según ella- sigue siendo la del gobierno: si quieren obras, deberán organizarse entre ustedes mismos.

Por tanto, cuando los vecinos buscan un pedazo de tierra bajo la figura del condominio, lo que encuentran no es un camino asfaltado, un acueducto o una red de gas: encuentran obstáculos burocráticos disfrazados de tecnicismo, mientras se les exige que se organicen para suplir lo que el Estado decide no garantizar. Entonces si el Estado no cumplirá su función que al menos se aparte y no impida el avance organizado.

Donde no hay factibilidad nace la solidaridad en forma de condominio. Y donde hay solidaridad, los que lucran con la tierra ven amenazados sus privilegios.