PORTADA.com.ar entrevistó a Roberto Carlés, abogado, jurista, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

En el discurso del pasado 1 de mayo, en la Apertura de la Asamblea Legislativa, el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, manifestaba «Que no hay excusas para los saca presos que viven pidiendo prisiones domiciliarias y excarcelaciones».

¿Qué opina al respecto de lo manifestado por el Gobernador de la provincia de Mendoza, cuál es la experiencia en otros países y cuál es la realidad de nuestro país?

Veo la tentación de hacer política con un eslogan vacío y recurrente, es muy común aquí en Argentina y en otras partes del mundo. Lo que dijo Suárez poco tiene que ver con lo que realmente ocurrió, fue más bien una versión periodística y de sectores políticos que hablaron de liberación masiva de presos, luego se comprobó que eran noticias falsas, con datos falsos, de hecho hemos tenido menos liberaciones en lo que va de este año respecto del anterior. La gente entra y sale de la cárcel, el sistema tiene libertades condicionales y otro tipo de penas. Lo que sí hubo este año son mas “prisiones domiciliaras” que no es igual que poner en libertad a una persona; una prisión domiciliaria es un régimen vigilado. Teniendo en cuenta que fueron 800 casos entre Capital y el Sistema Penitenciario Federal, esto representa el 1,2 % del total de los dos sistemas. La Organización Mundial de la Salud y entes de derechos humanos a nivel mundial han dicho que las cárceles son un foco de contagio del virus COVID-19, dada la condición de hacinamiento y malas condiciones de higiene, es un riesgo no solo para los presos si no también para el personal penitenciario. A nivel mundial las políticas que se están aplicando son mecanismos alternativos de encierro de presos, países como Italia que dispuso el 10 % de la población carcelaria, Portugal el 17 % y Francia un 14 %.  Aquí en la región, Brasil dispuso la domiciliaria para el 30 % de sus presos, Chile con un gobierno como el de Piñera ha “indultado” a mas de tres mil presos, aquí el escándalo que se instaló es por 800 personas en situación de prisión domiciliaria.

Hablamos mucho de liberación de presos con penas comunes, pero no de presos por delitos de lesa humanidad, ¿Qué opinión le merece?

Soy de la idea que si la vida de un preso corre riesgo en el lugar o contexto donde se encuentra, hay que tomar medidas para preservar su salud, ya que ninguna pena, sea el delito que fuere, es una pena de muerte. La Cámara de Casación Penal distinguió muy bien entre delitos leves y graves.

Sí vemos como algunos jueces, aprovechando la situación, han liberado personas que no corrían ningún riesgo y se adujo motivos muy débiles, como ocurrió en la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, siendo esto un retroceso en un proceso de memoria, verdad y justicia.

¿Qué piensa usted de la Corte Suprema de Justicia?

Hace tiempo que manifiesto que es una Corte que en parte es un poco desprestigiada, con dos de sus miembros que aceptaron entrar por decreto del ex presidente Mauricio Macri. Es una Corte que convalidó el dos por uno en genocidas, y teniendo en cuenta la repercusión que ocasionó esto, se aplica retroactivamente una ley penal, cosa que está prohibido en nuestra Constitución Nacional; es una Corte que dentro de sus integrantes tiene una sola mujer entre sus cinco miembros, con estos datos es común que casi el 80 % de la población no le tenga confianza al Poder Judicial. Necesitamos una reforma a esta situación, hay jueces que a veces no saben lo que están firmando, hay que replantearse la cantidad y la forma de la Suprema Corte.

¿Cree usted que hay una guerra jurídica auspiciada por algunos medios? Como por ejemplo al instalar la liberación de presos.

En tanto a la información de la liberación de presos no me caben dudas de una operación dirigida a hacer daño al Poder Ejecutivo de Buenos Aires y de Nación. Se instalaron falsas noticias en redes y versiones que poco tienen que ver con la realidad.

Durante cuatro años el rol de algunos medios fue perseguir a dirigentes políticos opositores, con una marcada coalición del Poder Judicial, el poder económico y el poder mediático, instalando temas en la opinión pública, se colocó la idea de causas penales con todo tipo de irregularidades, con indebidos procesos, testigos truchos recompensados por el gobierno de turno, la falta de consideración de descargo de pruebas de la defensa. Algunos denominamos este sistema Lawfare, que es la utilización de las instituciones judiciales para una finalidad distinta a la que tienen, lo que se hace aquí es ignorar o violar el derecho; se utiliza la estructura judicial con una finalidad clara de persecución política, como por ejemplo imposibilitar a candidatearse a personas que representan sectores populares. La ley del arrepentido motivada por Macri, alertaba de una situación irregular, fuimos varios los que criticamos esta forma, se vendía en los medios como una herramienta anticorrupción pero terminaban en prácticas extorsivas en más de una ocasión. Muchas veces algún testigo que se acercaba a declarar era extorsionado bajo la amenaza de quedar preso.

¿Cómo fue el intento de “arreglo” que le ofreció un empresario de medios muy importante del país?

Recuerdo que en ese momento los medios intentaron instalar mi incompetencia para ejercer el cargo por el cual me postulaba, cuestión que luego pude demostrar no era tal como se expuso.

En su momento tuve un ofrecimiento muy grande por parte de un empresario de medios importante, el cual ofrecía una reunión con los tres o cuatro formadores de opinión de la Argentina, según ellos «para arreglar las cosas», así tal cual suena. Por lo cual haciendo memoria de las condiciones que en su momento recibió Néstor Kirchner por parte de esos sectores para poder gobernar, es que decliné  ese intento de arreglo. Al tiempo un abogado de Clarín pidió las disculpas del caso y aclaró que yo había caído justo en medio de la guerra de este medio y el gobierno.

¿En un país donde el Poder Judicial funciona, esto que le sucedió hubiera tenido consecuencias penales y civiles?

Debemos pensar, por qué personas que no fueron elegidos popularmente conservan tanto poder, que es afín a ciertos sectores con poderes concentrados, y que conservan este poder sin que nadie pueda juzgarlos. Y como tal pongo de ejemplo la ley de medios que tanta resistencia tuvo desde este poder.

En Portada priorizamos la integración y la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la comunicación, ¿En el ámbito Judicial se están cumpliendo con los cupos establecidos por la ley? ¿Que opina usted de la integración e inclusión de las personas con discapacidad?

Creo que en estos casos por más que hay personas que aún no lo entienden, el único sistema es de ingreso por cupo, hace poco tiempo personas con discapacidad no podían ingresar al estado. De a poco se generó conciencia en cuanto al acceso, pero aún falta mucho en democratizar el sistema de ingreso. Hay una ley que se aprobó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que solo pocos Ministerios Fiscales han implementado, aún esperamos que todo el Poder Judicial incluida la Corte practique esta ley.

Usted es Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ¿Qué rol cumple esta entidad?

La entidad existe desde hace diez años, observamos el sistema penal con mucha preocupación en América Latina, en la región es preocupante la situación, Brasil tiene 800.000 presos donde la situación carcelaria es muy mala, con un problema de estructura y con índices racistas muy importantes. Aquí en Argentina desde el gobierno anterior, existe una sobrepoblación de cárceles con presos por delitos menores y con nada de inversión en las condiciones de estructuras, lo cual deriva en estas situaciones que hoy vemos.