Mendoza adhirió al RIGI, política nacional para "traer" inversiones en dólares

La Cámara de Senadores aprobó por 24 votos a favor y 14 en contra la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que pretende la reactivación de proyectos económicos con inversiones de sumas mayores a los U$S 200 millones, y que tendrán beneficios impositivos de índole nacional.

El RIGI fue incluido en la Ley Bases con el objetivo de incentivar a los grandes capitales a invertir en Argentina. Los sectores contemplados son la agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, forestal, gas y petróleo.

Todo Cambia Mendoza, el PRO, parte de La Unión Mendocina acompañaron.

Mientras que el PJ completo, el Partido Verde y un resto de LAUM se volcó por rechazar esta adhesión.

Los beneficios para quienes vienen a "invertir"

Esto significa que los inversores que se comprometan a realizar grandes inversiones dentro de un plazo determinado podrán operar en un entorno libre de incertidumbres fiscales, esto es la garantía de certeza, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica, y protección de los derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias.

El RIGI también contempla un capítulo específico sobre el impacto de los impuestos locales:

El Capítulo XI de la Ley 27.742 establece que las provincias y municipios que se adhieran al régimen no podrán imponer nuevos gravámenes a los beneficiarios (inversores), salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados.

Además, las tasas no podrán exceder el costo específico del servicio prestado, evitando así cargas fiscales adicionales que puedan desincentivar la inversión.

"Los gobiernos de Milei y Cornejo quieren que Mendoza adhiera al RIGI donde empresas no están obligadas a liquidar dólares al exportar ni a pagar impuestos locales, lo que consideramos un avasallamiento a las autonomías provinciales y una pérdida de soberanía" manifestaron desde el Partido Justicialista.

Además la oposición consideró que habrá "competencia desleal y exclusión de PyMEs", al "fomentar una competencia desleal contra las industrias locales al permitir importaciones sin aranceles"; así como también una posible "destrucción de la industria nacional y del empleo, ya que permite a las multinacionales importar todo el equipamiento y personal necesario, sin necesidad de contratar a trabajadores locales".

Por otro lado, también denunciaron "beneficios fiscales inéditos, desproporcionados e inmutables"; al sostener que proponen "una serie de beneficios fiscales muy generosos, como la reducción de la alicuota de ganancias del 35% al 25% y la exención de derechos de exportación e importación, sin exigir contrapartidas a las empresas beneficiarias".

Recursos naturales

Mientras se aprobaba la adhesión en la puerta de la Legislatura hubo manifestaciones de las organizaciones ambientalistas, quienes aseguran que la aprobación del RIGI en Mendoza será la "puerta de ingreso" de las grandes empresas mineras, particularmente las metalíferas; y también sostienen que "está en juego la ley 7722.

En tanto, la jefa de bloque del PJ, Adriana Cano, sostuvo que las inversiones "serían buenas siempre y cuando se hagan en un marco legal que garantice mucho más protección y no tanta competencia desleal a las pymes locales, a nuestra industria madre, que es la vitivinicultura, e incluso donde hayan también inversiones para los que nosotros entendemos que son los grandes desfavorecidas como son los productores".

Y agregó que el RIGI conlleva "un sinfín de permisos, autorizaciones, más quitas de tarifas tanto por exportación como por importación a grandes capitales extranjeros, que son los que van a traer y volverá a la economía primaria en Mendoza, que significa que no se industrializará absolutamente nada en la provincia, con recursos naturales de la provincia".

En tanto, agregaron respecto a la minería en Mendoza, que "un ejemplo es que el RIGI establece para las empresas el ‘uso prioritario de insumos escasos", por lo que indicaron que "las mineras tendrán prioridad del uso del agua por sobre el consumo doméstico y el riego productivo, poniendo en riesgo el acceso al ague de la población y de la producción agrícola".

"Además exime de derechos de exportación a estas empresas multinacionales cuando nuestra industria vitivinícola paga entre el 5 y el 8%", acotaron.

Y sostuvieron que "el proyecto promueve fundamentalmente inversiones en la industria energética y minera, con el objetivo de extraer recursos y la exportación en bruto de los mismos. No se abastece demanda interna, no se agrega valor a los productos".

Las voces a favor de las "inversiones"

Desde el radicalismo, la senadora Ángela Floridia, destacó la "importancia" de este régimen para "proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a los inversores en áreas como la infraestructura industrial, minera y tecnológica".

Por su parte la vicegobernadora Hebe Casado consideró que la aprobación del RIGI genera "una oportunidad de desarrollo para la provincia".

Y agregó:

"No queremos que nos pase como la Provincia de Buenos Aires, que por no adherir perdió una inversión de U$S30.000 millones, que sabemos lo que significa tanto para aquellas personas que no tienen trabajo como aquellas pymes que trabajan como prestadoras de servicios que vengan este tipo de inversiones, así que con este proyecto aprobado lo que determinamos es que la provincia los espera a todas estas inversiones con los brazos abiertos".