Del consumo como síntoma al cuidado como política

El 9° Congreso Argentino de los Consumos Problemáticos propone, este miércoles 26 de agosto, una agenda que discute algo más profundo que una sustancia o una conducta aislada: discute cómo una sociedad nombra, escucha y acompaña el sufrimiento. La reunión de autoridades sanitarias, universitarias y provinciales en el acto de apertura, seguida por mesas y comunicaciones de todo el país, confirma que el problema exige una respuesta pública, interdisciplinaria y sostenida.

Dr. Sergio Benaroya
Abogado UBA. Especializado en Familia, Niñez y Adolescencia, Genero, Responsabilidad Médica y Salud Mental. Diplomaturas en Psicopatología, Psicoanálisis, Autismo, Psicosis, IA, Criminología, Vínculos Patológicos, Sexología Clínica.

Hablar de consumos problemáticos implica dejar atrás el reflejo de reducir a las personas a un diagnóstico, una recaída o una conducta. La cocaína, el alcohol, las apuestas, la pornografía, los videojuegos y otras prácticas pueden ocupar lugares distintos en trayectorias de vida atravesadas por desigualdad, violencia, soledad, precariedad, padecimientos psíquicos y falta de oportunidades. El desafío es no confundir la manifestación con la causa, ni la urgencia con una explicación suficiente.

La mesa sobre "desafíos y prioridades actuales para la gestión de los servicios de salud" coloca la cuestión donde debe estar: en la responsabilidad del sistema. No alcanza con pedir voluntad individual cuando los dispositivos de atención son insuficientes, fragmentados o inaccesibles. Un tratamiento oportuno requiere equipos capacitados, continuidad asistencial, articulación entre salud mental, atención primaria, hospitales, escuelas, familias, organizaciones comunitarias y justicia cuando corresponda. Sobre todo, requiere que la puerta de entrada no sea el castigo.

Del consumo como síntoma al cuidado como política

La programación del Congreso exhibe la complejidad del fenómeno. Hay trabajos sobre familias, adolescencias vinculadas con la justicia juvenil, comunidades trans, síndrome de abstinencia neonatal, violencia institucional, industria petrolera, esquizofrenia, vulnerabilidad social y abordajes comunitarios. Esa diversidad no es un detalle académico: demuestra que no existe un "adicto" abstracto ni una receta terapéutica universal. Existen personas concretas, con cuerpos, vínculos, territorios, derechos y biografías singulares.

También resulta significativo que el encuentro incorpore debates sobre compulsión sexual y pornografía, videojuegos, creatividad y violencia simbólica. La expansión de entornos digitales y de mercados que capturan atención, deseo y tiempo obliga a actualizar las preguntas. No se trata de demonizar toda pantalla, juego o práctica cultural; se trata de indagar cuándo una experiencia deja de ser elección, placer o entretenimiento y se convierte en una forma de aislamiento, sufrimiento o pérdida de autonomía.

La prevención más eficaz no empieza cuando la crisis ya estalló. Empieza en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a viviendas dignas, a redes afectivas y a espacios de pertenencia. Empieza cuando una adolescente puede pedir ayuda sin ser estigmatizada; cuando una familia recibe orientación antes de llegar al desborde; cuando una persona trans encuentra un dispositivo que no reproduzca exclusión; cuando la salud mental comunitaria cuenta con recursos reales y no sólo con declaraciones de intención.

Del consumo como síntoma al cuidado como política

Hay, además, una dimensión de derechos que no puede soslayarse. Las respuestas basadas únicamente en la criminalización, el encierro o la expulsión profundizan aquello que dicen combatir. Transforman el padecimiento en culpa y convierten la vulnerabilidad en motivo de sanción. La salud pública debe ofrecer tratamiento, acompañamiento y estrategias de reducción de daños; la justicia debe intervenir con perspectiva de dignidad, proporcionalidad y reintegración, nunca como sustituto de una política sanitaria ausente.

El Congreso ofrece una oportunidad para revisar prejuicios persistentes. La persona con consumo problemático no es un peligro a neutralizar ni un caso perdido: es un sujeto de derecho. Escuchar su palabra, sostener sus vínculos y construir alternativas posibles puede ser más difícil que dictar una prohibición, pero es también más humano y más eficaz.

El reto no consiste sólo en ampliar la oferta terapéutica. Consiste en construir una comunidad capaz de alojar. Porque allí donde el aislamiento, el abandono y el estigma encuentran terreno fértil, el consumo puede convertirse en refugio. Y allí donde hay cuidado, escucha y oportunidades, también puede empezar la recuperación.

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