El diputado por el frente renovador, Jorge Difonso, presentó un proyecto por el cual propone aplicar la quita de beneficios sociales provinciales tanto económicos, como alimentarios y de acceso a la vivienda mediante IPV.

Fundamenta que es una medida necesaria y promueve la difusión masiva para anticiparse a la posible acción de algunas personas que creen que este método de usurpación es una solución a su “medida”. Negando la existencia de una necesidad y un derecho vulnerado tras una toma.

¿De qué se trata el proyecto de quita de beneficios sociales provinciales tanto económicos, alimentarios por usurpación de tierras?,¿Cree Ud. que hay otros intereses detrás de las usurpaciones de terrenos?

La situación de usurpación de tierras en Mendoza no es algo nuevo, si vemos un reimpulso el ultimo mes, lo vemos en provincia de buenos aires y el sur del país, donde hay un gran avance de usurpaciones de terrenos. Lo que nos preocupa es que están impulsadas por distintas metodologías y distintos objetivos, ya sea con un fin político y coordinada por dirigentes políticos, y además hay interés inmobiliarios y económicos donde lotes obtenidos de esta forma se parcelan, se venden o se alquilan.

El proyecto plantea la usrupación en general, no solo la registrada para con un asentamiento de vivienda precaria, sino también de terrenos donde personas o empresas se sirven de un beneficio inmobiliario al respecto.

¿Además de este proyecto, hubo algún pedido de informe al IPV que mencione cuanta gente no tiene acceso a vivienda?

En este proyecto y teniendo relación con el I.P.V., el mismo prevé la iniciativa de que sea priorizada la persona o cooperativa que esta realizando los tramites comunes y de forma organizada, por sobre las personas que están usurpando o reclamando ocupando tierras.

Al igual que en Buenos Aires, en la provincia el fin de semana se dieron algunos intentos de usurpación en Luján de Cuyo y un proyecto del diputado del Valle de Uco intenta ponerles freno. La propuesta de Jorge Difonso será tratada el miércoles próximo y apunta a que aquellas personas que son consideradas usurpadores no puedan recibir ningún tipo de beneficio social por parte del Estado.

Por: Fernando Cascino