Agua y minería: la oportunidad política de la Legislatura mendocina

Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura instan a la Legislatura a cumplir con la Ley y llamar a Audiencia Pública

Las organizaciones civiles de distintas regiones de Mendoza, quienes militan en favor de un uso determinado del agua, convocan al involucramiento de la sociedad para que en la Legislatura de Mendoza se llame a Audiencia Pública para poner en consideración de la Comunidad los proyectos de minería a desarrollarse en Malargüe.

Ahí mismo

Fue en este ámbito, en la Legislatura de Mendoza, en donde se dictaron las leyes que obligan a poner en debate todo aquello que pueda afectar el ambiente, también ahí en donde se consagró la Ley 7722, que condiciona el desempeño minero a celosos controles y restricciones que hasta hoy son fuertemente cuestionadas por el sector de la minería.

La verdadera institucionalidad

El llamado a Audiencia Pública que reclama AMPAP (las Asambleas por el Agua) es una buena oportunidad para que el Poder Legislativo ponga en la consideración social su rol y exhiba su calidad de órgano independiente. Es ese el ámbito propicio para un debate serio sobre los Proyectos que ya sortearon la Audiencia Pública sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (potestad del Poder Ejecutivo) en donde, según manifiestan sectores de defensa del ambiente, avanzaron desconsiderando aspectos que requieren de mayor y mejor información. En la Audiencia llevada a cabo en Malargüe, hubo 100 oradores, y algunas mociones no fueron debidamente consignadas. La aprobación general sobre 34 proyectos fue el primer peldaño, pero el análisis, tal como establece la Ley debe tener continuidad en La Casa de las Leyes, y se espera no sea la obediencia debida lo que impere sino la auténtica institucionalidad, confiando en la honestidad de quienes han sido honrados a través del voto.

El miedo nunca es zonzo

El antiguo refrán "el miedo nunca es zonzo" cobra vigencia ante el llamado de las Asambleas por el Agua Pura, a pocos días en que se conoció que desde el Departamento General de Irrigación sancionaran a una Inspectora de Cauce por denunciar sobre contaminación con petróleo en Lunlunta. El gran Instituto que brega por los recursos hídricos de la provincia actuó en detrimento de su propia razón de ser y pretendiendo ocultar un daño ambiental provocado por le Empresa argentina de mayor envergadura nacional. Hoy nadie cuestiona la necesidad de contar con explotación de hidrocarburos, pero no descontroladamente. Algo se ha salido de su cauce y no se trata sólo de agua empetrolada.

Reivindicación histórica

Aunque no son todos -ni todas- los mismos actores, la Legislatura de Mendoza debería reivindicarse ante la comunidad mendocina y precisamente con un tema en el que defeccionó groseramente. A finales de 2019 el por entonces flamante gobernador Rodolfo Suárez (hoy Senador Nacional en reemplazo) impulsó el cambio de la Ley 7722. Aunque eso había anunciado en campaña y fue votado por la mayoría, el envío de su proyecto a la Legislatura no sufrió modificaciones importantes. Una mayoría legislativa (la totalidad del oficialismo, varias y varios de la -supuesta- oposición) aprobó la Ley 9209 que autorizaba despojarse de los corsé de la 7722. La sanción de aquella ley promovió la movilización más numerosa de la historia de Mendoza, heterogénea e intimidatoria. Tan intimidatoria que el propio Suárez abdicó en su propósito y la derogó. Legisladores y legisladoras, con la misma premura que habían aprobado la ley 9209, luego de esa manifestación inédita, dictaron la ley 9210 dejando sin efecto la anterior, un verdadero bochorno institucional y una formidable degradación de la Política.

A favor o en contra, cuando lo obvio pasa inadvertido

Precisamente los debates deben estar inspirados en que la razón alcance consenso. Evitar las imposiciones. Desnudar intenciones aviesas. Proteger el bienestar de las mayorías sin afectar las buenas pretensiones de las minorías. Todo, siendo respetuosos de lo que antes se ha acordado. Apegarse a la ley, no como ardid para conservar un statu quo sino en abierta defensa al régimen que se ha convenido respetar, incluyendo las diferencias inevitables que surgen y surgirá. Aunque quien esto firma tenga una inclinación en favor del desarrollo de actividades relativas a la minería, mal haría en impedir la exposición honesta de intereses diferentes y hasta contrarios, por lo cual, las organizaciones de la sociedad civil, como son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura bien hacen en instar a que se cumplan todos los resortes que desde lo poderes estatales (también el Poder Judicial) han previsto. La Audiencia Pública para que los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental, constituye una Obligación de los poderes instituidos y también exige la participación de la Comunidad que ha sido habilitada para ser el control oportuno de las decisiones que afectarán el futuro de cada uno y el de todos.