Lo que arde en Guaymallén: un sistema que falla, vecinos que esperan y responsabilidades que no aparecen
En Guaymallén, el incendio del data center no aparece como un hecho aislado sino como parte de un patrón más amplio: mientras se anuncian inversiones millonarias, vecinos esperan desde 2016 la habilitación de servicios básicos como medidores eléctricos, obligados muchas veces a recurrir a soluciones informales. A la par, distintas dependencias municipales muestran condiciones precarias, con instalaciones deficientes y falta de mantenimiento. En ese contexto, la muerte de un niño -señalada por múltiples voces como evitable con controles adecuados- y la ausencia de responsabilidades claras profundizan una pregunta que atraviesa toda la gestión de Marcos Calvente: si el Estado no garantiza lo esencial ni controla lo crítico, ¿dónde están realmente las prioridades?
El incendio en el data center de la Municipalidad de Guaymallén no fue un episodio aislado. Fue una señal. Una más.
Porque lo que quedó expuesto no es sólo una falla técnica. Es un modo de funcionamiento donde lo esencial falla y lo accesorio avanza. Donde lo urgente se posterga y lo millonario se ejecuta.
El Estado que no llega
Mientras el municipio habla de inversiones millonarias, hay vecinos que llevan años esperando algo básico:
la autorización para acceder a un medidor eléctrico.
Casos que se arrastran desde 2016. Años.
En ese contexto, la irregularidad deja de ser una elección y pasa a ser una consecuencia. Cuando el Estado no habilita, la gente resuelve como puede.
Y después, el mismo Estado aparece para sancionar lo que previamente no resolvió.
Control selectivo
El problema no es sólo la demora.
Es la percepción -cada vez más extendida- de que los controles no son iguales para todos.
Mientras familias esperan respuestas, otros desarrollos avanzan con mayor fluidez.
Mientras algunos expedientes se frenan, otros parecen encontrar caminos más rápidos.
No hace falta afirmar más para entender lo que eso genera:
desconfianza.
Cuando la desidia tiene consecuencias
La muerte de un niño en el 2023 Eric Mamaní de 6 años de edad , ocurrida en un predio en desarrollo del Constructor Florentino Paco propietario de Idandi SA , dentro del departamento Guaymallén marcó un punto de quiebre. El hecho, que generó conmoción pública, puso el foco en las condiciones de seguridad y en los controles municipales sobre emprendimientos habitacionales de gran escala.
Distintas versiones señalan que se trataba de un loteo con un alto nivel de avance y acceso a servicios básicos, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de habilitación y supervisión. También surgieron cuestionamientos sobre posibles vínculos entre desarrollos privados y el ámbito público, aunque hasta el momento no existen explicaciones oficiales que despejen esas dudas, muchos empleados del municipio aceveran que de los funcionarios que dependía la conexión de servicios todos tienen departamentos , ellos o sus hijos.
Lo concreto es que, tras el hecho, las responsabilidades visibles fueron limitadas y el caso dejó una sensación persistente: que los controles no estuvieron a la altura y que las consecuencias podrían haberse evitado, el empresario Florentino Paco de origen boliviano libre como los funcionarios que debian controlar y no hacer perder la vida de un niño que cae a un pozo de riego , dependiente del Departamento General de Irrigación , otros que debían haber controlado y no lo hicieron , si son buenos para recaudar . En aquel año de 2023 el padre de Eric trabajando , por necesidad lo tenia con él jugando y cayo en el pozo , que no tenia protección y que le causo la muerte , en el predio de Florentino Paco , amigo de los funcionarios .
En ese contexto de controles débiles y decisiones inconsistentes, ocurrió un hecho que todavía pesa.
Porque cuando el Estado no controla donde debe, las consecuencias no son administrativas. Son humanas.
Y sin embargo, las responsabilidades visibles fueron mínimas: una renuncia la del Director de obras Privadas Miguel Valentini.
Ninguna explicación integral. Ninguna respuesta que cierre.
El incendio como síntoma
El incendio en el data center encaja en ese mismo patrón. Fallas básicas. Resmas de papel en la misma sala , inaceptable .
Controles ausentes. Sistemas que no estaban a la altura, el agua daño aun mas lo que podria haberse recuperado.
Y otra vez, la misma pregunta:
¿quién debía garantizar que eso no ocurriera?
Millones y precariedad
Se habla de 8 millones de dólares invertidos en el centro informático.
Pero al mismo tiempo:
instalaciones eléctricas precarias en todas las dependencias municipales
delegaciones en estado de deterioro
servicios básicos que no llegan a los vecinos
Licencia de Conducir
La contradicción no es técnica. Es política.
Las viandas y el ruido de fondo
En paralelo, los números de contrataciones vuelven a aparecer:
Servicios básicos demorados durante años.
Controles que llegan tarde o no llegan.
Decisiones que no se explican.
No son hechos aislados.
Son piezas de un mismo esquema.
Las viandas: cifras que llaman la atención en el 2025
En paralelo a las fallas estructurales, otro expediente suma interrogantes. Documentación interna del municipio da cuenta de una contratación de viandas por 146.850.000 millones de pesos destinada a distintas áreas.
Pero lo que más ruido genera es la ejecución: en apenas 37 días de abril del 2025 se habrían gastado más de 67 millones, a lo que se suma una ampliación del contrato cercana al 30% (más de 30 millones) y facturaciones posteriores por 8 millones y 18 millones en lapsos muy breves.
En paralelo , y lejos de tratarse únicamente de conflictos internos o disputas externas, comienza a aflorar una tensión creciente con el propio personal municipal. En el día de hoy, llega el testimonio de un empleado de la Municipalidad que expone una situación tan delicada como urgente.
El trabajador relata que se desempeñaba como chofer de un camión que sufrió una rotura por cuestiones técnicas normales y habituales dentro del servicio. Sin embargo, lejos de encontrar una solución administrativa razonable, fue reasignado a un camión regador, tarea que le demanda mayor carga horaria y le impide sostener una rutina fundamental en su vida cotidiana.
El punto crítico no es menor: el empleado tiene un hijo con discapacidad, cuya asistencia requiere de su presencia, particularmente para tareas básicas como acompañarlo al baño. La modificación de sus funciones no sólo impacta en lo laboral, sino que interfiere directamente en el cuidado de su hijo.
Ante la falta de respuestas, el trabajador habría decidido encadenarse en el edificio municipal durante el día de hoy, con el objetivo de ser recibido por el intendente Marcos Calvente y encontrar una solución que contemple su situación familiar.
Un caso que, lejos de ser aislado, vuelve a poner en discusión las condiciones laborales dentro del municipio y la sensibilidad de la gestión frente a realidades que no admiten dilaciones.
Controversias en la esfera privada del poder
Alrededor de la gestión también circulan versiones y denuncias de carácter personal, relaciones paralelas , hijos no reconocidos que, más allá de su veracidad o no, contribuyen a un clima de desconfianza creciente , pero si a la calma mental y la templanza que debe tener quienes conducen los destinos del Municipio con mas habitantes de la Provincia . No forman parte del eje de esta investigación, pero sí del contexto en el que se discute la credibilidad pública y la falta de coherencia al momento de dirigir un Municipio , cuando se acarrean problemas personales que luego pagan los contribuyentes .
Porque cuando lo esencial falta y las explicaciones no aparecen, la discusión deja de ser contable.
Los datos, por sí solos, no prueban irregularidades. Pero en un contexto de infraestructura precaria y servicios básicos demorados, vuelven inevitable la pregunta sobre prioridades, controles y destino real de los recursos públicos.
Crisis ambiental: vecinos expuestos y respuestas que no llegan
En paralelo a la crisis administrativa, emerge otro frente igual de preocupante: el ambiental. Vecinos de Corralitos vienen denunciando la presencia de líquidos cloacales que circulan y se acumulan en zonas como calle 2 de Mayo, afectando áreas donde se desarrollan actividades agrícolas.
La situación no es menor. En un departamento históricamente vinculado a la producción -la llamada "ciudad del espumante"-, la convivencia con aguas contaminadas abre interrogantes sanitarios y productivos de fondo. Frutas y hortalizas expuestas, proliferación de mosquitos y alimañas, y un entorno que se degrada sin respuestas claras.
Hasta el momento, no hay información oficial suficiente que permita dimensionar el alcance del problema ni sus posibles consecuencias a largo plazo. Pero lo que sí es evidente es el impacto inmediato en la calidad de vida de los vecinos.
Y en ese contexto, la pregunta vuelve a repetirse:
¿quién controla, quién responde y quién se hace cargo?
Vehículos oficiales: entre el uso discrecional y las zonas grises
Otro eje que suma preocupación es el uso y control del parque automotor. Distintas denuncias y testimonios apuntan a un uso extendido de vehículos oficiales para fines personales, una práctica que, aunque difícil de cuantificar, aparece reiteradamente en el relato de vecinos y trabajadores municipales. Seria algo así como lo de Adorni y los aviones .
El problema no termina ahí. En un contexto donde el Gran Mendoza -y particularmente Guaymallén- registra operativos frecuentes por robo de vehículos, desarmaderos ilegales y adulteración de autopartes, la falta de controles estrictos sobre los bienes públicos abre interrogantes adicionales.
A esto se suma otro factor que complejiza el escenario: la presencia de empresas contratistas que operan con vehículos ploteados , como Santa Elena , con identidades municipales -no sólo de Guaymallén, sino también de otros departamentos-, lo que en la práctica puede generar confusión sobre qué unidades pertenecen efectivamente al Estado y cuáles forman parte de servicios tercerizados.
Esa superposición visual y operativa, lejos de aportar transparencia, dificulta el seguimiento y control del parque automotor. En ese contexto, la trazabilidad de los vehículos -quién los usa, para qué, en qué horarios- se vuelve más difusa. Tal es así ,que el propio municipio inicio de manera urgente, hace unos meses una investigación interna, por la desaparición y robo de vehículos y desgüase de unidades , como también el alta y baja de seguros que no tendrían lógica , como la realización de vtv de vehículos que no figuran en el inventario . También podemos recordar el hurto de equipos completos de camiones con materiales del deposito municipal , se habla de mas de 5 camiones desaparecidos con cemento, hierro , caños .
Y cuando el control se diluye, aparecen las dudas.
Porque en un esquema donde conviven uso discrecional, tercerización y circuitos ilegales activos en la región, la pregunta deja de ser hipotética:
¿existe un registro claro, público y auditable del uso de los vehículos municipales?
La pregunta final ¿Cuántas advertencias más hacen falta?
Porque en Guaymallén, lo que preocupa no es sólo lo que pasó.
Es lo que puede volver a pasar.
El problema ya no es técnico
La gestión encabezada por Marcos Calvente enfrenta algo más que críticas.
Enfrenta una pérdida progresiva de credibilidad.
Porque cuando el Estado no garantiza lo básico, cuando no controla donde debe,
y cuando no explica lo que pasa, el problema deja de ser un expediente.
Pasa a ser una crisis.
Lo que queda
El incendio se apagó. Pero lo que dejó al descubierto sigue ahí: un sistema que no responde, vecinos que esperan, y responsabilidades que todavía no aparecen.
