El estudio hecho por juristas internacionales asegura que el préstamo suscrito por el gobierno de Macri no cumplió los requisitos, “tenía supuestos poco realistas y un agujero negro contable”. Plantean que el FMI debería establecer un plan de pagos para Argentina con quita y prórroga de diez años.

De acuerdo con la Real Academia Española, “ultra vire” es un término jurídico por el que se consideran “nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley”. Esa fue la expresión que los especialistas internacionales Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh utilizaron para definir el acuerdo stand by que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

“Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina”, sostienen los autores

Y continúan: “el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya queel programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un ‘agujero negro’ contable de al menos 20.000 millones de dólares”.

Todo lo dicho, “hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir”, con lo que “el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso”, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente, según la investigación que fue publicada en el sitio especializado SSRN.

Por lo tanto, ambos concluyen que el mayor préstamo en la historia del Fondo, por entonces al mando de Christine Lagarde, “fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire’”, por lo que “debería declararse nulo”.

“No se cumplió con ninguna de las leyes administrativas que obligan al Estado a realizar distintos informes antes de la toma de deuda. Uno de factibilidad, un informe económico que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda, el informe jurídico previo a la situación del acuerdo. Tampoco hay decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera está el informe del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a hacer para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del país”, detallaba por entonces Eduardo Murúa, presidente del MNER y actual director de Políticas de Inclusión Económica en el Ministerio de Desarrollo Social.

Entre las irregularidades denunciadas, se encuentra que “el acuerdo debió necesariamente ser tratado por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo”, y que éste ha producido “irracionalidad” y “daño” sobre la economía y la sociedad argentina. De allí “se desprende con claridad la administración fraudulenta en la que ha incurrido el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios”, reza la denuncia.

Entre sus fundamentos, figuraba que “el FMI ha prestado violando su propio Estatuto que le impide prestar fondos en países en situación de fuga de capitales. En efecto, desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la Argentina US$ 44.490 millones. Sólo se utilizaron para pagos de deuda US$ 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron del país US$ 36.380 millones.