Un nuevo golpe al bolsillo: el impuesto inmobiliario y la torpeza burocrática

La carta enviada por el concejal Rubén Lázaro al gobernador Alfredo Cornejo pone en evidencia una vez más lo que ya es una costumbre en Mendoza: la torpeza burocrática a la hora de administrar los tributos. En esta ocasión, el problema radica en la incorporación arbitraria de superficies cubiertas en el cálculo del impuesto inmobiliario, afectando a cientos de vecinos de Luján de Cuyo.

El argumento es claro: muchas de las estructuras que el fisco ahora decide gravar -toldos, medias sombras, pérgolas- no deberían ser consideradas superficie cubierta habitable ni cocheras, pero la provincia, con su necesidad insaciable de recaudar, ha optado por sumar metros cuadrados sin siquiera verificar la información con los catastros municipales. La falta de un cruce de datos entre provincia y municipio, un procedimiento básico en cualquier sistema administrativo serio, ha generado errores que ahora los contribuyentes deben salir a corregir.

Y aquí surge el problema de siempre: el peso de la ineficiencia estatal recae sobre el ciudadano. La única vía para reclamar es digital, obligando a muchos vecinos -especialmente adultos mayores o personas sin acceso a Internet- a enfrentar un trámite engorroso e incierto. Mientras tanto, la boleta ya llegó, el pago se exige y el Estado se lava las manos.

Sin embargo, es bien conocido que la Municipalidad de Luján de Cuyo no es precisamente la más amable o eficiente al momento de actualizar el catastro. No solo se ha convertido en un freno para la regularización de inmuebles, sino que muchas veces directamente impide la transferencia de dominio, trabando el acceso a la vivienda y violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza este derecho fundamental. En otras palabras, no solo el municipio no mantiene sus registros al día, sino que además le complica la vida a quienes intentan formalizar sus propiedades, afectando el desarrollo económico y habitacional en la zona.

Los escribanos tienen la función de contribuir a actualizar el catastro del municipio cada vez que se realiza una transferencia de dominio al solicitar certificados con el nombre del nuevo vecino que adquiere. Sin embargo, el municipio no solo no facilita esta tarea, sino que muchas veces directamente la niega, la impide o la dificulta de manera arbitraria, retrasando innecesariamente la transmisión de derechos reales, lo cual resulta grave. Así, se convierte en un cuello de botella burocrático que va en contra del desarrollo normal del mercado inmobiliario y del derecho de los ciudadanos a la vivienda digna.

Eso sí, esta rigidez parece aplicarse solo cuando le conviene. Para algunos loteos de renombre y alta alcurnia, la vara es claramente distinta. Allí, las dificultades burocráticas desaparecen, los trámites fluyen y la legalidad se acomoda según la conveniencia de los grandes desarrolladores. Para el resto de los ciudadanos, el proceso sigue siendo una odisea kafkiana.

El gobernador Cornejo tiene en sus manos la posibilidad de corregir este atropello. Si la intención no es recaudar a cualquier costo, debería ordenar de inmediato la revisión de estos cobros y garantizar que los vecinos no paguen por superficies que no deberían ser gravadas. Si no lo hace, quedará claro que este impuestazo no es un descuido, sino una decisión premeditada.

La pregunta es: ¿escuchará el reclamo o seguirá aplicando la receta de siempre, exprimiendo a los mismos de siempre?

Luego nos preguntamos, ¿por qué existe un déficit habitacional tan grande en Mendoza?. ¿No será momento de que los funcionarios funcionen bien?.