Nos están robando, pero no sabemos cuánto, ni cómo, ni donde, ni por qué.

Bodas de plata de la seguridad en Mendoza.

Este año se cumplen 25 desde que se instruyó la reforma más importante en Mendoza en materia de seguridad, con las implicancias que eso produce en la Justicia y en los conceptos generales de la problemática que, naturalmente, siempre está entre las primeras preocupaciones de la sociedad.

De la sección "policiales" a la problemática de "seguridad".

La Reforma Policial, como se la conoció por entonces, no fue obra de la inspiración anticipatoria de la política, sino la respuesta ante demasiados casos en los que se advertía que la fuerza policial mantenía conductas idénticas a las que tuvo cuando el poder político lo detentaban dictaduras y procesos en los que el cumplimiento de la ley era, habitualmente, una anécdota. La fuerza seguía interpretando que todo lo inherente a los derechos (humanos e individuales) sólo servían de estorbo para la acción, y significaban un impedimento para sus inconductas.

La costumbre de transformar en victimario a la víctima.

El caso Nicolás Bordón, un joven que llegó a San Rafael en viaje de egresado desde la provincia de Buenos Aires, su desaparición y luego, la determinación de que se había tratado de una desaparición forzosa, un secuestro seguido de homicidio y la intención de ocultar toda prueba, propició que se llevara adelante una transformación muy importante para la provincia.

En aquel caso, a pesar de que hayan ensuciado la causa, entorpecido la investigación y de que hubiesen contado con el impúdico apoyo de periodistas encumbrados y medios gravitantes,  la detección de que había sido una víctima de aquella policía "maldita", aceleró lo que en materia de seguridad se pensaba pero no se aplicaba. Hasta entonces, el "algo habrá hecho" y el ardid de transformar a la víctima en un sospecho peligroso, les fueron de utilidad.

Con la Policía no, eh. 

Mendoza ya contaba con desapariciones en democracia. Los tres casos -nunca resueltos- se inscriben en los documentos que deben avergonzar al sistema institucional de la provincia en materia de Justicia y Seguridad.  Guardati, Garrido y Baigorria. 

La conexión inocultable.

Hay un patrón común en esos tres casos. El contacto y accionar de policías de la provincia. El de Sebastián Bordón, en 1999 precipitó la Reforma. Los cambios fueron rotundos. La transformación la lideró Alejandro Cazabán, abogado,  funcionario de aquel gobierno, contó con el aval del gobernador Arturo Lafalla, pero requirió del consenso de todas las fuerzas políticas de la provincia y un interesante trabajo de expertos e intelectuales.

Hasta que las velas no ardan.

Los 25 años de la ley 6721 tienen poco para festejar, pero mucho para indagar, revisar y reflexionar. Uno de los aspectos más significativos es que, como demasiadas otras leyes, bien pensadas, urdidas con inteligencia y reglamentadas para que sean herramientas eficaces, se incumplen. Y son los mismos redactores y los que participaron dotándola de sentido quienes luego, la ignoran con una displicencia palmaria.

La historia que nos trajo hasta aquí.

Especular cómo hubiese sido "la seguridad" en Mendoza bajo el esquema anterior, sería útil para justificar un presente y no es nuestro propósito. Sí, reclamar que lo que esa ley y las posteriores indican, no se cumplen o se hace mal.

Verdades y estigmas. Inseguridad y sensación.

El primer ministro de esa cartera (seguridad) luego de la reforma fue Leopoldo Orquín, un hombre de familia siempre vinculada a la política (radical) y de vasta trayectoria. Primer intendente de Guaymallén cuando la restauración democrática. 

En los años que comandó el ministerio, surgieron hechos que cobraron gran cobertura periodística. Eso le valió a Orquín consagrarse como autor de una frase que le sirvió para que lo estigmatizaran: la inseguridad es una sensación.

Seguramente podríamos juzgarlo de extemporáneo o asincrónico, pero, aunque ocurran hechos que nos consternen, nos conmuevan, nos afecten directamente, la inseguridad es y seguirá siendo una sensación. Mientras más hechos se den a conocer, y mientras más se aproxime la lente de la cámara a los hechos dramáticos,  el crimen será más tremendo y a la vez amenazante para el resto de la población, exista o no probabilidad de reiteración. En absoluto esto significa negar la ocurrencia de delitos, ni considerar que la sucesión de crímenes están sólo en la imaginación social, de ninguna manera.

Si no se puede medir,  no existe.

El axioma que funciona como título "sólo existe aquello que se puede mensurar", que aparece en los manuales de Administración Pública y Privada, rescata la importancia de contabilizar, registrar y contar con los antecedentes necesarios para poder hacer evaluaciones. Mal podremos saber si da mejor o no un índice si no se registran valores de manera constante y metódica. Este es uno de los muchos aspectos que se incumple de las leyes que hacen a la administración de la provincia, también en materia de Seguridad y Justicia.

Cada vez peor. ¿dato o sensación?: dato.

La vecina de al lado. El pibe de enfrente. El negocio de la otra cuadra. La tía de una amiga. El suegro de un compañero. Con una cotidianeidad espantosa, todos los días solemos enterarnos de hechos delictivos que padecen (padecemos) y la frecuencia es de tanta reiteración que pierde consistencia noticiable. Ya no no extraña, ni sorprende, no nos conmueve y apenas incentiva un poco más ese estado generalizado de bronca. Es una sensación, sí, pero con la contundencia de los testimonios y la irrefutable constatación de los hechos.

Antón pirulero.

Los pedidos que solemos hacer ante el Ministerio Público Fiscal y ante el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, son estériles.

La discrecionalidad que manejan para proporcionar información es una muestra de cómo se actúa en Mendoza, hoy.  Depende de la cara del cliente (color de tez, ideología, medio para el cual se le solicitan los datos, estado anímico del responsable, ganas, etc.). Información que debe tener el estatus de "pública" está supeditada a la voluntad del funcionario. No podría afirmar que es "una vergüenza", porque quizá son dos, tres o vaya a saber cuántas. 

La policía científica y el olfato.

La experiencia que puede haber vivido alguien cuando aparece Policía Científica, explica en gran medida por qué la propia sociedad conspira con los datos. Hay quienes prefieren que el hecho delictivo no se conozca antes de soportar algunos protocolos que sólo sirven para agregarle una cuota de tedio al hecho sufrido. Al no efectuar la denuncia, el crimen no queda registrado y luego las estadísticas se divorcian de la sensación. Más relevante aún es que al no conocer en cuántos casos de hurtos y robos domésticos se ha recuperado el botín o parte de él, que se opta por anotarlo en la cuenta de los débitos sin denunciar.

El que mucho insiste poco aprieta.

La insistencia con la que desde PORTADA hemos solicitado los datos de : Robos; hurtos; homicidios; delitos contra la integridad sexual, etc. es frustrante. Los datos no aparecen. Sin embargo, pudimos leer declaraciones de Paula Quiroga, responsable de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción e Automotores, en diario Los Andes, sobre el aumento en hechos de inseguridad. Sin cifras ni precisiones, pero la admisión del aumento de hechos delictivos y el reclamo para que haya más policías. Y el procurador recordando que no es materia del Ministerio Público Fiscal la prevención ni el impedimento de delitos, sino lo que llega después: investigación, procesos, detenciones, sanciones y prisión. De lo cual tampoco suministran datos.

Recursos, medallas, dólares, licitaciones y cámaras.

Precisamente en la edición de hoy (26 de enero 2024) del Boletín Oficial, figura la licitación para la compra de "solución de vigilancia móvil para equipar a 200 patrulleros". La licitación es del 16 de agosto (gestión Levrino-Suárez) y la efectivización será en la actual gestión Rus-Cornejo. El dato paradójico:el monto que habrá que cancelarle a la empresa favorecida es de 1.286.600,00 dólares. En dinero local, el gobierno provincial deberá erogar una cifra del orden del 140% superior al previsto cuando fue la licitación,incremento que suena a robo, pero de ninguna manera podría encuadrarse bajo esa figura, no ha habido acto coercitivo, despojo ,obligación ni acto de violencia, solo una formidable devaluación de la que nadie sale inmune.

No me hagás acordar.

La ley que cumple 25 años, entre muchas otras obligaciones, instruye a conformar la Comisión Bicameral de Seguridad. Está bien estipulado y no permite dudas al respecto, sin embargo pasan períodos completos sin que se conforme esta Comisión. Los motivos por lo cual no se constituye la Bicameral de Seguridad están explicados junto a los datos que debería suministrar el Ministerio Público Fiscal, el famoso  imperio mendocino del "no sebe/no contesta". 

Cuando lo que debió ser rutina es una excepción.

Félix González, ex ministro de Gobierno de la gestión de Francisco Pérez y Helio Perviú, ambos senadores del justicialismo, anunciaron que  presentarán un proyecto para citar al procurador Alejandro Gullé y a la fiscal Quiroga para recibir explicaciones e información rigurosa sobre la crisis de inseguridad que atraviesa Mendoza y que según la propia fiscal, cada vez son con más saña y violencia.

También solicitarán a la vicegobernadora (ausente sin aviso) Hebe Casado la conformación de la Bicameral de Seguridad.

Pendientes.

La urgencia para solucionar el presente en materia de Seguridad no es tarea aislada de la Policía, ni del Ministerio de Seguridad. Seguramente con mejor coordinación entre los distintos actores, sin soslayar al poder legislativo ni excluir a los municipios, deberían mejorar los índices, disminuir la violencia y evitar la proliferación de robos de distinta gravedad, muchas veces, ejecutados a plena luz del día y con testigos inertes.

Sentirnos seguros.

Cuando el tema es la inseguridad, el involucramiento es una obligación, y las respuestas, por parte de las autoridades hacia la comunidad, no deben postergarse ni ocultarse. Mañana, casualmente, 27 de enero, se cumplirá un año de la desaparición del joven abogado Nataniel Guzmán. Es impensado que con las inversiones tecnológicas y los avances en materia investigativa, aún hoy, no exista más respuesta que la incertidumbre total. 

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