Jubilaciones en 2025: cuál será el enfoque del gobierno de Javier Milei

En el Pacto de Mayo, firmado con la mayoría de los gobernadores, el Gobierno de Javier Milei destacó como prioridad la reforma previsional para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar los bajos haberes. Sin embargo, este debate no figura entre las prioridades inmediatas de la Casa Rosada y el Ejecutivo ya confirmó que el bono adicional para las jubilaciones mínimas se mantendrá en $70.000 de forma fija.

Para 2025, se proyecta mantener congelado el bono que complementa las jubilaciones mínimas, mayormente percibidas por beneficiarios de moratorias y planes especiales. Este congelamiento se implementará pese al contexto inflacionario a nivel internacional. Además, se impulsará el pago de sentencias jubilatorias y se ratificará la decisión de no extender la moratoria previsional vigente, cuyo fin está previsto para marzo del próximo año.

Desde el Gobierno aseguran que aún no es el momento adecuado para plantear una reforma integral del sistema previsional, una iniciativa que genera resistencia incluso en otros sectores políticos. La polémica en torno a la fórmula de actualización de haberes desincentiva propuestas que impliquen modificaciones profundas.

En este marco, el Poder Ejecutivo adelantó algunas directrices para la política previsional del próximo año. Según el Presupuesto presentado ante la Cámara de Diputados, las asignaciones a la ANSES aumentarán un 1% en términos reales, representando el 45% del presupuesto total.

El director de ANSES, Mariano de los Heros, confirmó que el bono de $70.000, actualizado por última vez en marzo, se mantendrá sin cambios durante 2025, lo que desató críticas de la oposición. Estos sectores advierten que la medida reducirá el poder adquisitivo de los jubilados que perciben la mínima. Pese a ello, el Gobierno argumenta que no hay margen fiscal para modificar esta política.

El deterioro del poder de compra de las jubilaciones mínimas es una preocupación. Aunque el Gobierno afirma que los haberes han superado a la inflación, la pérdida del valor real del bono fijo afecta significativamente el ingreso de los jubilados. Según Nadin Argañaraz, director del IARAF, "los jubilados que cobran la mínima y el bono tuvieron su peor situación relativa en febrero, alcanzaron un pico en junio de 2024 y luego comenzaron a caer nuevamente".

Otro tema controvertido es la eliminación de la moratoria previsional, que dejará de estar vigente el 23 de marzo. El Gobierno planea apoyar a quienes no completaron sus aportes mediante la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aunque este beneficio no alcanza el nivel de una jubilación mínima.

Cajas previsionales provinciales y regímenes especiales

El conflicto entre el Gobierno y las provincias por las cajas previsionales no transferidas cobró relevancia este año, ya que la Nación no destinó recursos para cubrir déficits. Tras auditorías realizadas por la ANSES, se detectaron casos de provincias con superávit que previamente declaraban déficit. De los Heros confirmó que no se contempla nacionalizar estas cajas.

Respecto a los juicios jubilatorios, el Gobierno priorizará el ajuste de haberes mensuales sobre los retroactivos. Según De los Heros, para finales de 2025 se habrán ajustado los haberes de 92.000 casos pendientes, mientras se atenderán nuevas sentencias a medida que se emitan.

En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), se emitió un decreto que permite mantener títulos públicos del Tesoro hasta 2027, reduciendo gradualmente su proporción en la cartera del 70% al 50%. Esto busca evitar impactos negativos en el mercado local.

Los regímenes de privilegio y su impacto

El oficialismo busca introducir el debate sobre regímenes de privilegio, como los de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos, para integrarlos al sistema general. Según el CIPPEC, estos regímenes representan el 40% de los beneficios previsionales, con un costo equivalente al 5% del PBI. Además, los haberes en estos esquemas son en promedio un 65% superiores a los del régimen general.

Rafael Rofman, investigador del CIPPEC, advirtió sobre el riesgo de abordar estos regímenes de manera aislada, ya que podría generar una falsa percepción de avance. Propone una reforma integral que reduzca las inequidades del sistema, garantizando mecanismos de financiamiento sostenibles y respetando derechos adquiridos.