Por: Ernesto Lucero
Conversamos con el juez, Juan María Ramos Padilla, quien se refirió a la determinación del máximo organismo de Justicia sobre los traslados de los magistrados Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

La gravedad institucional no es un problema de tres jueces, es lo que ya ha hecho la corte. Ha salido a marcarle la cancha al poder Ejecutivo y al Senado queriendo colocarse por sobre los dos poderes de Estado.

El único Per Saltum que se hizo después de la reforma del 94 fue un proyecto de Ley de Democratización de la Justicia, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Me parece que votar sobre la validez de los acuerdos del Senado o de las designaciones por Decreto, es inconstitucional. Hay dos jueces que quisieron entrar a la corte sin acuerdo.

La Constitución dice que los últimos que tienen que opinar sobre los jueces es la corte. La corte conoce las barbaridades que ocurrieron estos cuatro años y, si fueran jueces de verdad, deberían investigar todo lo que ocurrió.

Es un momento muy difícil para todos los argentinos, están pasando cosas todos los días, los medios de comunicación están poniendo lo suyo y la verdad es que la corte solo viene a contribuir con todo este momento tan complicado.

La oposición también tiene lo suyo, en medio de todo esto quieren llevar todo a la Justicia. Hay un juego no golpista pero muy cercano a eso que trata de ir al choque con el Gobierno. Le podrá gustar o no, pero es lo que votó la gente.

Los jueces no pueden adueñarse de la Patria, estamos corriendo un gran riesgo institucional, a mi me estuvieron persiguiendo estos cuatro años porque yo denunciaba por Twitter que un juez había actuado en una época donde gobernaban los genocidas.

Esta corte va a pasar a la historia por querer apropiarse de todo y tener la última palabra en todas las leyes. Este conflicto preocupa.

El poder judicial está pasando por el peor momento de su historia, va a haber un conflicto de poderes. Esto supera la situación de los tres jueces, este es un conflicto generado por la corte.

El pueblo tiene derecho a saber lo que está pasando, pero Clarín o La Nación tienen otros intereses para poner en juego.

Soy juez desde 1.984 y no sabíamos en ese momento cuánto iba a durar el gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín declaró la Ley de Obediencia Debida, yo la declaré inconstitucional y me siguieron solamente tres jueces.

Él lo hizo porque creía que era lo mejor y yo por defender a la constitución, después, cuando Néstor bajó el cuadro de Videla, todos los jueces querían juzgarlos, entonces, tenemos que pensar en un Poder Judicial en serio, que funcione como un servicio para el pueblo.