Transportistas se pronunciaron por la quita del subsidio a personas con discapacidad
Ante la quita de las compensaciones por el gobierno de Milei a las empresas, los transportistas de larga distancia denuncian una deuda por parte del Estado que supera los $27.000 millones y que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.
Luego que Javier Milei eliminara el beneficio a viajes de larga distancia para personas con discapacidad, las empresas de micros de larga distancia salieron a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno de eliminar el régimen de compensaciones destinado a cubrir parte de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.
Según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año.
El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado", indicaron desde CELADI.
Javier Milei elimina el beneficio a viajes de larga distancia para personas con discapacidadEl comunicado
En relación a la publicación de la resolución 28/2026 publicada en el día de la fecha, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) queremos informar a la opinión pública para su mayor comprensión y entendimiento que:
Desde hace décadas, las empresas de micros de larga distancia entregan pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos.
Esa práctica estuvo históricamente enmarcada en un esquema en el que el Estado reconocía a las empresas de transporte regular una compensación económica "parcial" al ser consideradas prestadoras de "servicio público" cargando estas con obligaciones que el resto de compañías no.
En diciembre de 2024, el gobierno decidió desregular el sector a través del Decreto 883/24.
Con esa medida, el transporte de larga distancia dejó de ser considerado servicio público perdiendo muchos de sus diferenciales, derechos pero también obligaciones.
Sin embargo, mientras la autoridad nacional dejó de pagar las compensaciones intimó a las compañías de buses a continuar entregando estos boletos gratuitos, un número que al año supera los 1,5 millones de pasajes de larga distancia.
Ante el reclamo de las empresas de larga distancia, fue el propio Estado -a través de la CNRT- el que acudió a la Justicia para forzarlas a seguir entregando los boletos gratuitos. Pero la Justicia no avaló esa posición sin condiciones.
En dos instancias consecutivas -primero el Juzgado Federal en noviembre de 2024, y luego la Cámara de Apelaciones en julio de 2025- los tribunales resolvieron que, si bien las empresas debían continuar entregando los pasajes cautelarmente, el Estado debía continuar pagando las compensaciones, perdiendo en ambas instancias la posibilidad de imponer dicha carga sin costo.
Situación actual
A pesar de las sentencias, el Estado aún no cumplió.
El último pago que realizó correspondió a noviembre de 2024. Desde entonces, los meses adeudados se fueron acumulando mientras las empresas siguieron cumpliendo su parte de la orden judicial y entregando los pasajes gratuitos.
Ante esta situación, el 18 de mayo de 2026, el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado Nacional, aprobó una primera liquidación de la deuda de $8.753.962.143 por el período noviembre 2024 - abril 2025, e intimó al Ministerio de Economía a pagar en diez días bajo apercibimiento de multas judiciales.
Esa cifra, sin embargo, es solo una parte de lo adeudado: el total acumulado desde que el Estado dejó de pagar supera los $27.000 millones de pesos. Los períodos posteriores a abril de 2025 están siendo relevados en la misma causa.
En el día de hoy, el gobierno publicó la Resolución 28/2026 eliminando el régimen de compensaciones. El texto oficial sostiene que los derechos de los pasajeros con discapacidad permanecen vigentes y que las empresas seguirán obligadas a entregar los pasajes.
Eso es exactamente lo que está en debate judicial: si esa obligación puede recaer íntegramente sobre empresas privadas en un mercado desregulado, sin compensación alguna del Estado.
Es una cuestión que aún la Justicia no resolvió en su sentencia de fondo.
Lamentablemente, lo que la resolución no menciona y nos vemos obligados a aclarar es el contexto en el que fue dictada: dos fallos en contra, una deuda de más de $27.000 millones y un mandato judicial de cumplimiento.
Ante esta compleja situación, las empresas de larga distancia del sector, una vez más, nos vemos obligadas a aclarar que bajo ningún concepto cuestionamos el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos.
Lo que sí señalamos es la inconsistencia de, por un lado desregular un sector -medida que este sector no cuestiona- eliminando su carácter de servicio público y al mismo tiempo pretender que las empresas absorban indefinidamente -sin compensación alguna- las cargas propias de ese régimen.
Ese debate, entendemos, es legítimo y deberá ser resuelto por la Justicia.
Sin más, saluda muy atte.
Daniel Russo
Presidente
CELADI
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