Javier Milei cambió por decreto la designación de jueces de la Corte Suprema

El gobierno de Javier Milei firmó un decreto, que será publicado en las próximas horas, que introduce cambios en el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces del máximo tribunal.

Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.

El decreto agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.

Los cambios

La nueva normativa modifica el decreto 222/03, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner y conocido como mecanismo de "autolimitación presidencial".

Ese sistema obligaba al Poder Ejecutivo a publicar durante al menos tres días en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional los antecedentes de los candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema.

Además, el esquema vigente hasta ahora establecía que los postulantes debían presentar declaraciones juradas patrimoniales y habilitaba la participación de ciudadanos, ONG y colegios profesionales para formular observaciones o impugnaciones ante el Ministerio de Justicia dentro de un plazo de 15 días.

Luego de esa instancia administrativa, el Poder Ejecutivo enviaba el pliego al Senado, donde el candidato debía atravesar una audiencia pública y reunir una mayoría especial de dos tercios para obtener aprobación.

Con el nuevo decreto, el Gobierno elimina el mecanismo de impugnaciones en el ámbito del Ministerio de Justicia y también deja sin efecto la obligación de publicar las postulaciones en diarios nacionales.

"Duplicación de instancias"

Desde el oficialismo argumentaron que las observaciones ciudadanas ya tienen un espacio institucional dentro del Senado y que el procedimiento previo generaba una duplicación administrativa innecesaria.

En ese sentido, explicaron que tanto la publicación de antecedentes como la recepción de objeciones en el Ministerio de Justicia replicaban mecanismos que luego vuelven a realizarse durante el tratamiento parlamentario de los pliegos.

La consecuencia directa de estos cambios será una fuerte reducción de los tiempos para avanzar con la designación de magistrados de la Corte Suprema.

Nuevos requisitos patrimoniales y controles de ARCA

El decreto también introduce modificaciones en la forma en que los candidatos deberán informar su situación patrimonial, impositiva y previsional.

Desde la Casa Rosada señalaron que se implementará un "régimen uniforme" para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales de quienes sean propuestos para el máximo tribunal.

Asimismo, se establecerá un plazo específico para que la ARCA informe sobre el estado impositivo de los candidatos y un límite de cinco días para la presentación de declaraciones juradas contempladas en la Ley de Ética Pública.

El Ejecutivo insiste en que los mecanismos de transparencia y participación ciudadana seguirán vigentes a través del procedimiento previsto en el Senado.

Preocupación de ONG y sectores judiciales

Las organizaciones vinculadas con la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción se mantienen en alerta ante los cambios impulsados por el Gobierno, aunque esperan conocer el texto definitivo del decreto antes de pronunciarse públicamente.

En paralelo, el oficialismo defiende la reforma con el argumento de que busca "modernizar" el sistema de publicación y adaptarlo a las herramientas tecnológicas actuales. Entre las novedades, se incorporará la publicación de antecedentes en la página oficial del Ministerio de Justicia.

Vacantes de la Corte Suprema y posibles candidatos

La modificación del sistema llega en medio de una aceleración oficial para cubrir vacantes en la Justicia Nacional y Federal.

El Gobierno ya envió más de cien pliegos al Senado y consiguió el acuerdo parlamentario para 74 postulantes.

Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres de los cinco integrantes previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Aunque Milei dejó trascender que preferiría cubrir las vacantes después de las elecciones de 2027, dentro del Gobierno algunos sectores consideran que el proceso podría iniciarse antes.

Entre quienes impulsan esa posibilidad aparece el ministro Juan Bautista Mahiques, luego de que el Senado aprobara con 58 votos el pliego de su padre, Carlos "Coco" Mahiques, para renovar su cargo en la Cámara de Casación.

También Ricardo Lorenzetti habría mantenido conversaciones con Milei y acercado nombres para una eventual ampliación de la Corte, entre ellos el camarista Mariano Borinsky y la jueza Karina Perilli.

Otros sectores judiciales mencionan además a Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti.

Los cambios promovidos por el Gobierno reactivaron así las especulaciones sobre una posible aceleración en la cobertura de las vacantes del máximo tribunal.