• Más de 1.000 personas del sector discapacidad se movilizaron en Mendoza por atrasos en pagos y crisis en las prestaciones.
• Denuncian deudas acumuladas, aranceles desactualizados y riesgo de cierre de servicios esenciales.
• También genera preocupación un proyecto nacional que modificaría la ley vigente sobre pensiones por invalidez. El proyecto 109/2026 amenaza con desmantelar derechos fundamentales, modificando leyes vitales para las personas con discapacidad.
• Advierten que la situación impacta directamente en personas con discapacidad y sus familias.

Un sistema al límite: prestadores en alerta

El sector de la discapacidad en Mendoza atraviesa una de sus crisis más profundas en años. Organizaciones, instituciones y profesionales convocaron a un cese de actividades y se movilizaron, esta mañana, frente a la Casa de Gobierno para visibilizar una situación que califican como "crítica". El reclamo central gira en torno a:

• Atraso en los pagos de todas las prestaciones desde hace meses.
• Desfasaje arancelario hace más de dos años.
• Incumplimiento absoluto de la ley de emergencia en discapacidad
• Medicamentos y prótesis que no llegan a quienes los necesitan generando el abandono de personas.

En este contexto, advierten que el sistema está al borde del colapso, con servicios que comienzan a reducirse o directamente interrumpirse.

El sector de la discapacidad en Mendoza atraviesa una de sus crisis más profundas en años. Esta mañana se reunieron en la explanada de Casa de Gobierno para reclamar.

Detrás de estos indicadores hay una trama compleja que involucra a miles de trabajadores del sector y a familias que dependen de estos servicios para su vida cotidiana. Centros de día, transportistas, acompañantes terapéuticos y profesionales de la salud enfrentan dificultades crecientes para sostener su actividad. La falta de actualización de los aranceles frente a la inflación genera un desfasaje que vuelve inviable el funcionamiento de muchas instituciones. Así, la crisis ya no es solo administrativa o financiera: empieza a impactar directamente en el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad.

Pagos atrasados y derechos en riesgo

Uno de los puntos más sensibles es la demora en los pagos, que en algunos casos se extiende por meses. Esta situación genera una cadena de incumplimientos que afecta tanto a prestadores como a usuarios del sistema. La incertidumbre económica obliga a muchas instituciones a limitar servicios, reducir personal o incluso evaluar cierres. Desde el sector advierten que cada prestación que se cae implica una pérdida concreta para las personas con discapacidad, que ven restringida su autonomía, su rehabilitación y su inclusión social.

En este escenario, la falta de respuestas por parte del Estado agrava el conflicto. Las organizaciones señalan que no existen medidas concretas para revertir el atraso ni mecanismos eficaces para regularizar los pagos. La ausencia de previsibilidad impacta en toda la cadena de atención y genera un clima de creciente tensión.

El reclamo, entonces, no es solo sectorial: se trata de garantizar derechos consagrados en normativas nacionales e internacionales que obligan al Estado a asegurar una atención integral y sostenida.

Incertidumbre por cambios en la legislación

A la crisis actual se suma un nuevo factor de preocupación: el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para modificar aspectos de la Ley de Emergencia en discapacidad. La iniciativa genera inquietud en el sector porque podría alterar el esquema vigente de prestaciones y abrir la puerta a una redistribución de responsabilidades hacia las provincias. En un contexto de fragilidad financiera, esta posibilidad enciende alarmas sobre la capacidad real de los gobiernos provinciales para sostener el sistema.

Los referentes del sector advierten que cualquier cambio estructural sin garantías de financiamiento puede profundizar la crisis existente. La transferencia de competencias sin recursos suficientes podría traducirse en una mayor desigualdad territorial en el acceso a servicios.

Esto implicaría que la calidad y continuidad de las prestaciones dependan cada vez más de la capacidad económica de cada provincia, afectando el principio de equidad en la atención.

Movilización y reclamo colectivo

Frente a este panorama, la convocatoria a la movilización buscó visibilizar una problemática que consideran urgente. La protesta reunió a personas con discapacidad, familiares, trabajadores y organizaciones que exigen respuestas inmediatas. El objetivo es claro: lograr la actualización de aranceles, la regularización de pagos y garantías sobre la continuidad del sistema de prestaciones.

La jornada también apunta a generar conciencia social sobre una crisis que muchas veces permanece invisibilizada. Desde el sector insisten en que no se trata solo de números o presupuestos, sino de derechos humanos fundamentales. La movilización en Mendoza se inscribe así en un reclamo más amplio que atraviesa al país y que pone en debate el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.

• El sector de discapacidad en Mendoza convocó a una movilización por atrasos en pagos y crisis en las prestaciones.
• Denuncian deudas, aranceles desactualizados y riesgo de cierre de servicios esenciales.
• También preocupa un proyecto nacional que modificaría la ley vigente.
• Advierten que la situación afecta directamente a personas con discapacidad y sus familias.

Discapacidad: cese de actividades y movilización en Mendoza ante la crisis del sector

Las organizaciones, instituciones y prestadores vinculados al sector de la discapacidad en Mendoza convocan a un cese de actividades y movilización hoy, miércoles 22 a las 11:00 hs en la explanada de la Casa de Gobierno.

Alerta en discapacidad: prestadores marchan en Mendoza ante deudas, aranceles congelados y cambios en la ley.

La medida se enmarca en la profunda crisis que atraviesa el sector de la discapacidad, caracterizada por el atraso arancelario, la irregularidad en los pagos y la acumulación de deudas, una situación que está llevando a las prestaciones a un punto crítico y compromete seriamente la continuidad de servicios esenciales. 

La falta de respuestas concretas por parte del Estado pone en riesgo el funcionamiento de instituciones, el trabajo de miles de prestadores y, fundamentalmente, el acceso a derechos de las personas con discapacidad. Detrás de cada demora, de cada deuda y de cada prestación que se debilita, hay personas, familias e instituciones que ya no pueden seguir sosteniendo solas esta emergencia.

A este escenario de extrema gravedad se suma ahora una nueva preocupación: el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y aspectos centrales del sistema de prestaciones.

La iniciativa introduce cambios que generan una fuerte incertidumbre sobre la continuidad del esquema vigente y, además, abre la posibilidad de trasladar mayores responsabilidades a las provincias en materia de organización y financiamiento de prestaciones, con impacto directo en la atención en cada jurisdicción.

Desde el sector advertimos que, en un contexto ya atravesado por atrasos, deudas e inestabilidad, cualquier modificación que incremente la carga sobre las provincias sin garantías claras de financiamiento y sostenimiento puede agravar aún más la crisis y afectar directamente a las personas con discapacidad y a sus familias.

Por eso, esta convocatoria expresa no sólo el reclamo histórico por la actualización de aranceles, la regularización de pagos y la continuidad de las prestaciones, sino también la preocupación frente a un nuevo proyecto que pretende modificar una ley de emergencia ya votada y sostenida judicialmente, en un momento en el que el sistema necesita respuestas urgentes y no más incertidumbre.

Los acompaña un equipo de nueve personas, que pondrán en marcha un desafío sin precedentes: unir el Océano Pacífico con el Atlántico a lo largo de 1.500 kilómetros en bicicletas tándem.

Es decir, van a viajar en bici desde la Playa Vega Los Patos (Chile) hasta Playa Punta Alta (Argentina).

"Juntos a Pedal: Uniendo Océanos"

El recorrido, denominado "Juntos a Pedal: Uniendo Océanos", comenzó el 30 de marzo en la Playa Vega Los Patos, en la costa chilena del Océano Pacífico, cruzará la Cordillera de los Andes por el Paso Pehuenche y atravesará Argentina hasta llegar a Punta Alta, sobre el Océano Atlántico.

La travesía demandará 13 días de pedaleada, con 12 noches en la ruta, y tiene como objetivo principal visibilizar la importancia de una inclusión real en todos los ámbitos: social, educativo, laboral y recreativo.

El equipo, compuesto por deportistas de alto rendimiento y guías profesionales como Alfonso Pérez, Andrés Griffouliere y Darío Olguín, utiliza la bicicleta tándem como el símbolo perfecto del trabajo en equipo: une el ritmo y la confianza de la persona ciega con el guía vidente.

"Unir los océanos es unirnos nosotros: personas con y sin discapacidad, dejando atrás las diferencias para ir por una meta más grande. La discapacidad no reside en la persona, sino en las barreras que la sociedad impone. Este viaje es un símbolo palpable de una sociedad donde todos participan en igualdad de condiciones", expresó Walter Álvarez, montañista y atleta ciego.

Objetivo solidario

A través de esta hazaña, el equipo busca recaudar fondos para la Asociación Tiflológica Luis Braille de Mendoza, un espacio de rehabilitación y encuentro para personas con discapacidad visual.

Las donaciones recaudadas serán destinadas a renovar su sala de computación y acondicionar un salón para talleres de oficios.

Quienes quieran colaborar desde Argentina con la causa pueden hacerlo a través del alias: juntos.a.pedal (titular: Walter Alvarez Blanco).

La invitación está abierta a toda la comunidad.

Quienes deseen acompañar al equipo en bicicleta pueden hacerlo en cualquier tramo del recorrido, compartiendo el mensaje de que la inclusión nos atraviesa a todos.

Podes seguir la travesía en:

https://whatsapp.com/channel/0029Vb7yU2TFi8xTdQb1tI1n

 Contactos:

• Delfina Alvarez 2625-672690

• Walter Alvarez 2625-437863

• Instagram: juntosapedal_uniendooceanos 

Con información de Infobae

Un reclamo desde la experiencia personal

El actor Gustavo Garzón cuestionó los recortes en el área de discapacidad impulsados por el gobierno de Javier Milei, a partir de su experiencia como padre de dos hijos con síndrome de Down. Su testimonio puso en agenda las dificultades que atraviesan miles de familias en todo el país.

Gustavo Garzón denunció recortes en discapacidad: "¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?"

Crisis en el sistema de atención

Durante una entrevista radial, en el programa Vuelta y Media de UrbanaPlay, el actor describió un escenario crítico en los servicios vinculados a la discapacidad, marcado por la falta de recursos y el congelamiento de salarios. Según explicó, esta situación impacta directamente en la calidad de atención y en la continuidad de terapias esenciales.

Profesionales precarizados

Garzón denunció que médicos, docentes, transportistas y terapeutas trabajan en condiciones cada vez más complejas. Señaló que muchos continúan por vocación, pese a los bajos ingresos, lo que evidencia un fuerte deterioro en el reconocimiento laboral del sector.

Cuestionamientos al rol del Estado

El actor también apuntó contra el incumplimiento de leyes vigentes en materia de discapacidad y cuestionó el argumento oficial de falta de fondos. En ese sentido, planteó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos básicos y políticas públicas sostenidas.

Tamara, la hija de Gustavo Garzón y Alicia Zanca con sus hermanos Juan y Mariano (Gentileza Tamara Garzón).

Redes familiares ante la falta de respuestas

Frente a este panorama, Garzón explicó que junto a otras familias debieron generar alternativas propias para sostener la inclusión laboral y social de personas con discapacidad. Entre ellas, destacó emprendimientos y espacios educativos impulsados de manera independiente.

Con información de Infobae

Por Gustavo Fulco | @gusfulco

Sin embargo, la discusión técnica corre el riesgo de omitir lo más sensible, quiénes quedan efectivamente reconocidos, protegidos y acompañados. Y allí aparece un tema históricamente subestimado como las discapacidades invisibles, aquellas condiciones que no se "ven" a simple vista (viscerales, crónicas, psicosociales, neurodivergentes, dolor crónico, epilepsias, hipoacusias, entre otras) pero pueden limitar de modo significativo la vida cotidiana.

Emergencia en discapacidad 2026: organismos internacionales advierten que las inequidades en discapacidad se sostienen por estigma, discriminación y barreras en sistemas esenciales.

Auditorías, transparencia necesaria, riesgo de "cultura de sospecha"

El decreto instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a presentar, en 30 días, un plan de auditorías periódicas conforme pautas del artículo 16 de la ley.

La auditoría puede ser una herramienta valiosa para ordenar, transparentar y corregir abusos. El riesgo aparece cuando la auditoría se traduce socialmente como sospecha, generalmente a quienes viven discapacidades invisibles, lo que no se ve suele ponerse en duda, y lo que se pone en duda suele quedar sin apoyo.

La discusión técnica de la Ley 27.793 corre el riesgo de omitir las discapacidades invisibles, un tema históricamente subestimado.

Desde la salud pública, organismos internacionales advierten que las inequidades en discapacidad se sostienen por estigma, discriminación y barreras en sistemas esenciales. Por eso, auditar (aun siendo necesario) sin enfoque de derechos puede incrementar barreras en vez de reducirlas, debiéndose incorporar protocolos de trato digno, accesibilidad comunicacional, posibilidad real de defensa y criterios que contemplen variabilidad de síntomas

CUD, criterios federales y una pregunta clave ¿qué discapacidad reconoce el sistema?

El decreto establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad dictará, con intervención del Consejo Federal de Discapacidad, lineamientos y criterios relativos a la certificación y al CUD. El Certificado Único de Discapacidad es mucho más que un papel, es llave de acceso a prestaciones, transporte, apoyos y múltiples derechos (y, por tanto, también es llave de acceso a la igualdad).

La neurodivergencia, la epilepsia y todas las condiciones intermitentes no entran en la estética de "lo evidente".

El decreto 84/2026 también incluye un régimen de regularización de deudas tributarias para obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas al 31/12/2025, con condonaciones bajo condiciones, y con intervención de ARCA.

Además, un documento de síntesis de "puntos principales" destaca una compensación de emergencia para prestadores por facturaciones realizadas entre diciembre 2023 y diciembre 2024, con verificaciones y posibilidad de compensar deudas.

Este punto suele discutirse como "números" o "aranceles", pero su impacto es clínico y cotidiano cuando se rompe la cadena de pagos o se debilita la red, interrumpiéndose en consecuencia los apoyos. Este último punto, afecta con particular dureza a personas con condiciones invisibles que requieren, asistencia interdisciplinaria.

La emergencia no es solo norma, es reconocimiento

La nueva Ley de Emergencia en Discapacidad 2026 ordena mecanismos y abre una ventana de intervención estatal. Pero su éxito no se mide en anexos o auditorías, sino en gestionar eficazmente y aprender a ver lo que no se ve y se siente de forma profunda y en casos traumática, como la fatiga crónica, el dolor persistente, la disfunción orgánica, la condición psicosocial, la neurodivergencia, la epilepsia y todos las condiciones intermitentes que no entran en la estética de "lo evidente".

Si el Estado no implementa con enfoques integrales, que en primer lugar eduquen a la sociedad sobre discapacidad (inmejorable acción para generar concientización y derribar barreras de forma natural), la sospecha y la mirada estrecha continuaran, dando lugar a que la emergencia pueda convertirse en otro capítulo de exclusión silenciosa.

Por Gustavo Fulco | @gusfulco

Especialista en Comunicación y Accesibilidad | Profesor e Investigador Universitario.

Los Centros de Capacitación Laboral

Lo que relata Alejandra, directora de uno de los Centros de Capacitación para el trabajo alcanzados por la resolución oficial, no es un hecho aislado ni una desprolijidad administrativa. Es la expresión concreta de una política. El cierre de cinco instituciones estatales de Formación Profesional y Capacitación Laboral en Mendoza deja al descubierto una concepción del trabajo, de la educación y del futuro laboral que el gobierno ya no disimula.

Cada uno de los centros contaba con una matrícula de entre 80 y 100 estudiantes. En términos globales, el impacto es contundente: entre 400 y 500, quizas mas ,  personas pierden la posibilidad de capacitarse para acceder a una salida laboral concreta. Al mismo tiempo, al menos 40 trabajadores de la educación -docentes, directivos y evaluadores- quedan sin empleo inmediato. Muchos de ellos son sostenes de familia. El salario se corta de un día para el otro. Sin transición. Sin red de contención.

Uno de los establecimientos afectados es el CCT 6011 Independencia, una institución estatal con edificio propio, sostenida durante años con fondos provinciales y nacionales, y con el esfuerzo cotidiano de su comunidad educativa. Allí se dictaban especialidades con clara salida laboral: artes aplicadas y fotografía, trabajo en vidrio, estética personal y peluquería, electrónica básica aplicada y trayectos de formación profesional como cocinero, confeccionista a medida, modista y electricidad con montaje de equipos.

No se trataba solo de transmitir contenidos. Se trabajaba desde una lógica socioproductiva, orientada al microemprendimiento y a la inserción laboral real. Los estudiantes no salían únicamente con un certificado, sino con herramientas concretas para generar ingresos. A diferencia de los institutos privados, estos centros no cobraban aranceles: apenas solicitaban colaboraciones mínimas para mantenimiento. Por eso llegaban quienes no podían pagar una cuota mensual.

El cierre no se limita a un solo punto del mapa. La misma resolución alcanza a otros cinco centros ubicados en Maipú, San Martín, Las Heras y San Rafael. En todos los casos, la situación se repite: algunos con edificios propios, años de trabajo comunitario y una notificación fría, sin funcionarios presentes ni instancias de diálogo.

La resolución y el discurso de la "modernización"

El cierre del CCT-FP 6011 "Independencia" queda formalizado mediante la Resolución Nº RESOL-2026-17-E-GDEMZA-DETyT#DGE, fechada el 10 de febrero de 2026, emitida por la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza.

El texto se inscribe dentro de lo que denomina una "Reorganización integral de los Centros de Capacitación para el Trabajo y Formación Profesional", enmarcada en una supuesta "Propuesta de Transformación Integral". A lo largo de los considerandos, la resolución invoca la legislación vigente en materia de Educación Técnico Profesional y subraya, de manera reiterada, la necesidad de planificación estratégica, articulación territorial y mejora continua de la calidad educativa.

Sin embargo, esa retórica choca con la decisión concreta que se adopta en la parte resolutiva.

En su Artículo 1°, la resolución establece textualmente:

"Procédase al cierre del CCT-FP 6-011 ‘Independencia', ubicado en Huarpe y Bariloche s/n°, Barrio Municipal, El Challao, Las Heras."

En los artículos siguientes dispone:

La finalización de la suplencia de todo el personal suplente,

El cierre de horas y cargos suplentes,

Y el pase a disponibilidad de los docentes titulares, quedando supeditados a una eventual reubicación.

Es decir: bajo el concepto de "transformación" y "modernización", lo que se ejecuta es un cierre liso y llano, con impacto inmediato en trabajadores y estudiantes.

La resolución lleva la firma de Claudio Ángel David Dagne, en su carácter de Director de Educación Técnica y Trabajo, dependiente de la Dirección General de Escuelas.

¿Modernizar para quién?

La pregunta que emerge con fuerza es inevitable:

¿qué significa "modernizar" la formación laboral cerrando escuelas?

La formación en peluquería, gastronomía, electricidad, confección o electrónica no puede ser reemplazada por algoritmos ni por robots sin dejar a miles de personas fuera del sistema laboral. Pensar la modernización en estos términos implica aceptar que una parte de la sociedad ya no será necesaria como trabajadora calificada.

En paralelo, el modelo económico que se consolida -con apertura de importaciones, flexibilización laboral y debilitamiento del empleo formal- reduce cada vez más el sentido de capacitar. ¿Para qué formar modistas o confeccionistas si la indumentaria llega más barata desde China? ¿Para qué formar cocineros o técnicos si el horizonte laboral es cada vez más precario?

En ese marco, se naturaliza como alternativa la economía gig: trabajo por aplicaciones, tareas fragmentadas, ingresos inestables y ausencia de derechos laborales. Repartir para PedidosYa, manejar para Uber o realizar envíos para Mercado Libre aparece como destino casi exclusivo para quienes quedan fuera del sistema educativo y productivo formal.

Desde esta lógica, el cierre de los centros de capacitación no es una anomalía: es coherente con el modelo.

Hoy, docentes, estudiantes y comunidades educativas se organizan, recolectan firmas y exigen la marcha atrás de la resolución, con el objetivo de que los centros puedan abrir el ciclo lectivo 2026. Denuncian, además, la ausencia total de diálogo y la crueldad administrativa de una decisión tomada sin medir su impacto humano.

El caso interpela de lleno al gobierno provincial de Alfredo Cornejo, y a su concepción de una provincia que se presenta como productiva y turística, pero que al mismo tiempo desmantela los espacios donde se forman quienes deberían sostener ese modelo.

La información fue recabada por Portada, en diálogo directo con la directora del centro y con referentes de las instituciones afectadas.

Cerrar un centro de capacitación no es cerrar un aula.

Es cerrar una posibilidad de trabajo.

Y cuando se lo hace invocando la modernización, el problema ya no es técnico: es político.

Sin embargo, planos confeccionados en el año 2005 y en el año 2021 por profesionales agrimensores, aprobados por la Dirección Provincial de Catastro y visados por el Colegio de Agrimensores, establecen ese muro propio como  medianera, o aun peor se lo asignan a la propiedad construida en 1954 como muro propio, hoy en manos de nuevos propietarios, integrantes de la comunidad gitana, quienes adquirieron el inmueble.

A partir de esa documentación, los actuales dueños iniciaron obras y trabajos sobre el muro en cuestión, desde colgar un portón,  lo que desató un fuerte conflicto entre vecinos. El propietario de la vivienda original sostiene que se trata de un muro propio, construido décadas antes de la segunda edificación, y que las intervenciones actuales afectan estructuralmente su vivienda, poniendo en riesgo la seguridad del inmueble y de su familia.

¿Dónde radica realmente el problema?

Acá no estamos frente a una discusión menor ni a una simple confusión de planos. El núcleo del conflicto está en una maniobra engañosa que, según relata Cristian Puerta, se habría iniciado años atrás, cuando el agrimensor Lucero, vecino lindero, comenzó a utilizar un muro propio de la familia Puerta como si fuera propio  , adosando sobre ese muro dos techos sin contar con derecho alguno para hacerlo.

Esa situación irregular no sólo se sostuvo en el tiempo, sino que terminó consolidándose en los planos. Primero en el año 2005 y, de manera decisiva, en el plano del 2021, donde se dio por sentado -erróneamente- que el muro sobre el cual se apoyaban esos techos era un muro propio del inmueble lindero, cuando en realidad se trata de un muro propio de la familia Puerta. Esa mala asignación técnica fue suficiente para otorgar a los nuevos compradores un derecho inexistente, construido sobre un error que hoy tiene consecuencias materiales, jurídicas y humanas.

Y acá aparece una distinción central que rara vez se explica con claridad: no es lo mismo una medianera que un muro, y mucho menos que un muro propio.

La medianera es compartida.

El muro puede estar sujeto a distintos regímenes.

El muro propio, en cambio, pertenece de manera exclusiva a una de las partes y no admite apoyos, cargas, golpes ni intervenciones ajenas. Confundir -o hacer confundir- estas figuras no es un detalle técnico: es el corazón del conflicto.

En este punto, si bien la familia Puerta es la principal damnificada en términos concretos, no son ellos quienes detentan los derechos por vicios ocultos o redhibitorios . Esos derechos corresponden al nuevo comprador, que adquirió un inmueble con una situación dominial viciada desde los planos. Y difícilmente pueda mirar para otro lado, sobre todo teniendo en cuenta que ya transcurrió un tiempo considerable desde la confección del plano del 2021 hasta este 2026.

Mientras tanto, en ese lapso que nunca figura en los expedientes, la familia Puerta viene sufriendo todo tipo de atropellos. Hostigamientos, presiones y situaciones de riesgo concreto, porque los nuevos ocupantes golpean y dañan el muro que consideran propio, debilitando una estructura que no les pertenece. El peligro no es teórico: la familia Puerta ha invertido sumas importantes en ingenieros y estudios técnicos para evaluar el estado estructural de su vivienda y advertir el riesgo real que implica que continúen afectando ese muro.

Así, lo que empezó como un error -o algo más grave- en un plano, hoy se traduce en riesgo de vida, daño estructural y un conflicto que nadie parece querer ordenar. Entre esos "nadie" aparece con nombre y apellido el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien no ha dado audiencia al señor Cristian Puebla , pese a los reiterados pedidos formales para poder encontrar una solución institucional a un problema que claramente excede el ámbito privado.

La falta de respuestas también alcanza al Colegio de Agrimensores, que, amparándose en el reciente cambio de autoridades, optó por patear el problema hacia adelante, dejando su resolución en manos de una nueva gestión, como si el paso del tiempo no agravara una situación ya crítica.

Y mientras las responsabilidades se diluyen entre oficinas, expedientes y transiciones administrativas, la familia Puerta sigue viviendo bajo riesgo, con su estructura comprometida, su seguridad en jaque y cargando con todas las consecuencias que ya hemos mencionado. Todo vuelve siempre al mismo punto: una confusión -o una distorsión deliberada- entre medianera, muro y muro propio, sostenida por silencios, omisiones y una preocupante falta de decisión política y profesional para ponerle fin a un conflicto que nunca debió llegar hasta acá.

A todo esto se suma un aspecto que rara vez se dimensiona y que también forma parte del daño: el tiempo, el desgaste y las erogaciones que la familia del señor Cristian Puebla ha debido afrontar para pedir auxilio. Tiempo invertido en gestiones ante distintas reparticiones, tocando puertas que no siempre se abren, intentando que algún organismo asuma una responsabilidad mínima frente a una situación que se agrava día a día.

Han tenido que contratar a un ingeniero para determinar en qué estado se encuentra estructuralmente su vivienda luego de haber sido intervenida y dañada por los antiguos y nuevos vecinos. También debieron recurrir a una escribana, quien labró un acta notarial , acompañada por fotografías -más de una decena- que dejan constancia material del padecimiento que están atravesando como consecuencia directa de este conflicto.

A eso se le suma el tiempo dedicado a realizar denuncias ante el Colegio Notarial, el Colegio de Agrimensores, la contratación de un abogado para interponer un amparo que frene el avance sobre su propiedad, el envío de una carta documento, y una larga lista de gestiones que implican costos económicos concretos, además del desgaste emocional y personal.

En definitiva, un sinnúmero de erogaciones que la familia se ha visto obligada a realizar únicamente para salvaguardar su propiedad y su muro propio, frente a un escenario donde los errores técnicos, la falta de respuestas institucionales y la pasividad de quienes deberían intervenir los empujaron a defenderse prácticamente en soledad.

Denuncias, reclamos y falta de respuestas

El vecino afectado asegura haber realizado todas las presentaciones formales posibles: denuncias ante la Municipalidad de Guaymallén, acta presencial realizada por escribana publica . 

Reclamos documentados que acreditan su dominio, pedidos de audiencia con el intendente Marcos Calvente, denuncias ante el Colegio de Agrimensores y, más recientemente, una denuncia en el Ministerio Público Fiscal por lo que considera un atropellamiento concreto sobre su propiedad.

Pese a ello, sostiene que no ha habido una intervención eficaz por parte de los organismos competentes, lo que ha derivado en una prolongación del conflicto, mayor tensión entre las partes y un escenario de creciente vulnerabilidad.

Incluso, esta situación habría provocado la caída de una operación inmobiliaria de envergadura, ya que potenciales compradores desistieron al advertir que, al demoler la construcción original, podrían encontrarse con estructuras de la vivienda lindera apoyadas sobre la casa más antigua, lo que implicaría riesgos técnicos y legales.

El camino judicial y sus costos

Desde el punto de vista legal, en casos como este, el ordenamiento jurídico prevé los llamados juicios reivindicatorios, procesos largos, complejos y costosos, que requieren estudios exhaustivos de títulos, peritajes históricos y la intervención de escribanos, abogados e ingenieros agrimensores,  para determinar con precisión el origen de las construcciones y los límites reales de cada propiedad.

Este tipo de litigios no solo insumen años, sino que profundizan el deterioro de la relación entre vecinos, algo que, según especialistas, suele ser una consecuencia casi inevitable. 

Según Cristian Puerta, el vecino afectado, estos agrimensores denunciados ,  serian  los responsables y habrían actuado con premeditación, en complicidad de una de las herederas Lucero Z. y que dieron posibilidad a esa  venta  , que considera fraudulenta ya que esta operación inmobiliaria incluye  parte de su propiedad , un muro propio, No medianero  , validado con un plano del año 2005  José Llopart y otro del año 2021 confeccionado por Jorge Blanco . 

Presuntas maniobras de hostigamiento y uso indebido de agua

Cristian Puerta también manifiesta que los vecinos lindantes -pertenecientes, según indica, a una comunidad gitana- estarían decididos a forzarlo a desistir de permanecer en el lugar, mediante distintas acciones que le generarían complicaciones permanentes. Entre ellas, señala el picado intencional de su pared y el uso excesivo de agua arrojada de manera reiterada sobre la estructura de adobe.

Puerta remarca que el adobe es un material especialmente vulnerable a la humedad y que la exposición constante al agua reduce de forma significativa su vida útil, provocando un deterioro acelerado de la pared afectada. En ese marco, también expresa su preocupación y extrañeza ante la falta de intervención de organismos competentes, como Aysam, ya que -según sostiene- no se habrían aplicado sanciones ni multas por el uso desmedido de agua en el inmueble lindero. Además a esta familia le habrían retirado medidor de electricidad por consumo antireglamentário al igual que el medidor de gas natural . 

La mirada de los especialistas: la medianera como condominio

En este contexto, resulta relevante el aporte de divulgadores técnicos. En uno de sus contenidos, un arquitecto y youtuber - Marcelo Seia que convoca al  especialista en conflictos de este tipo , el Arquitecto Carlos Pacor Alonso - analiza el concepto de medianera como condominio, una figura expresamente contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación en numerosas disposiciones .

Según se explica, las medianeras son, por regla general, bienes en condominio, es decir, compartidos entre los propietarios linderos. Sin embargo, esta figura jurídica suele ser mal interpretada o directamente ignorada por algunos municipios y organismos, pese a tratarse de un derecho real plenamente reconocido por la ley.

El especialista subraya que una de las primeras y más efectivas alternativas para destrabar estos conflictos es el diálogo directo entre vecinos, sin intermediarios técnicos o administrativos que, muchas veces, agravan la percepción de confrontación.

Qué dice la ley sobre las medianeras: claves para entender el conflicto

A partir de aportes de especialistas en derecho de la construcción y divulgadores técnicos, como el arquitecto Marcelo Seia, este tipo de conflictos encuentra explicación en conceptos que muchas veces son desconocidos por los propios vecinos.

La medianera es el muro que divide dos propiedades y, como regla general, se presume en condominio, salvo que exista prueba clara de que se trata de un muro enteramente privado dentro de uno de los terrenos. Esta presunción está prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación y atraviesa numerosas disposiciones legales.

Una pared se considera medianera cuando:

Está construida sobre el límite divisorio.

No hay títulos, planos o pruebas históricas concluyentes que acrediten su carácter exclusivo.

Ha sido utilizada por ambas propiedades a lo largo del tiempo.

En cambio, un muro privativo es aquel que se encuentra íntegramente dentro de un terreno propio, lo cual debe acreditarse de manera fehaciente.

En cuanto a los costos, la ley establece que:

La medianería implica obligaciones compartidas.

La reparación y el mantenimiento del muro medianero corresponden, en principio, a ambos condóminos.

Para utilizar, apoyar estructuras, abrir vanos o modificar una medianera, debe darse aviso al vecino, evitando daños o riesgos estructurales.

También existen límites claros:

 No se pueden abrir ventanas libremente sobre una pared medianera.

Existen distancias mínimas legales entre la medianera y elementos como árboles, piscinas u otras construcciones.

No puede demolerse unilateralmente un tapial o muro medianero sin acuerdo o resolución judicial.

Por ley 26.323, sancionada en 2007, el 10 de diciembre fue establecido como el Día de la Democracia.

Compartimos un estudio de la consultora EXPLANANS - Los Derechos Humanos en Argentina- que indaga cómo perciben hoy las y los argentinos un tema tradicionalmente vinculado a debates políticos, identitarios y generacionales.

El trabajo fue realizada bajo la dirección ejecutiva de Sebastián Puechagut y la coordinación de Martín Notarfrancesco y Daniela Piccone.

El informe

El informe, titulado "Derechos Humanos: el lugar que aún resiste a la grieta", muestra que la valoración pública sigue siendo mayoritariamente positiva, incluso en un contexto político marcado por la polarización.

El trabajo se basa en una muestra de 6.145 casos, extraídos de un total de 10.785 casos aleatorios efectivos; la población considerada es de mayores de 18 años, con cuotas proporcionales por género, edad y zona, y ponderación por voto en el balotaje 2023.

La encuesta se aplicó en 25 conglomerados urbanos, que abarcan 91 ciudades en 21 provincias y CABA, lo que la convierte en uno de los relevamientos más amplios sobre la materia realizados este año.

La mayoría valora positivamente los Derechos Humanos

La pregunta central del estudio, "¿Qué opinas del tema DDHH en Argentina?", dejó una tendencia nítida:

• el 61% de los encuestados adopta una postura positiva o moderadamente positiva.

Los resultados generales muestran:

• el 29,6 % "Muy Buena, los DDHH son un emblema nacional"

• el 31,5 % "Buena, son necesarios pero no se debe hacer política con eso"

En el otro extremo, alrededor de un tercio expresa rechazo:

• el 27,8 % "Mala, no defienden a los argentinos de a pie"

• el 8,4 % "Muy Mala, no deberían existir"

Los investigadores sostienen que esta distribución indica que los Derechos Humanos siguen siendo un terreno de amplio consenso social, aunque persisten tensiones relativas a su interpretación política y a la eficacia percibida de las políticas públicas vinculadas.

Valoración por provincias

El estudio también comparó la valoración en cinco jurisdicciones clave : CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, del cuál halló contrastes marcados.

• Ciudad de Buenos Aires se registra la adhesión más firme: 35,2% considera a los Derechos Humanos un "emblema nacional".

• Provincia de Buenos Aires predomina una mirada positiva menos ideologizada: 37,8% sostiene que los DDHH son necesarios pero no deberían utilizarse con fines partidarios.

• Córdoba presenta el rechazo más fuerte del país: el 11,5% afirma que los Derechos Humanos "no deberían existir".

• Santa Fe lidera la proporción de quienes opinan que los DDHH "no defienden a los argentinos de a pie" (30,7%).

• Mendoza, por su parte, muestra un panorama más equilibrado, sin picos de adhesión ni de rechazo.

Según el equipo de Explanans, esos contrastes no se explican únicamente por clivajes electorales, sino también por tradiciones culturales, identidades urbanas y experiencias locales relacionadas con la seguridad, la justicia y la memoria histórica.

Conclusión

A 76 años de ese documento fundacional, del 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, el relevamiento enfatiza que la mayoría de las y los argentinos sigue vinculando los Derechos Humanos con valores universalistas como la dignidad, la igualdad y la protección frente a abusos del Estado.

A pesar de los desacuerdos sobre su aplicación práctica o su instrumentalización política, la percepción general se mantiene sólida y transversal.

Para los autores, esto constituye "una señal de que, aun en un país atravesado por tensiones políticas persistentes, los Derechos Humanos siguen siendo un piso de consenso democrático".

Antes y durante la última dictadura, el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) funcionó como centro clandestino de detención y como aparato de inteligencia. Sus agentes hacían tareas de espionaje e infiltración y elaboraban fichas y legajos sobre las personas sospechadas por "subversivas".

Si bien la mayoría de la información fue destruida por las fuerzas, particularmente los informes y prontuarios de las personas desaparecidas, lo que se pudo rescatar fue entregado a Organismos de Derechos Humanos y, tras décadas de trabajo con fichas, prontuarios políticos e informes policiales, un equipo archivístico del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2 de Mendoza abre al público el Archivo Provincial de la Memoria Susana Muñoz.

Susana Muñoz: la continuación de su legado

El Archivo lleva el nombre de una expresa política que por décadas se dedicó a la recopilación de información y guarda de documentación; por lo que el trabajo realizado es heredero y continuador de su legado.

La presentación del Archivo Provincial de la Memoria Susana Muñoz será el 10 de diciembre a las 20:00 en la explanada del EPM.

Al principio de la década del 70, varias policías provinciales del país habían creado departamentos de inteligencia con el nombre Departamento de Informaciones Policiales, identificado dentro de la estructura con el código D2. En Mendoza, los agentes del D2 hacían tareas de espionaje e infiltración: estudiaban la prensa, registraban escuchas, eran custodios en bancos, oficinas del Estado y universidades; también se infiltraban en lugares de trabajo, organizaciones sociales y políticas, reuniones sindicales o asambleas estudiantiles. Ellos tomaban nota, sacaban fotos, elaboraban informes.

D2: el archivo policial es hoy un archivo histórico

Con la disolución del D2, por la reforma policial de 1998, lo que no fue destruido fue entregado a los organismos de derechos humanos de Mendoza. Por falta de un espacio propio, el material estuvo en custodia de la Universidad Nacional de Cuyo por más de diez años. Luego de la creación del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2, el archivo se trasladó a su actual ubicación en el segundo subsuelo del edificio.

El repositorio reúne materiales de diversos fondos institucionales y personales: fondo D2 (documentación producida por el D2 hasta su disolución), fondo libros de novedades de comisarías de Mendoza (1975-1983), colección audiovisual sobre delitos de lesa humanidad (grabación del segundo juicio de la provincia), fondo personal Alfredo Guevara (abogado de derechos humanos), fondo Casa por la Memoria y la Cultura Popular y otros fondos personales de integrantes de los organismos de derechos humanos locales.

Presentación del Archivo Provincial de la Memoria Susana Muñoz

La actividad de presentación del 10 de diciembre a las 20:00 en la explanada del EPM estará a cargo del Archivo Provincial de la Memoria.

Los materiales se podrán consultar a partir de esa fecha en la web del EPM ex-D2 (www.espaciomemoriamendoza.com/archivo) y con cita previa, en la sede del EPM (Belgrano 179, primer piso, Ciudad de Mendoza).

Por Daniela Fariña

Esta censura no siempre se presenta como prohibición explícita. Como enseñó Raymond Williams, admirador gramsciano, el proceso hegemónico es más eficaz cuando simula reconocimiento, cuando integra apenas un fragmento de lo nuevo y lo vuelve compatible con el orden existente. No opera solo reprimiendo: opera domesticando lo disruptivo, neutralizando su potencia antes de que alcance forma política. Así, los pocos emergentes que dejan prosperar, responden finalmente a los mismos intereses que combaten.

La comunicación que nació obediente

Las primeras definiciones modernas de comunicación provenían de la teología: un esquema vertical, lineal, donde la palabra divina descendía al mundo como instrucción perfecta. Esa matriz todavía ordena muchas nociones actuales sobre los medios: alguien habla, otros escuchan; alguien define la verdad, otros la obedecen.

A mediados del siglo XX, Merton y Lazarsfeld advirtieron un fenómeno inquietante: la disfunción narcotizante. La sobreinformación, lejos de activar, inmoviliza; reemplaza la acción por el consumo infinito de datos. El ciudadano saturado deja de intervenir porque siente -erróneamente- que "estar informado" es suficiente. Esta es la forma más sofisticada de censura: ahogar la voluntad política bajo la apariencia de pluralidad informativa.

Hoy se habla de "batalla cultural", muchas veces malinterpretando la visión gramsciana, que plantea la necesidad de construir consensos previos a cualquier cambio estructural. Pero tras la derrota cultural del progresismo -acelerada por el fracaso gubernamental de Alberto Fernández y por un clima político crecientemente conservador- emergió un discurso rupturista que pretende saltarse los tiempos pedagógicos de la política.

Así, lejos de proponer una transformación arraigada en los territorios, surge una ilusión de estallido: una épica sostenida por medios inexistentes, influencers sin comunidad material y liderazgos desconectados de las relaciones de fuerza reales. La censura se juega allí, en esa fractura entre discurso y territorio, donde la política mediática suplanta a la política efectiva. Administran el tiempo de quienes quieren un proyecto político, y lograron convertir su trabajo en contenido endogámico que alimenta sus arcas.

Preemergencias: lo que todavía no se nombra

Williams ofrece un concepto clave para comprender este momento: las estructuras del sentir. Antes de que lo emergente se vuelva discurso, existe un estado de preemergencia: afectos dispersos, intuiciones todavía sin nombre, malestares que ya operan como fuerza histórica aunque no encuentren reconocimiento.

Las estructuras del sentir no son ideologías ni programas; son formas de experiencia vivida que circulan en el arte, en la literatura, en la conversación cotidiana. Allí se produce hoy una disputa crucial: qué sensibilidades serán incorporadas, cuáles serán ridiculizadas o reducidas al silencio, y cuáles podrán convertirse en horizonte político.

C. Wright Mills advertía en La Promesa que la mayoría de las personas no logra ver la conexión entre su biografía y la historia, entre sus problemas personales y las transformaciones estructurales. Lo que necesitan es una "cualidad mental" capaz de articular la información con la razón para comprender el mundo y, sobre todo, para comprenderse en él.

La censura contemporánea ataca exactamente esa capacidad. No solo silencia voces: sabotea la posibilidad de construir una imaginación sociológica que permita interpretar la propia vida dentro de procesos históricos más amplios. Lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, sino la libertad de comprensión.

Este profundo problema de identidad debería ser estudiado desde la salud mental integral, verificando los problemas psicosociales que origina la alienación mediática.

La censura ya no es prohibición estatal: es desaparición algorítmica, pérdida de diversidad en las representaciones, despriorización comercial, reducción del alcance, invisibilización del conflicto.

Llamamiento

Si la batalla cultural se libra en el plano del sentir, la censura lo hace en el plano del callar interior: ese punto donde lo que se piensa deja de poder decirse y, finalmente, deja de poder pensarse. Por eso urge activar denuncias, proteger a comunicadoras y periodistas, y exigir transparencia algorítmica. No hay democracia posible sin un espacio público donde lo emergente pueda nombrarse y donde las mujeres -especialmente- no tengan que exponerse a la violencia para ejercer su derecho a hablar.

La censura del presente no clausura ideas: clausura futuros. Y ese es un lujo que un país en crisis nunca se puede permitir.