El Estado como aparato de tortura a las mayorías

Las mayorías impotentes

El autor analiza el suceso por el que detuvieron al hacker de "Fútbol Libre"

La cancelación de las páginas web Fútbol Libre y otras que permitían el acceso a transmisiones de eventos deportivos a personas que no pueden pagarlas es otro ejemplo de cómo bajo la égida de Milei el Estado se confabula contra los derechos y el disfrute de las mayorías populares. Denunciamos la injusticia y desproporción del encarcelamiento del benefactor que lo permitía y de la persecución de dichas emisiones.

Milei y el sistema de poder que representa cometen diariamente irregularidades y delitos que ningún fiscal ni juez investigan. Agresiones y amenazas a periodistas, cierre de medios y censura a quienes no dicen lo que quiere el gobierno, espionaje ilegal y acción coordinada de trolls con asiento en Casa Rosada que prometen muerte a sus enemigos, incitación a la violencia, instigación de delitos como práctica sistemática, todo esto que debería ser investigado como ciberdelitos encuentra al fiscal cumpliendo los mandados de Clarín y sus socios.

Al tiempo que los acólitos de Milei cercenan las regulaciones para acceder gratuitamente a espectáculos de interés relevante que prevé la Ley 26.522, y operan como topos de las corporaciones corroyendo desde dentro del Estado los mecanismos de protección al ciudadano, sus adláteres judiciales completan la tarea de entristecer y expropiar al conjunto del pueblo.

Estas medidas muestran que las redes y plataformas sí pueden ser reguladas, confirmación que debería habilitar la regulación del juego online que produce ante nuestros ojos una epidemia de ludopatía y la persecución judicial a los amigos del presidente que amenazan por las redes. Es hora de diseñar regulaciones que impidan el socavamiento de la democracia desde las plataformas como se confirmó en el caso de Cambridge Analytica que operó en Argentina para el macrismo.

Un Estado que sólo proporciona sufrimiento a las mayorías y privilegios a las minorías es radicalmente ilegítimo y justifica que busquemos los medios para reparar el atropello.

Carlos Amenara

Asamblea Permanente de Derechos Humanos 

Regional Mendoza