La IA llega al debate parlamentario: transparencia y responsabilidad democrática
Una investigación de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, y de la Universidad Edinburgh Napier, en el Reino Unido, puso en evidencia una nueva realidad de la política contemporánea: el uso creciente de inteligencia artificial para elaborar discursos, mociones y textos parlamentarios. El dato no debería sorprender. La IA generativa ya forma parte de la vida profesional, académica, empresarial y estatal. Sin embargo, cuando se incorpora a la actividad legislativa, surge una pregunta que va más allá de la tecnología: ¿tienen los ciudadanos derecho a saber si las palabras de sus representantes fueron redactadas, en todo o en parte, por una inteligencia artificial?
El estudio analizó 13.565 mociones presentadas en el Parlamento sueco y 4.209 intervenciones parlamentarias británicas publicadas entre 2021 y abril de 2026. Los investigadores utilizaron sistemas entrenados específicamente para distinguir textos políticos escritos por personas de aquellos producidos o asistidos por grandes modelos de lenguaje. Sus resultados reflejan un aumento considerable del fenómeno. En 2026, alrededor del 15% de las intervenciones parlamentarias británicas examinadas contenía al menos un párrafo clasificado como generado por IA. En Suecia, el 9,4% de las mociones del período parlamentario 2025-2026 incluía, al menos, un pasaje identificado como asistido por inteligencia artificial. Esto representa aproximadamente 300 mociones.
La tendencia es relevante porque muestra un crecimiento rápido. En el Reino Unido, el porcentaje de intervenciones con señales de asistencia de IA rondaba el 3,5% en 2022 y llegó al 15% en 2026. En Suecia, las mociones con indicios de uso de IA pasaron del 1,7% en el período 2022-2023 al 9,4% durante 2025-2026. Cuando los investigadores analizaron los documentos completos, el 6,5% de las mociones suecas recientes fue clasificado como generado por IA, mientras que en el Reino Unido la proporción fue del 2,1% de los textos parlamentarios analizados en 2026.
No se trata, necesariamente, de una condena al empleo de estas herramientas. La inteligencia artificial puede ser útil para ordenar información, resumir antecedentes, comparar legislación, traducir documentos, detectar contradicciones, corregir estilo o preparar un primer borrador. En un Congreso con gran producción normativa, asesores y legisladores pueden encontrar en estas tecnologías un instrumento valioso para ahorrar tiempo y mejorar el acceso a información compleja.
Pero una cosa es utilizar IA como apoyo técnico y otra muy distinta es delegar en ella la construcción sustancial de una propuesta legislativa o de un discurso político. Una ley no es simplemente un texto bien escrito. Es una decisión pública que puede reconocer, restringir o modificar derechos; crear obligaciones; afectar recursos estatales; ordenar conductas sociales; y producir consecuencias concretas en la vida de las personas. Por eso, la calidad formal de una redacción no reemplaza el deber de reflexión, control y responsabilidad del representante elegido.
El principal problema identificado por el estudio es la falta de transparencia. Los investigadores no encontraron referencias expresas al uso de inteligencia artificial en los textos detectados. La autora principal, Minerva Suvanto, advirtió que los textos asistidos por IA pueden ser especialmente persuasivos y estar bien redactados, lo cual incrementa el riesgo de que sus propios usuarios no detecten errores, datos falsos, omisiones o razonamientos defectuosos. Una formulación elegante puede ocultar un fundamento jurídico débil, una cita inexistente o un antecedente mal interpretado. En el ámbito legislativo, ese riesgo exige especial cautela.
La discusión también alcanza a la Argentina. Hasta el momento, no surge la existencia de una regulación nacional específica que imponga a los miembros del Congreso declarar el uso de inteligencia artificial en la elaboración de proyectos de ley, discursos, dictámenes o fundamentos. No obstante, el país ya cuenta con antecedentes normativos y administrativos que muestran una orientación hacia principios de transparencia, protección de datos personales, supervisión humana y responsabilidad en el uso de sistemas de IA.
La Agencia de Acceso a la Información Pública creó en 2023 el Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial, mediante la Resolución 161/2023. Ese programa se vincula con la necesidad de que el empleo de IA sea compatible con los derechos de las personas, especialmente cuando se utilizan datos personales o cuando sistemas automatizados pueden producir efectos relevantes sobre ellas.
Más recientemente, la Sindicatura General de la Nación aprobó, mediante la Resolución 197/2026, la "Guía de Controles Inteligencia Artificial - SIGEN". La medida busca orientar y fortalecer los controles internos en las entidades del Sector Público Nacional que implementen sistemas de IA, con énfasis en la gestión de riesgos, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad institucional. Aunque esta guía se refiere a la administración pública y no regula en forma directa la actividad de diputados y senadores, ofrece criterios que podrían trasladarse al trabajo legislativo.
También existen experiencias subnacionales. La provincia de Buenos Aires aprobó en 2026 un marco de desarrollo, uso y gobernanza de la inteligencia artificial para su sector público, que contempla transparencia, control ciudadano y un registro de sistemas de IA empleados por organismos estatales. En Santa Fe, un protocolo obligatorio para la adopción y uso de IA generativa en la administración pública exige transparencia, auditabilidad y una mención clara y notoria cuando se utilice esa tecnología. Estos antecedentes muestran que la idea de informar el uso de IA no es ajena al derecho público argentino.
Además, se han presentado en el Congreso proyectos destinados a establecer un marco general para la inteligencia artificial. Algunas de esas propuestas contemplan expresamente principios como transparencia, seguridad, protección de datos personales y clasificación de sistemas según su nivel de riesgo. También se promovieron iniciativas que proponen identificar de forma visible contenidos generados o modificados por IA y garantizar que las personas puedan saber cuándo interactúan con herramientas automatizadas o se ven afectadas por ellas.
En este contexto, la Argentina podría abrir un debate específico sobre la utilización de inteligencia artificial en la producción legislativa. No se trataría de prohibir su empleo ni de exigir que cada corrección gramatical sea informada. La cuestión sería establecer un criterio razonable para los casos en que la IA participe de manera sustancial en la elaboración de un proyecto, un dictamen, una fundamentación o una intervención parlamentaria.
Una regla posible consistiría en incorporar una leyenda breve en los documentos oficiales cuando se hubiera utilizado IA generativa para tareas relevantes de redacción o estructuración. Esa constancia debería acompañarse de una obligación expresa de revisión humana y de asunción personal de responsabilidad por parte del legislador, asesor o funcionario que firma el texto. También debería exigirse la verificación de datos, fuentes, citas legales, antecedentes jurisprudenciales y afirmaciones técnicas, ya que los sistemas de IA pueden producir información falsa con apariencia de precisión.
La responsabilidad política y jurídica no puede ser delegada en un algoritmo. Un legislador responde ante sus electores, su bloque, la Constitución y el ordenamiento jurídico; no puede excusarse en que una herramienta tecnológica redactó una afirmación incorrecta, una cita inexistente o una propuesta incompatible con derechos fundamentales. La IA puede asistir en la escritura, pero no puede sustituir la deliberación democrática ni la responsabilidad de quien ocupa una función pública.
El desafío, entonces, no consiste en elegir entre política o tecnología. Consiste en impedir que la eficiencia tecnológica debilite la autenticidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La inteligencia artificial puede mejorar el trabajo parlamentario si se usa con prudencia, supervisión y control. Pero cuando se oculta detrás de la voz de los representantes, deja de ser una simple herramienta y se convierte en un problema para la confianza democrática.
