Súper RIGI: el Gobierno busca atraer inversiones de gran escala para nuevas industrias
La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados y apunta a proyectos de al menos US$1.000 millones en sectores tecnológicos, energéticos e industriales. El debate suma críticas por el costo fiscal del régimen, la falta de garantías sobre empleo local y el impacto en proveedores nacionales.
El oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con el proyecto conocido como Súper RIGI, un régimen diseñado para incentivar grandes inversiones en nuevas industrias. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía, busca ampliar el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones vigente y ofrecer condiciones más atractivas para capitales de largo plazo.
El esquema está orientado a proyectos con una inversión mínima de US$1.000 millones, un umbral superior al del RIGI original. Además, exige que los emprendimientos se canalicen mediante Vehículos de Proyecto Único y que se ejecute al menos el 20% de la inversión comprometida durante los primeros dos años desde la adhesión.
La biotecnología avanzada es una de las actividades alcanzadas por el proyecto conocido como Súper RIGI.
Entre las actividades alcanzadas figuran la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital estratégica, el hidrógeno, el gas natural licuado, los reactores nucleares pequeños, las baterías de litio, los vehículos eléctricos, las energías renovables y otras manufacturas tecnológicas de alta complejidad.
El corazón del proyecto es un paquete de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios. Entre ellos se destacan una alícuota reducida del impuesto a las Ganancias del 15%, amortización acelerada de inversiones, exención de derechos de importación para bienes necesarios para los proyectos, eliminación de derechos de exportación y un tope del 10% en contribuciones patronales para los nuevos puestos de trabajo creados.
Las críticas apuntan a que el esquema podría implicar un alto costo fiscal para el Estado en un contexto de caída de la recaudación y fuerte restricción presupuestaria. A diferencia del RIGI original, el nuevo régimen prevé beneficios más amplios para proyectos que superen un umbral de inversión más elevado, lo que abre interrogantes sobre el equilibrio entre incentivos a la inversión y resignación de recursos públicos.
La iniciativa también prevé estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años, con el objetivo de dar previsibilidad a inversiones de maduración prolongada. Para su implementación, las provincias y municipios deberán adherir al régimen y aceptar límites sobre Ingresos Brutos y tasas locales.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía y aprobada en Diputados, busca ampliar el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Desde el Gobierno sostienen que el Súper RIGI permitirá atraer capitales a sectores considerados estratégicos, aumentar exportaciones y generar empleo calificado. Sin embargo, el debate legislativo también incluye cuestionamientos sobre el impacto fiscal, la integración de proveedores locales y el alcance de los beneficios otorgados a grandes empresas.
Otro de los puntos observados es que el texto no asegura que la llegada de inversiones se traduzca automáticamente en creación de empleo local. Si bien durante el tratamiento en comisiones se incorporó una referencia a la contratación de proveedores nacionales, la formulación dejó abierta la posibilidad de que las empresas puedan justificar excepciones por precio, calidad, disponibilidad o plazos, lo que para sectores críticos debilita el efecto esperado sobre la cadena productiva argentina.
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado. Allí el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en ley una de las herramientas centrales de su estrategia para captar inversiones, mientras la oposición y distintos especialistas pondrán el foco en el costo fiscal, las condiciones para proveedores locales y las garantías concretas de generación de empleo.
