El ajuste como cultura: la herencia más peligrosa que puede dejar Milei

El caso Adorni funciona, en ese sentido, como una puerta de entrada simbólica. Un gobierno que llegó prometiendo una superioridad moral absoluta frente a "la casta" y que, a poco de andar, exhibe prácticas demasiado parecidas a aquello que decía combatir. Allí radica el núcleo del desgaste: no es solamente la sospecha de corrupción, sino la fractura del relato ético que sostenía políticamente al oficialismo.

La publinota con Alejandro Fantino fue una escena casi terapéutica: un funcionario investigado hablando de sí mismo como víctima de una persecución, apelando a la empatía del público antes que a la explicación documental de las acusaciones. Es un fenómeno contemporáneo de la política-espectáculo: la rendición de cuentas se diluye en una puesta en escena cuidadosamente administrada.

Repasemos algunas causas de corrupción que dejan al gobierno ahogándose en su propio caldo. La causa $LIBRA, vinculada al denominado "Criptogate". La causa ANDIS agrava todavía más el cuadro moral. Cuando las sospechas recaen sobre fondos destinados a personas con discapacidad o sectores vulnerables, el debate deja de ser ideológico para convertirse en un problema humanitario.

Ese contraste ya había quedado expuesto desde los primeros meses de gestión, con uno de los episodios más crueles y simbólicos del actual gobierno: el escándalo de los millones de kilos de alimentos retenidos en galpones estatales mientras crecía la emergencia alimentaria en todo el país. La imagen de depósitos repletos de comida sin distribuir, en medio de comedores desbordados y familias que salteaban comidas por falta de ingresos, mostró el costado más frío del modelo libertario. No fue solamente un problema administrativo; fue la representación concreta de un Estado que decidió convertir la asistencia social en un campo de batalla ideológico, aun cuando eso implicara dejar vencer alimentos destinados a los sectores más vulnerables.

La gestión de Luis Petri frente al Ministerio de Defensa dejó a OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas) con un severo deterioro financiero. Convirtió el superávit en una deuda de 250.000 millones de pesos, mientras se adjudicaban contratos millonarios a droguerías privadas.

A esa cadena de sospechas se agregan las denuncias sobre los gastos realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina. Lo que debía ser una empresa estratégica vinculada a la soberanía energética terminó envuelta en cuestionamientos por consumos discrecionales, erogaciones difíciles de justificar y posibles abusos de recursos públicos.

Los créditos privilegiados del Banco Nación para dirigentes libertarios. Tal vez ningún episodio sintetice mejor el problema simbólico del Gobierno. Mientras el discurso presidencial glorifica el sacrificio individual y naturaliza el ajuste como una prueba moral para la ciudadanía, aparecen funcionarios beneficiados con préstamos millonarios con mecanismos inaccesibles para la mayoría de los argentinos.

En paralelo, el frente económico muestra señales de agotamiento. Las advertencias de Domingo Cavallo poseen un peso específico imposible de ignorar. Esa incomodidad ya comenzó a trasladarse también al establishment empresario y a los sectores políticos que acompañaron a Javier Milei desde sus primeros pasos en la política. La reunión entre Paolo Rocca y Mauricio Macri dejó al descubierto algo más profundo que una conversación coyuntural: parte del denominado "círculo rojo" empieza a evaluar escenarios de recambio y reconstrucción política hacia 2027. Rocca le transmitió a Macri la necesidad de que el PRO recupere protagonismo y compita con identidad propia en las próximas presidenciales, en medio de crecientes tensiones con la Casa Rosada y cuestionamientos al rumbo económico.

Pero además comienza a percibirse otra fractura: la del propio dispositivo político que sostenía al oficialismo. Patricia Bullrich quedó atrapada entre dos caminos incompatibles: sostener el alineamiento absoluto con el Presidente o preservar su propia construcción política.

Y quizás el síntoma más alarmante para la Casa Rosada aparece precisamente en el terreno donde el mileísmo construyó buena parte de su poder: las redes sociales. Distintos informes digitales comenzaron a registrar una caída sostenida de la centralidad positiva del Presidente, con un aumento inédito de menciones negativas y un debilitamiento de la comunidad virtual que durante años funcionó como maquinaria de defensa y amplificación del oficialismo. Según relevamientos recientes, el caso Adorni y el escándalo $LIBRA empujaron la negatividad sobre Javier Milei por encima del 50%, mientras la conversación digital sobre la Casa Rosada ingresó en una "zona roja" de rechazo estructural.

Ese deterioro no es un dato menor. El mileísmo no utilizó las redes sociales como un simple canal de comunicación: construyó allí su identidad política, su épica antisistema y su capacidad de disciplinamiento simbólico. Por eso resulta tan delicado para el oficialismo que el desgaste aparezca precisamente en ese ecosistema. Cuando el núcleo digital comienza a mostrar fatiga, silencio o incluso críticas internas, lo que se erosiona no es solamente una estrategia comunicacional, sino el corazón emocional del proyecto libertario.

Javier Milei va a pasar. Como pasaron otros presidentes que creyeron haber fundado una nueva era. El verdadero problema no es solamente cuánto daño pueda dejar su gobierno en términos económicos o institucionales, sino la semilla cultural e ideológica que puede quedar plantada después de él. Porque bajo las consignas aparentemente indiscutibles del déficit cero, el "Estado eficiente" y la demonización absoluta de la emisión monetaria, se está desplazando peligrosamente la frontera de lo que la sociedad considera aceptable como proyecto de país.

El corrimiento no es únicamente económico; es moral, político y cultural. Se naturaliza que el ajuste recaiga siempre sobre jubilados, trabajadores, universidades y sectores vulnerables, mientras los privilegios del poder se reciclan con otros nombres. Se instala la idea de que la sensibilidad social es un signo de debilidad, que la solidaridad es un gasto improductivo y que el mercado debe ordenar incluso los aspectos más humanos de la vida colectiva. Lo más alarmante es que parte del campo popular comienza a discutir dentro de los mismos marcos conceptuales que impone el poder económico: déficit, gasto, competitividad, eficiencia. Como si el único horizonte posible fuera administrar con otro tono el mismo modelo de exclusión.

Allí aparece una victoria mucho más profunda del establishment: haber corrido el eje del debate nacional hacia una lógica donde la rentabilidad reemplaza a la justicia social como principio ordenador. Lo que se produce aquí es una colonización ideológica. Ya no hace falta ganar todas las elecciones si se logra que los adversarios piensen con las categorías del vencedor.

Y en ese contexto conviene desmontar otra ficción: la de quienes se presentan como custodios eternos de la república y la democracia. Muchos de los sectores económicos, mediáticos y políticos que hoy acompañan este rumbo reivindican las instituciones solamente mientras el poder garantiza sus intereses. Cuando emergen antagonismos reales -cuando aparecen gobiernos dispuestos a discutir renta, concentración económica o distribución de riqueza- el discurso republicano suele evaporarse rápidamente y dar lugar a prácticas autoritarias, persecuciones judiciales, disciplinamiento mediático o mecanismos de presión corporativa. La democracia liberal argentina ha mostrado demasiadas veces que ciertos grupos aceptan el juego democrático únicamente mientras no se cuestionen sus privilegios estructurales.

Por eso el desafío hacia adelante no puede reducirse a esperar que Milei fracase por desgaste propio. Si el problema es estructural, la respuesta también debe serlo. La pregunta central no es solamente cómo se reemplaza a un gobierno, sino cómo se desmonta un modelo que dejará una pesada deuda económica, social y cultural. ¿De dónde saldrán los recursos para reconstruir salarios, jubilaciones, universidades, ciencia, salud pública y producción nacional después de años de desguace? ¿Cómo se recuperará el patrimonio estratégico del país luego de una etapa marcada por privatizaciones encubiertas, endeudamiento y subordinación financiera? ¿Cómo se recompone una sociedad fragmentada por la lógica del individualismo extremo?

La reconstrucción exigirá inevitablemente antagonismo político. Pero antagonismo no entendido como odio vacío o violencia verbal, sino como la decisión profunda de confrontar modelos de país irreconciliables. Porque no existe síntesis posible entre un proyecto que concibe a la Argentina como plataforma de negocios para minorías concentradas y otro que pretenda reconstruir comunidad, soberanía y justicia social. Habrá que discutir riqueza, poder y distribución. Habrá que volver a plantear quién paga las crisis y quién se beneficia de ellas. Y habrá que hacerlo sin complejos, porque el verdadero riesgo no es la confrontación democrática de ideas, sino aceptar resignadamente que el horizonte definitivo de la Argentina sea un país donde la dignidad colectiva quede subordinada a la lógica del mercado y a los intereses de unos pocos.