En el día de hoy, la Cámara de Casación Federal, rechazó el pedido de prisión domiciliaria interpuesto por el defensor del genocida Miguel Etchecolatz. 

El 14 de abril de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata,  resolvió  NO HACER LUGAR al pedido de arresto domiciliario de Miguel Osvaldo Etchecolatz, y ordenaba que el Servicio Penitenciario Federal continuara brindando atención médica adecuada e informara al Tribunal con urgencia cualquier modificación en su cuadro clínico o en las condiciones de alojamiento poniendo énfasis en los controles epidemiológicos que el covid-19 requiere.

Contra esa decisión, el defensor público oficial Gastón Ezequiel Barreiro, interpuso un recurso de casación, el que fue concedido el 28 de abril próximo pasado, oportunidad en la que además se dispuso la habilitación de la feria judicial extraordinaria.

En su recurso de casación, la defensa de Miguel Etchecolatz, luego de repasar el devenir procesal de las actuaciones y de fundamentar la admisibilidad formal de su recurso, tachó de arbitrario el fallo recurrido por no haber otorgado
una medida sustitutiva del encierro, a la luz de la normativa vigente.

Basó el pedido de arresto domiciliario de su asistido en atención a la edad de éste 91 años, y a la luz del límite mínimo exigido por la norma, 70 años.

A ello agregó, que el Hospital Penitenciario Central, el 20 de marzo del corriente año, informó que Etchecolatz presentaba antecedentes de hipertensión arterial, adenoma de próstata con sonda vesical permanente, diverticulosis crónica e hipoacusia y labilidad emocional.

A su turno, la abogada Guadalupe Godoy, en representación de la Liga Argentina Por los Derechos Del Hombre afirmó que, si bien la defensa sustentó su pedido por estar incluido su asistido en el grupo de riesgo en función de su edad, “las condiciones carcelarias de las que goza Etchecolatz resultan adecuadas para las medidas que hasta la fecha han aconsejado las autoridades sanitarias y que no existen a la fecha casos de situaciones sospechosas de contagio intramuros».

Recordó, a su vez, que similar planteo fue denegado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de las actuaciones CFP3993/2007/92, en donde los jueces intervinientes consideraron que, en su actual lugar de detención, el imputado no corre riesgo de contagio debido al coronavirus.

Asimismo, puntualizó que «Etchecolatz se encuentra imputado por delitos de lesa humanidad y este Tribunal Oral, con diferente composición, lo condenó en el año 2012 como autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y por un medio idóneo para crear un peligro común, homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley».

De tal modo, solicitó que se denegara  el planteo realizado por el defensor de Miguel Etchecolatz.

Por su parte, el abogado Pedro Griffo, en representación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó el rechazo de la prisión domiciliaria del imputado Miguel Osvaldo Etchecolatz.

A tal fin, puntualizó que al día de la fecha no existe ningún caso positivo de covid-19 en internos de las unidades y complejos del Servicio Penitenciario Federal. Y afirmó que «la toma de decisión de una medida de esta envergadura que, además, podría generar mayores riesgos que los que se pretenden evitar. Si se pretenden evitar daños imprevisibles e irreparables, es fundamental que prime la prudencia y la reflexión».

Ante lo expuesto el máximo tribunal penal del país, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Miguel Osvaldo Etchecolatz.

De este modo, el ex-jefe de investigaciones de la policía bonaerense durante la última dictadura militar, continuará cumpliendo sus penas en una cárcel común.