Las dos caras de la transparencia: de Karina Milei a Laura Jimena Luzuriaga
Mientras Karina Milei acumula sospechas en Nación, en Mendoza el nombre de Laura Jimena Luzuriaga aparece ligado a maniobras oscuras en Catastro. Su caso, denunciado por El Otro en 2023.
Del poder nacional al caso mendocino. El discurso contra la "casta" se estrella contra los hechos. Mientras Karina Milei acumula sospechas en Nación, en Mendoza el nombre de Laura Jimena Luzuriaga aparece ligado a maniobras oscuras en Catastro. Su caso, denunciado por El Otro en 2023 por Negro Nasif, guarda un parecido llamativo con las maniobras atribuidas a Karina Milei y al exfuncionario nacional Diego Spagnuolo.
Nos repiten que la casta son los otros, pero los números dicen otra cosa. A nivel nacional, Karina Milei cobra el famoso "3". Y en Mendoza, Laura Jimena Luzuriaga se cobraba un "17 menos": su baldío en el barrio privado Nuestra Señora del Rosario del Mendoza Rugby Club, en El Bermejo, Guaymallén, estaba valuado de tal modo que pagaba 17 veces menos que sus vecinos en el mismo barrio.
Ese privilegio se sostuvo durante meses y la exceptuó del pago del adicional al baldío que sí afrontaban más de 150 familias (151 lotes en total). Para todos ellos, el metro cuadrado se fijaba en $538; para Luzuriaga, apenas en $268. La única excepción en un mar de casos iguales.
No hablamos de un error de cálculo. Hablamos de la funcionaria que conduce Catastro, el organismo que decide a quién le aprueban una factibilidad y a quién no. Y el paralelismo se vuelve inevitable: Karina con el 3, Luzuriaga con el 17. Dos números distintos, pero una misma lógica de privilegios.
La corrección de 2023
La maniobra fue tan evidente que, tras la investigación de El Otro, en julio de 2023 sus propios colaboradores rectificaron ese abismo entre su baldío y el resto de los vecinos. El avalúo fiscal fue finalmente actualizado y pasó de $268 a $538 por metro cuadrado, hoy con la inflación actual los números parecen efímeros, nivelando la carga impositiva.
Pero lejos de despejar sospechas, la corrección puso el foco sobre su círculo de confianza: Walter Luconi (subdirector de Inteligencia Catastral) y Marcelo González (jefe de Departamento). Ambos fueron mencionados en la investigación como los que habrían intentado "dibujar" documentos para justificar la excepción y, además, fueron denunciados por ejercer en la práctica privada mientras ocupaban cargos jerárquicos en el Estado.
El diario explicó que los funcionarios que tienen "bloqueo de título" cobran un adicional precisamente para no firmar planos ni intervenir en la actividad privada, resguardando la imparcialidad de su función pública. Sin embargo, testimonios recogidos por El Otro afirmaban que Luconi y González igual hacían planos y usaban la firma de terceros para validarlos. En otras palabras: cobraban para no firmar, pero sus trabajos igualmente circulaban en el mercado.
El cuestionamiento técnico
Desde hace años, la designación de Laura Jimena Luzuriaga como directora de Catastro y presidenta del Consejo de Loteos fue observada por el rubro de los agrimensores y topógrafos. La crítica era simple: la Dirección de Catastro debería estar en manos de un profesional de la mensura y la topografía, alguien que entienda de territorio y loteos desde la base técnica y la practica.
Pero la señora Luzuriaga es abogada. En conferencias se la vio dubitativa, recurriendo a su equipo técnico para responder preguntas. Su legitimidad, más que por conocimiento, parecía sostenerse en la confianza política.
La escena recuerda a lo nacional: Karina Milei, sin preparación de gestión, recurre a los hermanos Menem para diagramar retornos y acomodos. En Mendoza, Luzuriaga se apoya en técnicos que hacen lo que ella debería conducir.
Coincidencias que no son casuales
Aquí es donde el caso de Luzuriaga conecta con otros nombres. Su historia se parece demasiado a la de Diego Spagnuolo, funcionario nacional denunciado en el área de Discapacidad. También abogado, sin formación en la materia, terminó envuelto en un escándalo por supuestas coimas y manejos incompatibles con el cargo.
La diferencia es importante: Spagnuolo ya no es funcionario, es exfuncionario. En cambio, en Mendoza, toda la cúpula de Catastro y el Consejo de Loteos -con Luzuriaga, Luconi y González- se mantiene en sus cargos al 2025.
Tres escenarios distintos, una misma matriz:
• Karina Milei y su "3".
• Laura Luzuriaga y su "17 veces menos".
• Diego Spagnuolo, exfuncionario, símbolo de la falta de idoneidad.
En todos los casos, se trata de personas colocadas en puestos clave que desconocen la disciplina que deberían conducir. Y en todos los casos, los costos recaen sobre la sociedad: menos transparencia, más privilegios.
Lo que agrava el cuadro: al 2025, Luzuriaga y su círculo siguen en funciones, con la lapicera de la "factibilidad" en la mano. Para ellos todo es posible; para el ciudadano común, acceder a un terreno o a una vivienda sigue siendo un camino empinado.
El caso de Luzuriaga, denunciado por EL OTRO en 2023, guarda demasiadas coincidencias con lo que hoy vemos en Nación. Tal vez la conclusión sea que la transparencia, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, sigue siendo más una promesa de campaña que una práctica real.
Nombres propios, identidades prestadas
Un detalle que puede parecer menor, pero que suma a la sensación de opacidad, es la manera en que la funcionaria Laura Jimena Luzuriaga aparece en documentos y actos públicos.
Según registros oficiales y presentaciones, en ocasiones se identifica como Laura Luzuriaga; en otras, como Jimena Luzuriaga; y en documentos más formales figura con su nombre completo: Laura Jimena Luzuriaga Sammartino.
¿Se trata de un descuido inocente? Posiblemente. Pero el resultado es otro: dificulta el seguimiento público de su accionar y genera la impresión de un doblez innecesario en la construcción de su figura. A diferencia de un ciudadano común, que debe firmar siempre igual para ser reconocido, una alta funcionaria que juega con variaciones de su nombre deja flotando la duda: ¿busca confundir, aunque sea de manera inconsciente, a quienes intentan rastrear sus antecedentes?
En un contexto donde la transparencia debería ser absoluta, hasta ese tipo de "licencias" terminan alimentando la sospecha. Porque, al final, es tan fácil de comprobar como de evitar.
Laura, Jimena o ambas: cuando el nombre se vuelve un espejo poco transparente
El doble estándar de los funcionarios: del ajuste a los discapacitados al castigo a los humildes
Qué peligroso resulta poner en manos de estos funcionarios áreas tan sensibles, ambos abogados de profesión , sin especialización que los califique para estas áreas sensibles . El ejemplo más crudo fue el de Diego Spagnuolo: cuando estuvo al frente de la ANDIS, recortó más de 100.000 pensiones a personas con discapacidad. La crueldad se volvía burocracia: personas a las que les faltaba una pierna o un brazo debían levantarse a las 4 de la mañana para ir a una oficina a "demostrar" que efectivamente tenían una discapacidad. La humillación convertida en política pública.
En paralelo, en Mendoza la lógica es otra, pero igual de perversa. Los mismos funcionarios que tienen la lapicera de la factibilidad no dudan en tildar de clandestinos a barrios humildes, a fraccionamientos populares donde las familias luchan por poder acceder a la tierra y levantar una casa . La palabra clandestino se usa como una marca despectiva, un sello que condena.
Pero cuando se trata de emprendimientos exclusivos, la vara cambia. Barrios privados como Dalvian, con orígenes en títulos supletorios -es decir, terrenos que no fueron adquiridos en el mercado formal, sino apropiados - reciben todas las facilidades: documentación al día, concesiones rápidas, permisos que fluyen sin trabas. Hoy, Dalvian es uno de los lugares más caros de Mendoza, un símbolo de status, construido sobre bases que en cualquier barrio popular hubieran sido descalificadas y clasificadas como "clandestinas".
El contraste es brutal: a unos se los estigmatiza, a otros se les allana el camino. Todo esto en una provincia donde el déficit habitacional supera las 130.000 viviendas, y donde el acceso a la tierra debería ser prioridad social.
Hoy, en la cúpula del catastro nacional
Lejos de haberse apartado, Laura Jimena Luzuriaga no sólo continúa al frente de la Dirección General de Catastro de Mendoza y de la presidencia del Consejo de Loteos. Actualmente también figura como Secretaria del Consejo Federal de Catastro de la República Argentina (CFC), según el sitio oficial cfcatastro.gob.ar.
Este organismo tiene un peso simbólico y técnico enorme: reúne a todas las direcciones de catastro del país, coordina políticas comunes y sirve de referencia nacional en materia de gestión territorial. Allí, la representación máxima la ocupa un agrimensor sanjuanino, Juan Pablo Quattropani, como Presidente. Y en la secretaría aparece la firma de Dra. Laura Jimena Luzuriaga, abogada, en nombre de Mendoza.
El contraste es evidente: pese a las denuncias locales y a las observaciones del propio sector de agrimensores, Luzuriaga se proyecta hoy como figura nacional en el catastro argentino. Una legitimación formal que parece blindar su posición, aunque la base de críticas siga intacta.
"De Mendoza a la Nación: la proyección de Luzuriaga".
Un privilegio exclusivo y sin disimulo
La investigación de EL OTRO dejó al descubierto un dato central: la directora de Catastro, con todas las facultades que su cargo le otorga, decidió beneficiarse únicamente a sí misma. No fue un "error colectivo" ni un beneficio extendido a su barrio. Podría, al menos, haber disimulado bajando el avalúo de todos sus vecinos para diluir la irregularidad. Pero no: se bajó exclusivamente el monto de su propio avalúo fiscal para pagar menos impuestos.
Ese gesto habla de una funcionaria sin escrúpulos, capaz de manipular el sistema que debe garantizar equidad para obtener una ventaja personal. Y lo más alarmante: pese a ser abogada, pese a que su accionar quedó expuesto públicamente, sigue en su puesto al 2025.
La conclusión es inevitable: si sigue en funciones, es porque alguien la sostiene. Y ese alguien tiene nombre y apellido: Alfredo Cornejo, que desde su primer gobierno hasta hoy, atravesando la gestión de Rodolfo Suarez, eligió mantenerla al frente de Catastro y del Consejo de Loteos.
