Terapia: entre el derecho a la salud y la lógica del mercado

Argentina tiene una relación culturalmente intensa con la terapia. En las grandes ciudades, preguntar "¿hacés terapia?" dejó de ser una intromisión para convertirse, muchas veces, en una conversación cotidiana. Esa expansión es una buena noticia: reduce estigmas y reconoce que el sufrimiento psíquico merece escucha y tratamiento. Pero también obliga a una discusión más exigente: no alcanza con que la terapia sea socialmente aceptada; debe ser accesible, éticamente cuidada, profesionalmente sólida y capaz de demostrar para quién, cuándo y cómo resulta útil.

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 establece que:

Toda persona tiene derecho a una atención integral y humanizada, basada en fundamentos científicos y principios éticos, y a recibir la alternativa terapéutica más conveniente y menos restrictiva de sus derechos.

No se trata, por lo tanto, de un servicio accesorio ni de un consumo de bienestar: es un componente del derecho a la salud.
Sin embargo, entre ese reconocimiento normativo y la experiencia concreta existe una brecha considerable. Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA indicó que el 26,07% de las personas encuestadas se encontraba en tratamiento psicológico. Entre quienes no lo realizaban, más de la mitad consideraba necesitarlo; el principal obstáculo declarado era económico, seguido por problemas de horarios, cobertura insuficiente y ausencia de servicios gratuitos disponibles.

Hablar de salud mental en Argentina exige hablar de desigualdad. Para una parte de la población, sostener una sesión semanal representa un esfuerzo económico imposible; para otra, las cartillas de obras sociales y prepagas ofrecen pocos profesionales disponibles, demoras, copagos que se acumulan o tratamientos condicionados por autorizaciones administrativas. La expansión de la atención remota alivió algunas barreras territoriales y de tiempo, pero no resolvió por sí sola el problema de la continuidad ni el de la calidad.

Una política pública seria debería dejar de medir el acceso sólo por la existencia formal de una prestación. Tener cobertura en el papel no equivale a obtener un turno oportuno, mantener un proceso terapéutico ni recibir atención adecuada para la complejidad del caso. El derecho se vuelve efectivo cuando la persona puede elegir -dentro de opciones reales- un tratamiento pertinente, con un profesional habilitado, en condiciones de confidencialidad y continuidad.
Esto es especialmente relevante para niñas, niños, adolescentes, personas mayores, víctimas de violencia, pacientes con consumos problemáticos y familias atravesadas por situaciones de crisis.

En esos casos, la demora o la discontinuidad no son meras incomodidades: pueden agravar el padecimiento, deteriorar vínculos y trasladar al sistema judicial conflictos que debieron ser atendidos tempranamente desde una perspectiva sanitaria y comunitaria.
El debate público suele presentar a las distintas corrientes terapéuticas como si fueran equipos rivales: psicoanálisis, terapias cognitivo-conductuales, enfoques sistémicos, humanistas, integrativos y otros. Esa simplificación no ayuda ni a pacientes ni a profesionales.
No todas las personas consultan por lo mismo, ni todas requieren idéntico encuadre. Alguien que atraviesa una crisis de pánico, una situación de duelo, una violencia reciente, un trastorno alimentario, una depresión grave o un conflicto vincular persistente puede necesitar intervenciones diferentes. Pretender que una técnica sirve para todo sería tan impropio como sostener que toda dolencia física se resuelve con el mismo tratamiento.

Pero el pluralismo no debe convertirse en relativismo. Que existan diversas escuelas no significa que todo método sea equivalente, que toda práctica esté justificada o que la sola empatía sustituya la formación. La atención en salud mental debe combinar tres exigencias: evidencia disponible, experiencia clínica y singularidad de la persona atendida. El paciente no es un diagnóstico, pero tampoco debe quedar librado a intervenciones cuya eficacia, riesgos y límites nadie se preocupa por examinar.
La discusión más fértil no consiste en coronar una teoría como vencedora, sino en preguntar con honestidad: ¿qué problema trae esta persona?, ¿qué objetivos se acuerdan?, ¿qué tratamiento resulta razonable?, ¿cómo se evalúan los avances?, ¿qué se hace si no hay mejoría? La calidad terapéutica exige revisar la práctica, no defender una identidad profesional.

La relación de confianza entre paciente y terapeuta importa la escucha, la continuidad, el respeto por los tiempos subjetivos y también que el consultante pueda expresar desacuerdos, dudas o la sensación de no estar avanzando. Sin una alianza de trabajo genuina, ninguna técnica alcanza.
Pero el buen vínculo no puede ser una coartada para prescindir de objetivos, evaluación o supervisión. Una terapia responsable debe poder explicar, en términos comprensibles, qué se intenta abordar, cuáles son sus límites y qué alternativas existen si la estrategia no funciona. La persona atendida tiene derecho a participar en las decisiones que afectan su salud; no a ser una receptora pasiva de interpretaciones, consignas o etiquetas.

También hay una responsabilidad institucional. Argentina arrastra déficits en la formación continua y en los mecanismos de actualización profesional. Un estudio histórico sobre la psicoterapia argentina señaló precisamente la ausencia de un sistema que asegure una capacitación continua y adecuada para psicoterapeutas, en un campo marcado por trayectorias formativas muy heterogéneas. Fortalecer colegios profesionales, universidades, sistemas de supervisión y estándares éticos no implica burocratizar el consultorio: significa proteger a quienes consultan.
La irrupción de plataformas digitales e inteligencia artificial abre oportunidades, pero también riesgos. La teleconsulta puede facilitar el acceso de quien vive lejos, tiene movilidad reducida o enfrenta horarios incompatibles. Las herramientas digitales pueden ayudar a organizar información, recordar pautas o detectar señales de alarma. Sin embargo, ninguna aplicación debería presentarse como sustituto automático de un proceso clínico humano.

Un chatbot puede formular respuestas plausibles; no asume responsabilidad profesional, no conoce integralmente el contexto de vida de una persona, no responde por un error clínico y no puede garantizar, por sí solo, la calidad del cuidado. Menos aún cuando hay riesgo suicida, violencia, abuso, consumos problemáticos, crisis psicóticas o conflictos familiares que involucran derechos de niños y adolescentes.

El desafío regulatorio consiste en evitar dos extremos: demonizar toda innovación o dejar que la lógica de la plataforma convierta la salud mental en atención rápida, impersonal y opaca. Deben resguardarse el secreto profesional, los datos sensibles, el consentimiento informado y la identificación clara de quién presta efectivamente el servicio.

La terapia no necesita publicidad grandilocuente ni disputas corporativas. Requiere mejores condiciones para cumplir su función social. Eso supone ampliar la red pública y comunitaria de salud mental; exigir coberturas reales y no meramente nominales; promover formación permanente y supervisión; transparentar credenciales; fortalecer la atención interdisciplinaria; y desarrollar evaluaciones de resultados que contemplen no sólo la reducción de síntomas, sino también la autonomía, los vínculos, la integración social y la calidad de vida.

La salud mental no se protege eligiendo entre una terapia de moda y otra tradicional. Se resguarda cuando el Estado, las instituciones, los financiadores y los profesionales asumen que detrás de cada consulta hay una persona que no busca una etiqueta ni una promesa instantánea: solicita alivio, comprensión y la posibilidad concreta de vivir con mayor libertad.