Milei desarticula el equipo que coordina el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas
La medida generó reacciones inmediatas de legisladores, familias y profesionales de la salud, que advierten sobre un riesgo directo para miles de bebés que nacen cada año con malformaciones cardíacas y requieren atención urgente.
El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) quedó sin coordinación médica especializada tras la decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar los contratos del equipo técnico que organizaba las derivaciones de cirugías cardíacas pediátricas en todo el país.
La medida del gobierno libertario generó reacciones inmediatas de legisladores, familias y profesionales de la salud, que advierten sobre un riesgo directo para miles de bebés que nacen cada año con malformaciones cardíacas y requieren atención urgente.
El equipo que funcionaba como nodo central de la red federal, dejó al sistema sin especialistas que evalúen la complejidad de cada caso y definan derivaciones en tiempo real.
Repudio y alarma
Legisladores de distintos bloques denunciaron la desarticulación del programa, al considerar que la eliminación del equipo técnico limita la capacidad de respuesta del Estado y expone a uno de los sectores más vulnerables de la población infantil.
Familias y organizaciones vinculadas a la salud pediátrica expresaron su preocupación por el impacto inmediato de la medida y alertaron que la falta de coordinación médica puede provocar demoras en las cirugías, traslados innecesarios y saturación de los hospitales de mayor complejidad, con consecuencias potencialmente irreversibles.
Desde el Ministerio de Salud, en tanto, rechazaron las denuncias y aseguraron que el programa "sigue funcionando", aunque confirmaron que la operatoria quedó a cargo de personal administrativo con coordinación médica del Hospital Garrahan.
Según la cartera sanitaria, la decisión se enmarca en una reorganización del área y no afecta la atención de los pacientes.
Qué es el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas
El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) fue creado en 2008 y convertido en ley en 2023 (Ley 27.713).
Su objetivo es garantizar la resolución quirúrgica a todos los niños y niñas del país con diagnóstico de cardiopatía congénita que dependen exclusivamente del sistema público de salud.
En Argentina, uno de cada cien recién nacidos presenta una cardiopatía congénita, lo que equivale a unos 7.000 bebés por año, de los cuales aproximadamente el 50% requiere cirugía durante el primer año de vida.
El PNCC coordina la derivación, traslado, tratamiento y seguimiento de estos pacientes en las 24 jurisdicciones del país.
Cómo funcionaba la red federal
El corazón operativo del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas era su Centro Coordinador, con sede en el Hospital Garrahan, desde donde un equipo de cardiólogos pediátricos especializados articulaba la atención con todas las provincias del país.
Ante la detección de una cardiopatía congénita -ya sea en el embarazo o luego del nacimiento-, el cardiólogo referente de cada provincia se comunicaba directamente con el Centro Coordinador, a través de líneas telefónicas y canales institucionales habilitados las 24 jurisdicciones, para notificar el caso y enviar la información clínica del paciente.
Con esos datos, el equipo nacional evaluaba la gravedad, urgencia y complejidad de la patología, y definía en tiempo real a qué centro tratante debía ser derivado el niño o la niña, evitando traslados innecesarios y demoras críticas.
La asignación se realizaba según criterios médicos, distancia geográfica y capacidad operativa de cada hospital, con el objetivo de distribuir los casos en todo el país y evitar la saturación de los centros de alta complejidad.
Una vez definida la derivación, el PNCC también coordinaba el traslado sanitario, el turno quirúrgico y el seguimiento posterior, manteniendo contacto permanente con los equipos de salud provinciales y las familias.
Especialistas advierten que la salida del equipo médico que cumplía este rol estratégico rompe ese canal directo entre las provincias y la Nación, dejando sin evaluación especializada la asignación de casos y trasladando la responsabilidad a circuitos administrativos que no están diseñados para resolver decisiones clínicas urgentes.






