Comunidades que matan: el precio de castigar en lugar de cuidar

La mesa se tituló Reducción de daños basada en evidencia y la abrió Silvia Inchaurraga, presidenta de ARDA desde 1999. Su tesis central fue simple y contundente: sin reducción de daños no hay salud, no hay libertad y, sobre todo, no hay vida. Inchaurraga recordó que la reducción de daños no busca que una persona deje de consumir como condición para recibir ayuda, sino garantizarle salud y dignidad mientras consume, si esa es su decisión. El problema, explicó, es que en la Argentina real las alternativas ambulatorias, no invasivas, casi no existen. Y cuando una familia desesperada busca dónde internar a un hijo, termina eligiendo entre lo que hay: comunidades terapéuticas monovalentes que operan como instituciones de encierro antes que de tratamiento.

Ahí es donde el testimonio del periodista Pablo Galfré cambió el tono de la mesa. Autor del libro La comunidad, viaje al abismo de las granjas de rehabilitación y del podcast Muertes en el internado, Galfré integra la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP)." Su relato fue, literalmente, un conteo de muertes. Saulo Rojas, de 23 años, se suicidó encerrado en una celda de aislamiento de la comunidad San Camilo, en Pilar, adonde lo habían trasladado como castigo. Días antes, Felipe Mariniansky había muerto por un golpe no explicado, a ciento veinte kilómetros de esa misma comunidad. En San Antonio se suicidó Franco Ruiz Díaz; poco después, Matías Lamorte murió de un edema pulmonar mientras dos adolescentes de quince años hacían de guardia de seguridad, porque no había enfermeros ni psicólogos de turno. Ninguna de esas instituciones estuvo jamás habilitada por el Ministerio de Salud.

Galfré describió además el caso de Ezequiel Ibarra, un chico con epilepsia, sin consumo problemático, internado por sus padres ante la falta de otra opción, que murió ahogado en una pileta mientras lo obligaban a acarrear agua para las plantas. Esa comunidad, contó, recién cerró cuatro meses después, cuando un incendio mató a cuatro personas que estaban tan sobremedicadas que no lograron reaccionar ni cuando sus compañeros golpeaban las puertas con hachas para sacarlas. También relató el crimen de Gastón Consolo, asesinado por tres usuarios a quienes la propia comunidad había obligado, bajo amenaza, a internarlo por la fuerza. El informe que ARDA lleva adelante ya documenta treinta y dos muertes en estos circuitos, y el año pasado el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas concluyó que en las comunidades terapéuticas argentinas existen malos tratos, penas crueles y tortura.

Lo notable es que, según Galfré, casi ninguna de estas comunidades cerró por no estar habilitada, ni por la ausencia de médicos, ni por las muertes en sí mismas. Cerraron cuando la evidencia se volvió demasiado visible para ignorarla: un video, una denuncia periodística, una investigación insistente. El propio Estado, dijo, termina siendo el gran responsable, no solo por permitir que estos lugares operen, sino por no ofrecer ninguna alternativa real cuando una familia no sabe a dónde más recurrir.

El psicólogo Ricardo Paveto sumó una capa más al diagnóstico: habló del desamparo institucional y de la incoherencia de un Estado que, por un lado, prohíbe la venta de unas cervezas importadas por no estar correctamente rotuladas como libres de gluten, en nombre del cuidado de la salud, y por otro lado no ofrece ninguna respuesta sanitaria seria a quienes consumen sustancias ilegales, dejándolos expuestos a riesgos que ni siquiera pueden dimensionar, porque no saben qué contiene lo que consumen.

Cerró la mesa el economista Patricio Liddle, con un argumento que conecta lo humano con lo estadístico. Presentó estudios internacionales, entre ellos investigaciones sobre el exceso de control policial en fiestas y festivales, que muestran cómo la presencia punitiva no reduce el consumo sino que empuja a prácticas más riesgosas. Y remató con una idea central para pensar la política de drogas: el prohibicionismo no elimina los riesgos, los redistribuye, y lo hace con un sesgo de clase, de género y de origen social. Quienes terminan pagando el costo más alto son, sistemáticamente, las personas más pobres y las que ya carecían de protección.

El mensaje que dejó la mesa de ARDA no es un pedido de tolerancia hacia el consumo de drogas. Es un pedido de evidencia, de derechos humanos y de infraestructura pública real donde hoy solo hay un vacío que ocupan negocios sin control ni fiscalización. Mientras ese vacío exista, seguirá habiendo familias que, entre la desesperación y la falta de opciones, terminen entregando a un hijo a un lugar que promete curarlo y que, como muestran los casos de Saulo, de Felipe, de Ezequiel, de Matías y de Gastón, puede terminar matándolo