CAME cuestiona al FMI y propone una reforma tributaria alternativa centrada en provincias y municipios
CAME cuestionó las recomendaciones tributarias del FMI y afirmó que la principal carga para las empresas no está en los impuestos nacionales, sino en Ingresos Brutos, las tasas municipales y los regímenes de retención provinciales.
Mientras el Fondo Monetario Internacional insiste en ampliar la base del Impuesto a las Ganancias, extender el alcance del IVA y endurecer el régimen de Monotributo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) plantea un diagnóstico completamente distinto sobre los problemas tributarios del país. Para la entidad empresaria, la reforma que necesita Argentina no pasa por cobrar más impuestos a trabajadores, consumidores y pequeños contribuyentes, sino por revisar de raíz el entramado de tributos provinciales y municipales que, según afirma, castigan la producción y desalientan la inversión.
¿Adaptarse o desaparecer? Un análisis sobre el verdadero drama que frena a las pymes localesLa discusión se produce luego de que el FMI difundiera una serie de recomendaciones orientadas a incrementar la recaudación fiscal mediante una ampliación de las bases imponibles de distintos tributos nacionales. Entre las propuestas figuran una reducción del mínimo no imponible de Ganancias para que más asalariados tributen, la incorporación al IVA de bienes y servicios actualmente exentos y una modificación del Monotributo que eleve las categorías y los aportes de los contribuyentes.
Para CAME, todas estas medidas comparten un mismo problema: trasladan el peso del ajuste tributario hacia los sectores medios, los pequeños emprendedores y el consumo interno, sin modificar los factores que considera verdaderamente distorsivos para la actividad económica.
El foco en los impuestos subnacionales
La entidad sostiene que el principal obstáculo para la competitividad no se encuentra en los tributos nacionales, sino en el sistema impositivo administrado por provincias y municipios.
CEPA: el FMI alivió las metas de reservas, pero reclama más ajuste, reformas y privatizacionesSegún su diagnóstico, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales conforman una estructura que puede representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de que ésta obtenga ganancias o registre pérdidas.
El FMI exige que más trabajadores paguen ganancias y subas en el monotributoLa crítica central apunta al carácter acumulativo de Ingresos Brutos. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava utilidades efectivas, IIBB se aplica en cada etapa de la cadena productiva, generando un efecto cascada que incrementa costos desde la producción hasta la comercialización final.
A ello se suman las tasas municipales de Seguridad e Higiene, habilitación comercial, inmuebles y otras contribuciones que, según CAME, suelen calcularse sobre parámetros similares a la facturación y no guardan una relación clara con los servicios efectivamente prestados por los gobiernos locales.
El problema oculto: los saldos a favor
Uno de los puntos más críticos señalados por la entidad es el funcionamiento de los regímenes de retención y percepción provinciales.
El mecanismo obliga a las empresas a adelantar impuestos antes de presentar sus declaraciones juradas. En la práctica, sostiene CAME, las retenciones suelen superar el monto que finalmente corresponde pagar, generando saldos a favor permanentes que quedan inmovilizados en las cuentas fiscales de las provincias.
La consecuencia es que miles de empresas terminan financiando involuntariamente al Estado. Aunque esos excedentes deberían devolverse o compensarse con futuras obligaciones tributarias, los procesos suelen extenderse durante años.
La entidad advierte que, en contextos de alta inflación, estos retrasos transforman los saldos a favor en una pérdida efectiva de capital de trabajo. Mientras el dinero permanece inmovilizado, pierde valor real y reduce la capacidad financiera de las empresas para invertir, producir o contratar personal.
Un nuevo consenso fiscal
Frente a este escenario, CAME propone la convocatoria de un nuevo acuerdo fiscal entre Nación, provincias y municipios.
La iniciativa busca establecer reglas comunes para todo el país en materia de bases imponibles, regímenes de retención y devolución de saldos a favor. El objetivo no sería una reducción transitoria de alícuotas, sino una transformación estructural del sistema tributario subnacional.
Entre las principales propuestas figuran:
- Armonizar los regímenes de retención y percepción.
- Establecer plazos obligatorios para la devolución de saldos a favor.
- Transparentar la información sobre los montos retenidos y pendientes de devolución.
- Unificar criterios entre provincias para evitar superposiciones.
- Fortalecer el rol de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral como organismo coordinador.
Pero el punto más ambicioso es la reformulación de Ingresos Brutos.
CAME plantea eliminar el impuesto en las etapas intermedias de la producción y concentrar su aplicación en la venta final al consumidor, en un esquema similar al IVA. Según la entidad, esto permitiría reducir el efecto cascada sin afectar la recaudación provincial.
Dos modelos en disputa
La discusión revela dos enfoques diferentes sobre cómo aumentar la competitividad y mejorar las cuentas públicas.
El FMI propone ampliar la recaudación nacional mediante una mayor tributación sobre ingresos, consumo y pequeños contribuyentes. La lógica es fortalecer los recursos fiscales sin depender exclusivamente del ajuste del gasto.
CAME, en cambio, sostiene que esa estrategia puede deteriorar el consumo interno y afectar aún más la actividad económica. Desde su perspectiva, el problema central no es cuánto recauda el Estado nacional, sino cómo se estructura la presión tributaria sobre el sector productivo.
La entidad argumenta que reducir el poder adquisitivo mediante una mayor carga sobre Ganancias o el consumo no genera empleo ni mejora la competitividad. Por el contrario, afirma que profundiza la contracción de la demanda y termina afectando también la recaudación provincial y municipal.
En el fondo, el debate excede la cuestión tributaria. Se trata de una discusión sobre dónde debe recaer el peso del financiamiento estatal y qué sectores de la economía deben asumir el costo de la consolidación fiscal que reclama el FMI. Mientras el organismo pone el foco en ampliar la base de contribuyentes nacionales, las pymes intentan trasladar la discusión hacia una estructura impositiva subnacional que, según denuncian, permanece prácticamente ausente del debate público.