Piden que las personas con discapacidad no pierdan las gratuidad en el transporte de media y larga distancia

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó este viernes una presentación judicial con el objetivo de lograr que las empresas de transporte cumplan sus obligaciones y que las personas con discapacidad puedan viajar gratis en transporte de media y larga distancia. Según la Secretaría de Transporte, Ministerio de Economía y bajo la gestión de Milei, informó en un comunicado, que esta medida se complementa con las más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a las empresas.

Lo curioso es que el propio gobierno de Javier Milei había eliminado las normas que forzaban al sector a proveer estos servicios a principios de mes.

Cuáles fueron las acciones de la CNRT

Durante las últimas semanas, la CNRT llevó adelante un proceso de multas e intimaciones a más de 44 empresas, debido a su negativa a brindar los pasajes gratuitos exigidos por la ley.

Según informaron desde el organismo, estos incumplimientos están vinculados a la reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, que algunos actores interpretaron como una liberación de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad (desregulación).

De acuerdo con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, la desregulación permite a las empresas del sector ajustar su oferta en función de la demanda, eligiendo libremente rutas, tarifas y horarios.

Sin embargo, Mogetta subrayó en sus redes sociales que esta medida "no libera a las compañías de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protección para personas con discapacidad".

Al respecto, el secretario enfatizó que la CNRT mantendrá controles estrictos y sancionará a quienes incumplan la normativa que garantiza el acceso sin costo a los pasajeros con certificado de discapacidad.

Qué dice el Decreto 883/23

La desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros, establecida a través del Decreto 883/23, introdujo una serie de cambios significativos en la operatividad del sector.

Esta medida permitió que las empresas definan por sí mismas las condiciones de prestación, eliminando la clasificación de los servicios en público, tráfico libre, ejecutivo y turístico.

Además, las empresas ya no están obligadas a realizar sus paradas en las terminales, un cambio que implica una reducción de los costos de operación asociados al "toque de dársena" que se abonaba en estas estaciones.

Este es el fundamento de las empresas de larga distancia para no otorgar los cuatro pasajes gratis para personas con discapacidad y sus acompañantes.

Sin embargo, la garantía de estos pasajes liberados está determinada en el artículo 22 de la Ley 22.431 (conocida como Ley de Discapacidad) y esta no ha sido derogada, por lo tanto, debe cumplirse. Así lo manifestaron desde la Defensoría de las Personas con Discapacidad.

Costo para las empresas, sin subsidios del Estado

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), los representantes del sector mostraron su rechazo a la reciente avalancha de sanciones y multas, argumentando que las empresas ya no cuentan con subsidios estatales y enfrentan una creciente presión financiera.

Según voceros de CELADI, la gratuidad para personas con discapacidad afecta especialmente a los operadores más pequeños, quienes alegan desigualdad de condiciones frente a los nuevos actores que pueden prestar el servicio sin asumir las mismas responsabilidades.

Por su parte, la Secretaría de Transporte considera que la medida cautelar es necesaria para reafirmar la vigencia de los derechos adquiridos y evitar el abuso por parte de las empresas, que en varios casos han interpretado la nueva normativa como un desligamiento de sus obligaciones hacia el sistema de protección integral para personas con discapacidad.