La Mendoza de ayer y la Mendoza de hoy: un pueblo frente al espejo

En Mendoza, el tiempo no es solo un dato en un almanaque. El tiempo es una herida, una memoria, una pregunta constante sobre lo que fuimos y lo que, inexorablemente, nos hemos convertido. En 2024, la provincia respiraba con cautela, con la historia de su agua como eje de identidad y resistencia. La Mendoza de entonces estaba marcada por las tensiones entre desarrollo y preservación, entre el valor simbólico del agua y la necesidad concreta de trabajo, progreso y salarios dignos. En 2025, esa tensión se ha vuelto confrontación pública, política y social. Lo que hubo ayer fue debate; hoy hay decisión legislativa y marchas que, pese a ser multitudinarias y cargadas de angustia, parecen no haber modificado el rumbo que tomó el poder.

De las asambleas a la aprobación legislativa:

La provincia que en 2024 veía crecer asambleas ciudadanas, caravanas por el agua y el grito "El agua no se negocia" en cada plaza, se topa en 2025 con una Legislatura que, con mayoría amplia, aprobó el proyecto de megaminería San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) con 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención en el Senado provincial, avanzando también en otras medidas como la exploración en Malargüe, un fondo compensador ambiental y un régimen de regalías.

Ese trámite legislativo, respaldado por el gobernador Alfredo Cornejo y apoyado públicamente por el presidente Javier Milei, no solo validó una política minera expansiva sino que expuso una fisura profunda entre las mayorías formales parlamentarias y amplios sectores de la sociedad civil que salieron masivamente a reclamar la defensa del agua y el ambiente.

Lo que las marchas encontraron en 2025 fue una respuesta institucional distinta: no solo la sanción de la ley, sino también la criminalización de defensores ambientales y un despliegue del aparato estatal que, para muchos, marca un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones.

¿Hubo voluntad popular? ¿Hubo mayoría social?

La narrativa dominante en el gobierno y en sectores que impulsan la minería es la de una mayoría social favorable a la minería. Un análisis electoral reciente indica que en Mendoza el respaldo al desarrollo de la minería ronda el 84 % de los votos favorables, mientras que las fuerzas críticas quedaron en cifras minoritarias.

Pero ese respaldo en las urnas no se traduce automáticamente en un mandato sobre cómo se administra el recurso agua o cómo se regulan proyectos que implican riesgos ambientales altamente sensibles en una provincia marcada por la sequía y la escasez hídrica. La oposición social no fue solo un puñado de manifestantes aislados: fueron miles de personas movilizadas, desde Uspallata hasta la Plaza Independencia, expresando una voluntad que no quiso ser ignorada por lo que representa para su futuro.

Del 2025 al futuro inmediato: costos, silencios y desafíos

En esta entrega del presente, el costo político para Cornejo y para los legisladores que acompañaron la iniciativa aún no se puede medir con precisión, pero lo que queda claro es que el aceite de la política mendocina se ha mezclado con la arena de un río que muchos consideran inviolable. El costo, si existiera, no será inmediato en términos de encuestas partidarias; será más profundo y silencioso: la erosión de la legitimidad, el recuerdo de una decisión que muchas familias aún sienten como una traición a la voluntad de proteger el agua que alimenta a tres de cada cuatro mendocinos.

Hasta ahora, las élites políticas han actuado como si la agenda del día pudiera barrer bajo la alfombra esta tensión. Sin embargo, cada mancha de protesta, cada canción entonada en una marcha por el agua, y cada rostro en Plaza Independencia guardarán memoria de que no toda mayoría parlamentaria equivale a una licencia social en Mendoza.

¿Qué nos espera en 2026?

Si algo enseñan estos meses recientes es que no hay futuro posible sin agua. El debate que se abrió en 2025 no se cerrará con una firma en la legislación.

Por el contrario, es el comienzo de una disputa más profunda sobre cómo queremos que sea Mendoza en 2030 y más allá: una provincia que produce cobre o una provincia que respeta formas de vida arraigadas en la defensa del agua; una Mendoza que escucha a sus ciudadanos o una Mendoza que decide y ejecuta desde arriba.

Y mientras nos adentramos en 2026, quedará por ver si la política se adapta al clamor popular o si la sociedad mendocina aprende a ejercer su fuerza fuera de los corredores del poder para reclamar no solo dónde se extraen los minerales, sino cómo se decide y para quién se gobierna.