Todas y todos los legisladores piden por Fecovita
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal que investiga una denuncia de estafa contra directivos de Fecovita. Miguel Ronco recordó el caso Greco y sus consecuencias negativas en la economía regional.
En una decisión poco frecuente, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad un pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal. Las y los legisladores solicitarán que los fiscales Juan Ticheli y Alejandro Iturbide informen sobre el estado y las actuaciones realizadas en el Expediente P-17.924/2023, que investiga una denuncia de estafa contra directivos de Fecovita.
Un caso de alto impacto económico y social
Fecovita es la mayor federación de cooperativas vitivinícolas del país y una de las principales del mundo en volumen. Su estructura involucra a más de 5.000 productores de forma directa, además de decenas de miles de trabajadores vinculados a toda la cadena vitivinícola.
El tratamiento judicial de esta causa, sin una diferenciación clara entre lo penal y lo comercial, genera preocupación por su posible impacto en el modelo cooperativo y en la economía regional.
Unanimidad legislativa y señal de alerta institucional
Lo más destacado fue la votación: 38 diputados presentes, 38 votos afirmativos. No hubo abstenciones ni ausencias. La decisión encendió una señal de alerta en los ámbitos político, económico y judicial.
El diputado José Luis Ramón señaló que no corresponde utilizar el Ministerio Público Fiscal para intervenir en disputas comerciales entre privados, cuestionando el verdadero sentido de la causa.
Advertencias y antecedentes históricos
El diputado Miguel Ronco, también productor vitivinícola, recordó el caso Greco y sus consecuencias negativas en la economía regional. Remarcó que Fecovita no es una empresa más, sino una pieza central del sistema vitivinícola argentino.
Una denuncia que no surgió de los productores
Otro dato relevante es que la denuncia penal no fue impulsada por los productores asociados, sino por terceros ajenos al sistema cooperativo. Esto refuerza la hipótesis de que se trata de un conflicto empresarial presentado como causa penal, con posibles motivaciones políticas o económicas.
Transparencia y responsabilidad institucional
El pedido de informes busca esclarecer el accionar de los fiscales y abrir el debate sobre el uso del sistema penal en situaciones que podrían abordarse desde otras herramientas legales. También invita a reflexionar sobre los criterios de celeridad en la justicia, que actúa con rapidez en algunos sectores y con marcada lentitud en otros.
Judicializar sin fundamentos sólidos una organización que genera trabajo y desarrollo en las economías regionales puede tener consecuencias irreparables. La justicia debe actuar con equilibrio, independencia y responsabilidad institucional.
