Presión impositiva provincial voraz, y en el ámbito nacional se premia al evasor

Por estos días, donde la libertad se grita más de lo que se ejerce, la presión impositiva cae como un yunque sobre las espaldas de quienes menos pueden sostenerlo. El achicamiento del Estado, bandera principal del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, ha tenido su primer reflejo en la interrupción del giro de fondos a las provincias. Éstas, en efecto dominó, han trasladado la misma tijera a los municipios. En esa cadena de recortes, el eslabón más débil -el contribuyente común- queda solo, expuesto y asediado.

Cuando la libertad de mercado se convierte en papel mojado

Los municipios, carentes de fondos y sostenidos casi exclusivamente por lo que logren exprimir de sus vecinos, endurecen su estrategia de recaudación: intimaciones, apremios, inhibiciones y hasta embargos. Las boletas de alumbrado, barrido y limpieza -muchas veces ineficientes o simbólicas en su prestación- se transforman en la espada de Damocles sobre una economía doméstica que ya no aguanta ni un empujón más. Frente al dilema de pagar la tasa o comprar pan, el pan siempre gana. Pero esa elección implica consecuencias.

La trampa legal de la deuda

Una vez en mora, comienza el calvario. El contribuyente no sólo debe afrontar el capital de la deuda, sino también intereses punitorios, costas judiciales y los honorarios del abogado que representa a la entidad que lo demandó. A eso se le suma el costo del profesional particular -abogado o gestor- que deba encargarse del levantamiento de la inhibición. En Mendoza, por ejemplo, el costo de levantar una inhibición puede oscilar entre 100.000 pesos y 250.000 pesos , dependiendo del tipo de expediente, la urgencia y los honorarios del letrado actuante. A eso hay que agregar un plazo que puede extenderse entre 15 y 60 días, tiempo durante el cual el afectado queda fuera del circuito económico: no puede vender un inmueble, no puede transferir un automotor, no puede ser parte de una sociedad. La libertad de mercado, tan defendida en la teoría, se suspende en los hechos.

El Código Civil y Comercial establece que la prescripción de las deudas fiscales puede variar según la naturaleza del tributo y la jurisdicción. En líneas generales, muchas deudas prescriben a los cinco años, aunque hay excepciones: si la administración interrumpe la prescripción mediante una intimación fehaciente o una demanda judicial, el reloj vuelve a cero. Es decir, una deuda de hace más de diez años puede seguir viva si alguien, en algún momento, tocó el timbre con un papel en mano.

Una contradicción estructural

Mientras los pequeños contribuyentes sufren inhibiciones por deudas de montos irrisorios, empresas como Vicentín, con causas millonarias abiertas, transitan sin sobresaltos. ¿Libertad de mercado para quién? ¿Libre comercio o libre castigo para los más débiles? ¿Es la casa de uno realmente de uno si debe pagar anualmente una batería de impuestos para conservar el uso de lo que ya es suyo?

Tasas municipales, impuesto automotor, inmobiliario, derecho de riego -aunque no haya agua ni canales funcionando-, canon de pozos, derecho de comercio, contribución por mejoras: todos esos cargos se convierten en una jaula fiscal que contradice la promesa de menor intervención del Estado. La recaudación deja de ser una herramienta para garantizar servicios y se transforma en un fin en sí mismo. Algunas entidades incluso facturan servicios que no prestan, lo que podría encuadrarse legalmente en enriquecimiento sin causa.

Pero quizás la estocada más dolorosa llega desde arriba, cuando el propio Presidente, ya en ejercicio de su cargo, en lugar de respaldar al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, elogia a quienes eluden el sistema. Con tono altivo y desde el atril, Javier Milei afirmó textual:

A todos los que evadieron, eludieron, se fueron al mercado negro, hicieron todo lo posible por no darle plata al Estado: los aplaudo de pie. Son héroes.

Esa frase, tan contundente como irresponsable, hiere de muerte a miles de ciudadanos que, aún en la miseria, siguen pagando la tasa municipal, el derecho de riego inexistente o el impuesto automotor por un coche que ya no arranca. ¿Qué mensaje reciben de su Presidente? ¿Que son tontos por cumplir? ¿Que son perejiles en un sistema que premia al evasor y castiga al que pone el hombro?

Blanqueo por omisión y evasión legalizada

A esta doble vara se suma una medida nacional reciente que va más allá de la retórica: el nuevo régimen de registración de bienes sin necesidad de justificar el origen de los fondos. A través de una modificación normativa impulsada por el Ejecutivo y aprobada en el Congreso en el marco del "Paquete Fiscal 2024", ya no será obligatorio acreditar el origen del dinero utilizado para la compra de propiedades o vehículos.

El artículo en cuestión, parte del Régimen de Regularización de Activos, permite declarar inmuebles, autos, embarcaciones o cuentas en dólares sin sustento documental, con solo pagar una alícuota reducida. El mensaje es claro: quien ahorró, invirtió en blanco y tributó año tras año, se queda mirando cómo se premia al que ocultó, fugó o directamente nunca declaró.

Es decir, mientras al vecino de a pie le traban la venta de una moto por una deuda de alumbrado, otros podrán inscribir una casa de medio millón de dólares sin dar una sola explicación. La legalidad ya no es un principio. Es una opción. Una opción cara, lenta y cada vez menos conveniente.

¿Qué puede hacer el contribuyente?

Ante esta situación, el contribuyente puede solicitar un plan de pagos o acogerse a regímenes de regularización fiscal que algunas provincias y municipios lanzan periódicamente. Sin embargo, muchas veces estos planes implican un reconocimiento expreso de deuda y no resuelven la inhibición hasta que no se paga la totalidad del monto pactado. También existe la posibilidad de iniciar un expediente por prescripción, aunque eso requiere de un abogado y tiempo judicial. En algunos casos, puede intentarse una demanda por prestación deficiente del servicio (por ejemplo, en riego o alumbrado), pero el camino es lento y tortuoso.

Mientras tanto, el mercado inmobiliario, tantas veces idealizado como símbolo de libertad y progreso -el famoso real estate- se ve empañado por una duda: si no podés vender tu casa sin pagarle primero al Estado, si no podés usar tu auto sin abonar varios impuestos redundantes, si cada papel vale más que la propiedad misma... ¿sos realmente dueño de algo?

Libertad, pero con permiso

La libertad, entonces, se vuelve una promesa abstracta. El contribuyente no es libre. Es rehén de un sistema voraz que, en nombre de la eficiencia y la modernidad, lo ha dejado más solo que nunca. Porque cuando el Estado se retira de sus funciones esenciales, no desaparece. Sólo se traslada de lugar: deja de asistir y empieza a cobrar. Con intereses. Y con abogados.

El sentido de lo descriptivo no es hacer apología de no pagar impuestos o servicios. Muy por el contrario, busca visibilizar una realidad: si no se dan las condiciones socioeconómicas básicas, la gente no puede afrontar esas obligaciones sin sacrificar lo más urgente. Hoy miles de personas deben elegir entre pagar un impuesto, comprar un litro de leche, pan o un medicamento necesario para un ser querido. En esa disyuntiva, siempre gana la vida. Y eso no es rebeldía: es supervivencia.

Estas acciones muchas veces terminan borrando la sonrisa de las familias, que ya no pueden disfrutar de sus hogares, transformados en objetos puramente mercantiles. Esas familias ya no van de paseo en un coche viejo, porque se adeudan patentes, la RTO, y el seguro se ha vuelto un lujo.

Muchachos, aflojen un poco. Aflojen, porque no hay cuerpo, ni bolsillo, ni billetera que aguante.