Bastante complicado es el panorama en cuanto a salud, en los casi 180 días de pandemia, y dicha situación puede evaluarse desde el lado de los usuarios como de la infraestructura hospitalaria colapsada y el personal de salud explotado a más no poder.
Sin embargo no se escucha otro motivo más que el pico de contagios no deja de crecer por la irresponsabilidad de los ciudadanos, generando una guerra absurda y sin sentido entre la población sin asumir nunca los errores en las desacertadas decisiones tomadas desde el gobierno provincial.
En salud hoy ya no importa si tenes o no prepaga, si vas al hospital público o una clínica privada, si pagas fortunas en una cuota o si tenes que hacer “guardia» desde las 3 a.m para un turno en e hospital porque viajaste más de 80 km. Hoy no hay lugar para ese egoísmo de “atendeme para eso pago” porque no hay lugar, porque no hay médicos ni enfermeros suficientes, porque colapsó el sistema de salud, tocó fondo.
Mucha información da vueltas siempre respecto a los derechos y obligaciones de usuarios de medicina privada y con la pandemia el “menjunje” fue peor.
Obras sociales y prepagas tomaron decisiones respecto a que situaciones entender y a cuales no. Pasaron por atender solo las emergencias odontológicas, y algunos casos graves pero de repente se repetía al usuario: “no estamos atendiendo, no cubrimos análisis PCR ni hisopados, esta cirugía no cubre contagio de covid, el kit se cobra aparte al usuario, no te cubre estas consultas, etc.
Y de toda esta confusa información, el usuario se enteraba al llamar, al asistir a un centro de atención consultorio o clínica y al momento de pagar la consulta “que luego podría llegar a ser reintegrada».
Lo cierto es que más allá de los dimes y diretes las obras sociales y prepagas siguieron cobrando sus cuotas, sin demora, no sufrieron congelamientos y dejaron de prestar muchísimos servicios a millones de usuarios en todo el país. Dato no menor es que en el año 2016 fueron autorizadas a aumentar 43,5%; en 2017 un 31,3%; en 2018 un 40,8 % y en 2019 acumularon subas por 62,8% superando ampliamente el índice de inflación que promedio el 50%.

Aclarando el panorama, en abril el gobierno nacional y la SSS a través de la resolución 326/2020 aprobaron tres módulos de reintegros a obras sociales y empresas de medicina prepaga para que garanticen la atención de pacientes con coronavirus, por lo cual, si esto no se cumple, los afiliados pueden elevar sus reclamos al mencionado organismo.

La Superintendencia de Servicios de Salud estableció que por la pandemia de COVID-19 actualmente vigente y en con respecto a los requerimientos prestacionales de sus afiliados, dichas entidades deberán cubrir la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de haber contraído la enfermedad. Esta obligación incluye, a título ejemplificativo, la realización de tests diagnósticos, traslados, medidas de aislamiento, internaciones, etc.

Esta obligación incluye, a título ejemplificativo, la realización de tests diagnósticos, traslados, medidas de aislamiento, internaciones, etc.

En este sentido, cabe recordar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2º de la Ley Nº 23.661, el Sistema Nacional del Seguro de Salud tiene como objetivo fundamental “proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva”.
Esta decisión tiene la finalidad de disminuir el impacto y afectación de recursos que producirá la pandemia de COVID-19 y a la vez asegurar la continuidad de las prestaciones básicas e impostergables. Con este financiamiento busca asegurar el normal funcionamiento de los Agentes del Seguro de Salud y su capacidad de financiar las prestaciones médico-asistenciales que deben brindar a sus beneficiarios, con motivo de sospecha o diagnóstico de COVID-19.
Dicha medida establece que el monto alcanza hasta un máximo de $ 330.960 por paciente. Esto incluye desde el diagnóstico por hisopado hasta internación y uso de respirador en caso de que la persona lo requiera.
Hacemos clara mención: No rige para afiliados de OSEP porque la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación no tiene competencia en dicha obra social.
1. Por módulo de aislamiento y diagnóstico, se reintegrarán hasta $ 10.000 pesos diarios hasta un máximo de siete días.
2. Por módulo de Unidad de Cuidados Críticos por Covid-19 sin Asistencia Respiratoria Mécánica, se reintegrarán hasta $ 19.400 diarios.
3. Y por la misma modalidad pero con Asistencia Respiratoria Mécánica, hasta $ 23.640 diarios, hasta un máximo de 14 días.
Asimismo se estableció, con un panorama de salud preocupante por el ASPO decretado en todo el país, la prestación de servicios mediante teleconsultas o consultas virtuales, obviamente no era para todo tipo de consultas, teniendo en cuenta que puede ser un complemento, no un reemplazo, del encuentro en persona con el profesional; lo que también generó un gran debate respecto de quién y cómo se paga/cobra por este servicio.
Y otra de las novedades fue el anuncio de congelamientos de cuota y la prohibición de dar de BAJA a quienes no pagarán. Medida lógica por donde se la mire pero absurda ya que nunca se oficializó ni fue obligatoria para las prepagas, lo que dejó a muchos usuarios desprotegidos y vulnerables.
La superintendencia es el organismo que está encargado del control y fiscalización de la cobertura y prestación de las obras sociales y prepagas. Por ello ante un incumplimiento en sus prestaciones, el usuario afiliado debe hacer la denuncia.
Ante cualquier rechazo o limitación podrán los usuarios remitir su reclamo por vía de un correo electrónico a: consultasyreclamos@sssalud.gob.ar y, desde @SSSALUD hagan cumplir la obligatoriedad de los Agentes del Seguro de Salud de asegurar y cubrir prestaciones.

Ante emergencia se dispone el Defensor Oficial de la Justicia Federal, donde se puede canalizar su consulta a través de correo electrónico:

nopenal.dgn.mendoza@gmail.com o teléfono 261 4292120

Lo único claro, es que de parte de los privados tampoco se previo ni tomo alguna medida para evitar el colapso sanitario.

Muchas de las prepagas y obras sociales manejan capitales importantes, tienen millones de afiliados, cobran cuotas altísimas pero ello no conlleva por ejemplo, tener centros asistenciales en distintos departamentos de la provincia, a diferencia de CABA.
Las empresas de medicina prepaga atienden a 6.200.000 afiliados, de los cuales solo 1.200.000 contrataron el servicio por su cuenta. El resto deriva sus aportes de la Seguridad Social a a través de obras sociales.

No hubo inversión en infraestructura edilicia, ampliación de UTI, mayor cantidad de camas, insumos, la atención de los afiliados se vio muy resentida incluso en los casos de urgencias.

Siguieron cobrando al 100% por prestaciones que no cumplan al afiliado y sin aportar acompañamiento o colaboración a la salud pública, no entendieron que ésto nos iba a perjudicar a todos. Incluso el Gobierno les otorgó una serie de beneficios, en materia tributaria y de reducción de costos para la importación de insumos médicos
Resulta inaudito pensar que en casi 6 meses, nada pudo hacerse teniendo, como dice el refrán “el diario del lunes», con la experiencia temprana de otros países, los datos de la curva de contagios con números y fechas de cuando sucedería, teniendo superpoderes otorgados por la legislatura para destinar fondos a discreción por el COVID-19, con tiempo para preparar al personal de salud e intentar sumar la mayor cantidad posible de personal, ni mencionar la posibilidad de hacer testeos masivos a personal de salud, seguridad y sectores de “contagio» e ir bloqueandolo.

Sin embargo ya es tarde y nada puede cambiarse, simplemente esperar que no sea tan grave.

Por: Diputado Mario Vadillo