Vaca Muerta, entre subsidios, mercado y geopolítica

Subsidiar para ahorrar, vender por partes y no elegir bando: el mes en que la energía mostró todas sus costuras

• Agosto dejó una postal nítida de cómo funciona hoy la política energética argentina: se recortan subsidios creando otros nuevos, se privatiza sin decirlo del todo, los sectores que pidieron "libertad de mercado" corren a pedir auxilio estatal apenas el viento cambia, y el país queda parado en el medio de una disputa que ya no es solo comercial, sino geopolítica.
• Así lo describe el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que repasó cinco episodios de las últimas semanas y que, leídos en conjunto, arman ese mapa.

El truco de dar subsidios para bajar subsidios

El Gobierno necesitaba el visto bueno de los gobernadores del Norte Grande para avanzar con la reforma de la Ley de Zonas Frías, que apunta a un ahorro fiscal de $272.099 millones al eliminar el beneficio automático de gas invernal en varias provincias. El problema es que esa ley no salía sola: el NOA y el NEA pusieron como condición un nuevo esquema de "Zonas Cálidas", un subsidio eléctrico para el verano que compensara a sus habitantes.

El resultado es una paradoja con nombre propio: para bajar un subsidio hay que crear otro. El acuerdo, cerrado entre Luis Caputo, Diego Santilli y los mandatarios provinciales, se sostuvo en un pacto de confianza casi literal: la nueva medida eléctrica se publicaría recién después de que el Senado aprobara la reforma, porque ninguna de las dos partes quería moverse primero. El saldo final es previsible: el ahorro neto termina siendo bastante menor al anunciado, porque lo que se gana en invierno se gasta de nuevo en verano. Es el federalismo de negociación de siempre, con el agravante de que ocurre bajo un discurso que predica exactamente lo contrario: menos Estado, menos intervención, menos gasto.

Los combustibles no bajan aunque el petróleo sí

Mientras tanto, los números de refinación de junio muestran algo que contradice el relato oficial del "buffer" de YPF. Según datos de Alberto Fiandesio, consultor senior en hidrocarburos y ex subsecretario de Combustibles de la Nación, el margen bruto de la nafta súper subió 50% respecto de mayo y el del gasoil un 31,7%, en el mismo mes en que el barril de crudo (promedio Medanito-Escalante) se derrumbó 18,68% en dólares, de USD 101,51 a 82,54. Sin embargo, en el surtidor las naftas apenas cedieron 3,03% y el gasoil 1,92%.

Esa diferencia entre lo que bajó el insumo y lo que bajaron los productos finales es, en los hechos, la explicación del margen récord: el del gasoil llegó a 66,67 USD por barril, casi el doble del promedio histórico 2017-2025 (34,69 USD/bbl).

El discurso de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF -"podemos ayudar, pero no regalar"- sostiene que la petrolera absorbe subas para proteger al consumidor y que después el consumidor "devuelve el favor". Los datos de junio muestran la otra cara de esa lógica: cuando el crudo baja, la ayuda no se traslada con la misma velocidad. La "internacionalización" de precios que el Gobierno celebra como virtud termina funcionando, en la práctica, como un mecanismo de apropiación de renta en un sector muy concentrado.

Cuando el mercado libre deja de gustarles a los que lo pedían

Los generadores eléctricos -las empresas dueñas de las centrales térmicas que dan respaldo al sistema- enviaron una nota al Gobierno advirtiendo riesgo de colapso operativo y pidiendo una reunión urgente. El motivo es la Resolución 400/2025, la norma con la que la Secretaría de Energía reformuló, desde noviembre de 2025, todo el esquema de precios del Mercado Eléctrico Mayorista: en criollo, dejó de fijar remuneraciones administrativas caso por caso y pasó a que la energía y la potencia se paguen a valores más parecidos a los del mercado, según disponibilidad real y costos efectivos, con el objetivo declarado de volver el sistema más competitivo y reducir subsidios implícitos. Para las centrales de respaldo -esas que solo se prenden en los picos de demanda de un día de mucho calor o mucho frío- la nueva regla fijó un pago fijo de US$1.000 por MW-mes disponible dentro del nuevo "Servicio de Reserva de Confiabilidad". El problema es que ese valor está muy por debajo de lo que esas mismas empresas venían cobrando hasta ahora: la remuneración por potencia disponible caería a apenas un tercio de los montos actuales.

Durante el gobierno de Cambiemos esas mismas empresas habían firmado contratos a diez años en dólares, con una remuneración promedio de US$21.000 el MW-mes, celebrados en su momento como prueba de que el mercado energético funcionaba y de que había seguridad jurídica.

El contraste es elocuente: cuando los contratos eran generosos, el sector hablaba de bondades del mercado; ahora que esas condiciones extraordinarias terminaron -tal como estaba pactado que ocurriera-, reclama que el Estado intervenga para sostenerlas. Es la vieja fórmula de privatizar las ganancias y compartir las pérdidas, aplicada a un sector que además cumple una función crítica: sin esas centrales de respaldo, el sistema eléctrico pierde margen frente a picos de demanda.

Halliburton: la letra chica de Vaca Muerta

Este caso conviene desarmarlo paso a paso porque, más allá de la cifra, dice mucho sobre cómo se reparte el poder dentro del boom petrolero. Halliburton es una de las grandes empresas de servicios que trabajan para las petroleras en Vaca Muerta -hace las tareas técnicas de perforación y fractura, entre otras-. Para hacer ese trabajo, a su vez subcontrata a proveedores locales neuquinos: empresas más chicas que alquilan equipos, dan mano de obra, transporte y logística.

Lo que pasó es que Halliburton les avisó a esos proveedores, sin previo aviso ni margen de negociación y con apenas siete días de plazo, que iba a pagarles hasta un 23% menos por contratos que ya estaban en marcha. Cambió las reglas de un trabajo que esas empresas ya habían empezado a hacer, y lo hizo de un día para el otro.

Lo llamativo es el contraste de escala. Halliburton acaba de reportar ganancias netas por US$534 millones a nivel global, y en el mismo trimestre destinó otros US$200 millones a recomprar sus propias acciones. Es decir: mientras les exprime el margen a sus proveedores argentinos, tiene plata de sobra para devolverles valor a sus accionistas. Para Neuquén esto no es un detalle contable: ese "segundo anillo" de proveedores locales es, en los hechos, el principal generador de empleo de la cuenca -mucho más que las grandes operadoras o las multinacionales de servicio, que pueden mover capital y tecnología desde afuera sin que eso impacte en el trabajo argentino-. Ajustar ahí es ajustar directamente sobre el empleo que sostiene a las ciudades petroleras.

YPF Agro: vender por partes sin vender la empresa

El Gobierno evalúa abrir el 50% del capital de YPF Agro -la división agroindustrial de la petrolera- a inversores privados. No es un movimiento aislado: encaja en una estrategia más amplia que podría llamarse "privatización periférica". La idea es simple: en lugar de privatizar YPF entera -un costo político que nadie en el oficialismo quiere pagar- se van soltando, de a poco, los negocios que no forman parte del núcleo duro de Vaca Muerta.

El riesgo político de esa estrategia es que lo que hoy parece un activo secundario puede convertirse mañana en bandera opositora. El antecedente de Profertil es elocuente: algo presentado como periférico terminó siendo símbolo de una discusión mucho más grande sobre el desguace de YPF. En un clima de alta polarización, cada movimiento de este tipo corre el riesgo de leerse no como una asociación estratégica sino como el primer paso de algo más profundo.

Vaca Muerta, entre Washington y Pekín

El episodio más elocuente del mes fue geopolítico: el embajador estadounidense Peter Lamelas condicionó las inversiones de su país en Vaca Muerta a la exclusión de tecnología china, en particular Huawei, de la infraestructura crítica de la cuenca. La presión ya no quedó en una advertencia general, sino que avanzó sobre decisiones concretas de actores locales, como la cooperativa eléctrica CALF, lo que marca una intromisión directa en la política interna argentina y en la capacidad del país de definir soberanamente sus proveedores estratégicos.

La diferencia entre Washington y Pekín aparece en el método. Estados Unidos actúa mediante condicionalidades explícitas: exige garantías de seguridad de datos, restringe la presencia de empresas chinas, promueve trato preferencial para sus compañías y ata el financiamiento de organismos como EXIM Bank o DFC a alineamientos concretos. Su estrategia combina inversión, presión diplomática y doctrina de seguridad nacional, con el capital privado como vehículo principal y con exigencias políticas abiertas sobre qué tecnología puede usar la Argentina.

China, en cambio, avanza con una lógica menos declarativa pero igualmente estratégica: ofrece financiamiento estatal, créditos blandos y apoyo directo a sus empresas para ganar posiciones en mercados como el argentino, sin exigir públicamente alineamientos geopolíticos ni someter sus operaciones a las condiciones de auditoría que Washington reclama. Esa ausencia de exigencias visibles es, precisamente, lo que Estados Unidos presenta como riesgo: para Lamelas, el control chino no se ejerce por cláusulas explícitas sino a través del vínculo entre sus empresas tecnológicas y el Estado chino.

En ese tablero, la posición del Estado argentino aparece como una entrega de margen soberano. El gobierno de Milei firmó con Washington un esquema que concede trato preferencial, blindaje jurídico y acceso privilegiado a sectores estratégicos como energía y minerales críticos, resignando en los hechos capacidad de decisión frente a proveedores chinos. El problema es que China ya tiene presencia real en financiamiento, tecnología y mercados de exportación, por lo que alinearse sin matices con Estados Unidos puede cerrar alternativas necesarias para el desarrollo de Vaca Muerta; pero intentar sostener una neutralidad práctica también puede tensionar el acceso al capital estadounidense que el Gobierno busca exhibir como respaldo de su programa económico.

La conclusión es que la disputa por Vaca Muerta ya no se define solo por rentabilidad, infraestructura o costos, sino por alineamiento geopolítico. La intervención de Lamelas expone hasta qué punto Estados Unidos busca incidir en decisiones internas argentinas, mientras China consolida influencia por la vía financiera y tecnológica. En ambos casos, la energía queda subordinada a una disputa global; la diferencia es que Washington presiona de manera explícita y política, mientras Pekín opera mediante financiamiento y presencia empresarial. Argentina, lejos de arbitrar entre ambas potencias desde una posición autónoma, aparece aceptando condiciones externas sobre un recurso estratégico propio.

El hilo que conecta todo

Estos cinco episodios comparten una misma tensión de fondo: un discurso que predica el retiro del Estado y la fe en el mercado, chocando permanentemente con una realidad donde el Estado sigue siendo el árbitro que reparte subsidios, negocia con gobernadores, arbitra entre generadores y consumidores, decide qué se vende y qué no, y hasta debe posicionarse frente a las dos superpotencias que se disputan el futuro energético del planeta. Vaca Muerta, lejos de ser el motor de derrame que promete el relato oficial, aparece cada vez más como un terreno donde el poder corporativo, la geopolítica global y la negociación política doméstica moldean un resultado que tiene poco de libre mercado y mucho de pragmatismo a fuerza de necesidad.