Mendoza: la provincia que resuelve sus conflictos a martillazos

En Mendoza, todo termina en tribunales. Lo saben los abogados, lo murmuran en la Casa de Gobierno y lo padecen en la Corte. No es novedad, pero sí una alarma que suena cada vez más fuerte. La litigiosidad se duplicó en los últimos diez años, mientras el sistema judicial apenas logró ampliar su estructura. Sin recursos, pero con sobrecarga.

El mensaje que Dalmiro Garay deslizó días atrás -sin nombrar a nadie, pero apuntando a todos- no fue casual. La Justicia está saturada, pero sobre todo está siendo empujada a ocupar el lugar que la política no quiere o no puede ocupar. Ya no se trata de resolver delitos, sino de definir políticas públicas. Salarios, servicios públicos, contratos, conflictos internos de municipios y hasta decisiones de organismos autárquicos terminan, tarde o temprano, en una sala de la Corte.

El Gobierno, permeable y muchas veces ausente, se ha resignado a que sus desacuerdos internos o su incapacidad de gestión se ventilen y se resuelvan en tribunales. Y a veces, cuando le conviene, hasta lo promueve. En la práctica, el Poder Judicial pasó de ser contralor a árbitro, y de árbitro a pararrayos de las internas políticas.

La justicia mendocina, con jueces que hace años renuevan en bloque y fiscales que esquivan la incomodidad del control, navega entre la falta de recursos y las presiones de sectores que, sin formalizarlo, influyen más de lo que admiten. La pregunta que nadie contesta es si esta lógica es sostenible.

Mientras tanto, las causas se amontonan y las decisiones de fondo quedan en suspenso. El sistema funciona a martillazos. Por ahora. Muchas de estas causas son provocadas por sectores ineficientes del estado que en lugar de promover la igualdad ante la ley deja que algunos corran con el caballo del comisario , ahí nace un principio de un litigio , es decir cuando algunos funcionarios utilizan dos varas distintas para medir .