La tecnología no puede ser una coartada
La inteligencia artificial y las plataformas digitales ampliaron nuestras posibilidades de trabajar, aprender y comunicarnos. Pero también están siendo aprovechadas para industrializar el fraude, la extorsión y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. La respuesta no puede ser la censura indiscriminada y tampoco la ingenuidad.
Hay una escena que se repite, con variaciones, en demasiados hogares. Un adolescente recibe un mensaje que parece venir de un amigo, una compañera de escuela o alguien de confianza. Hay una foto, una voz, una videollamada; todo tiene apariencia de autenticidad. Pero no lo es.
Detrás de la pantalla no hay una persona casual, sino una red criminal operando bajo un guion estricto. La imagen que ves es una falsificación creada con inteligencia artificial, y el engaño es parte de una maquinaria sofisticada que cruza tus datos personales con herramientas automatizadas, anonimato e intimidación masiva.
La revolución tecnológica nos prometió más información, autonomía y oportunidades. Y, en buena medida, cumplió. Hoy es posible estudiar, trabajar, acceder a servicios públicos o mantener vínculos afectivos más allá de las distancias. Pero la misma infraestructura que habilita esos beneficios está siendo utilizada para multiplicar el engaño, la extorsión y distintas formas de violencia.
El delito digital ya no responde a la imagen del hacker solitario frente a una computadora. Funciona como una industria transnacional: tiene proveedores, intermediarios financieros, revendedores de datos, manuales de operación, herramientas de anonimato y hasta servicios de atención para quienes contratan soluciones criminales. Se comercializan programas de ransomware, mecanismos de suplantación de identidad, bases de datos robadas y recursos para ocultar el origen del dinero.
La inteligencia artificial generativa no creó ese fenómeno, pero lo vuelve más veloz, barato y persuasivo. Permite traducir mensajes con naturalidad, imitar voces, fabricar imágenes convincentes y adaptar una estafa a la identidad, el idioma y las vulnerabilidades de cada víctima. La tecnología no decide delinquir. Pero ofrece una escala inédita a quienes sí lo hacen.
La consecuencia más dolorosa de esa transformación recae sobre niñas, niños y adolescentes. La extorsión sexual en línea crece porque combina anonimato, velocidad y vergüenza. El agresor ya no necesita acercarse físicamente a la víctima. Puede captar, manipular y amenazar desde otro país, con una red social, una aplicación de mensajería y una identidad falsa cuidadosamente construida.
Los números permiten dimensionar una amenaza que no admite eufemismos. Los reportes por extorsión sexual con fines financieros pasaron de 13.842 en el primer semestre de 2024 a 23.593 en el mismo período de 2025: casi un 70% más en apenas un año. Detrás de esas cifras no hay una estadística abstracta. Hay chicos y chicas sometidos al miedo; familias que no saben dónde denunciar; daños emocionales que persisten incluso cuando una cuenta es eliminada.
La aparición de material de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial agrega otra capa de complejidad. No sustituye el abuso real ni lo vuelve menos grave. Puede utilizarse para hostigar, sexualizar a niños y adolescentes, fabricar imágenes falsas, extorsionar y obstaculizar la identificación de víctimas verdaderas. La innovación, desprovista de controles y responsabilidad, no reduce el delito: amplía sus posibilidades.
La investigación sobre Kidflix, una plataforma de transmisión de material de abuso sexual infantil, expuso una escala estremecedora: más de 1,8 millones de usuarios registrados y cerca de 1.400 sospechosos identificados. El dato obliga a abandonar la comodidad de pensar estas conductas como hechos marginales o excepcionales. El abuso puede adquirir una dimensión industrial: plataformas globales, pagos digitales, anonimato, redes de distribución y estructuras destinadas a evadir controles.
Tampoco se trata sólo de delitos contra la integridad sexual. Las redes criminales aprovechan la infraestructura digital para atacar empresas, organismos públicos y servicios esenciales. La operación internacional contra NoName057(16)*, vinculada con un promedio de 73 ataques diarios de denegación de servicio contra objetivos públicos y privados ucranianos, involucró a 19 países. La lección es difícil de ignorar: mientras el delito opera sin fronteras, los Estados todavía responden demasiadas veces con jurisdicciones fragmentadas, recursos insuficientes y tiempos incompatibles con la urgencia digital.
Frente a esta realidad, conviene evitar dos errores. El primero es el pánico moral: creer que toda tecnología es una amenaza y que la única respuesta posible es prohibir, censurar o vigilar indiscriminadamente. El segundo es la ingenuidad tecnológica: aceptar que las plataformas son meros intermediarios neutrales, ajenos a los daños previsibles que ocurren en espacios que diseñan, administran y rentabilizan.
Ninguno de esos caminos es aceptable.
La consecuencia más dolorosa de esa transformación recae sobre niñas, niños y adolescentes. La extorsión sexual en línea crece porque combina anonimato, velocidad y vergüenza.
No se trata de renunciar a la privacidad, a la libertad de expresión ni a la innovación. Pero sí de exigir responsabilidad proporcional al poder. Una plataforma capaz de recomendar contenidos a millones de personas, verificar identidades para fines comerciales y detectar patrones de comportamiento debe también invertir en prevención, trazabilidad, canales eficaces de denuncia y respuestas rápidas frente a la explotación y el fraude.
La protección de la infancia no puede descansar exclusivamente en advertencias dirigidas a las potenciales víctimas. Decirles a los adolescentes que no hablen con desconocidos o que no compartan imágenes íntimas puede ser necesario, pero es insuficiente. La carga principal debe recaer sobre quienes diseñan entornos inseguros, obtienen ganancias de la circulación masiva de datos y no reaccionan con diligencia frente a delitos previsibles.
Para la Argentina y para América Latina, el desafío es construir respuestas propias: actualizar normas, fortalecer fiscalías y fuerzas especializadas, capacitar a jueces, articular sistemas de protección de derechos y acompañar a las familias desde el primer momento. No alcanza con sancionar una ley si la denuncia llega tarde, la evidencia desaparece o la víctima recorre oficinas sin encontrar una respuesta competente y humana.
La pregunta de fondo es simple: ¿aceptaremos que el espacio digital sea una zona de negocios sin responsabilidad?
La inteligencia artificial puede ampliar las capacidades humanas para enseñar, investigar, crear y resolver problemas. Pero no puede convertirse en la nueva coartada de quienes degradan la dignidad de otros detrás de una pantalla. Una sociedad democrática no se define por la tecnología que posee, sino por los límites éticos, jurídicos e institucionales que está dispuesta a imponerle.
Y uno de esos límites debería ser indiscutible: ningún avance vale más que la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes.
