La lección de la UNAM que Argentina no debería ignorar

La UNAM intentó modernizar su sistema de ingreso mediante una evaluación en línea. La intención podía parecer razonable: ampliar el alcance territorial, evitar desplazamientos, agilizar procedimientos y adaptarse a una realidad tecnológica que ya atraviesa la vida académica. Sin embargo, el concurso de admisión de 2026 expuso que una plataforma digital no reemplaza por sí sola las garantías que ofrece un entorno de examen controlado.

Los problemas no se redujeron al uso de inteligencia artificial. Esa explicación, aunque llamativa, sería insuficiente y hasta cómoda. La crisis fue más amplia: existieron fallas de planificación, deficiencias en la validación de identidad, debilidades en la supervisión de los aspirantes, ausencia de controles operativos eficaces y dudas sobre la capacidad institucional para garantizar que cada persona hubiera respondido por sí misma. Cuando comenzaron a aparecer calificaciones anormalmente altas, en especial en carreras de fuerte demanda, la Universidad tuvo que preguntarse lo que nunca debería quedar librado a la duda: si el puntaje reflejaba realmente el conocimiento individual del estudiante o si había sido obtenido con asistencia externa, materiales de consulta, terceros o herramientas tecnológicas.

Ese es el núcleo del problema. Un examen de admisión no es solamente una serie de preguntas y respuestas. Es un mecanismo de distribución de oportunidades. Determina quién accede a una vacante limitada y quién deberá esperar, optar por otra carrera o quedar fuera del sistema. Por eso, la validez de una evaluación no depende únicamente de que funcione una plataforma, de que se conecten miles de usuarios o de que el cuestionario se corrija automáticamente. Depende de que todos los aspirantes rindan bajo reglas comparables y de que la institución pueda demostrarlo.

La UNAM debió convocar a 58.000 aspirantes con resultados considerados sospechosos para rendir nuevamente una prueba presencial de control. La medida, aunque necesaria frente a la pérdida de confiabilidad del sistema, tuvo consecuencias graves. Alteró el calendario académico, produjo incertidumbre en miles de familias, generó protestas, motivó reclamos judiciales y profundizó una crisis institucional que terminó incluso con la renuncia de una alta autoridad universitaria. El ingreso a la universidad se demoró cuatro semanas. Lo que se presentó como una modernización terminó obligando a repetir, con mayores costos humanos y administrativos, parte del proceso que se buscaba simplificar.

También hubo efectos sobre los resultados. Una vez aplicada la instancia presencial de control, los puntajes de ingreso descendieron a niveles que evidenciaron la distancia entre el rendimiento obtenido en la prueba virtual y el desempeño demostrado en un ámbito supervisado. No se trata de afirmar que todo aspirante con una nota alta haya cometido fraude. Sería injusto e incompatible con cualquier idea seria de debido proceso. Pero sí revela que el sistema original no contaba con herramientas suficientes para separar, con certeza y en forma oportuna, los resultados legítimos de aquellos que podían haber sido obtenidos con ayuda indebida.

La reacción de la UNAM fue volver a la presencialidad, aunque no necesariamente a un modelo puramente analógico. La idea es utilizar dispositivos electrónicos precargados en sedes físicas distribuidas en distintas regiones. Esa alternativa parece razonable: conservar parte de las ventajas de la tecnología -corrección más rápida, gestión digital, organización de grandes volúmenes de información- sin resignar la supervisión presencial, la identificación directa de los aspirantes y el control sobre el ambiente en el que se desarrolla la evaluación. La lección no es abandonar lo digital, sino impedir que la tecnología se convierta en un espacio sin control suficiente cuando la consecuencia es decidir el futuro académico de decenas de miles de jóvenes.

Argentina debería tomar nota. Las universidades nacionales cumplen una función pública esencial. El acceso a sus aulas no puede depender de sistemas opacos, decisiones automatizadas no auditables o mecanismos de vigilancia remota que, pese a su apariencia sofisticada, no aseguran condiciones reales de equidad. En un examen de ingreso, el principio de igualdad exige más que ofrecer el mismo enlace o el mismo horario. Exige que todos tengan una oportunidad materialmente equivalente de rendir, sin ventajas indebidas y sin obstáculos tecnológicos, económicos o territoriales que alteren el mérito evaluado.

Además, el país presenta desafíos propios que deben ser considerados. La desigualdad en la conectividad, la diversidad de condiciones habitacionales, el acceso desigual a computadoras adecuadas, la calidad variable del servicio de internet y las diferencias en alfabetización digital pueden convertir un examen remoto en una prueba de recursos antes que de conocimientos. Quien dispone de una habitación silenciosa, conexión estable, equipos modernos y asistencia tecnológica no enfrenta las mismas condiciones que quien debe rendir con conectividad precaria, desde un teléfono móvil o en un hogar compartido. Si el examen pretende medir preparación académica, no puede premiar indirectamente las desigualdades materiales preexistentes.

La inteligencia artificial agrega una dificultad nueva, pero no modifica el principio básico. Hoy resulta relativamente sencillo obtener explicaciones, resolver ejercicios, redactar respuestas o recibir asistencia en tiempo real mediante herramientas digitales. Frente a esa realidad, las instituciones no pueden limitarse a pedir una declaración jurada de honestidad ni confiar exclusivamente en programas de reconocimiento facial o monitoreo por cámara. Esos recursos pueden ser complementarios, pero no sustituyen el control institucional cuando el examen es decisivo y competitivo.

La experiencia mexicana enseña también que no deben anunciarse sistemas de evaluación antes de tener resueltos sus aspectos esenciales. Una universidad que decide avanzar hacia la virtualidad debería contar, antes de abrir la inscripción, con contratos claros con proveedores tecnológicos, protocolos de seguridad, mecanismos de identificación, auditorías externas, procedimientos para detectar anomalías, vías de impugnación, reglas de protección de datos personales y planes de contingencia. No alcanza con tener una plataforma funcionando. Debe existir un sistema integral capaz de resistir fallas técnicas, intentos de fraude y cuestionamientos legítimos de los aspirantes.

Esto es particularmente relevante desde una perspectiva jurídica. El ingreso universitario debe regirse por reglas claras, previamente conocidas y aplicadas de manera uniforme. Si se detectan irregularidades, la respuesta institucional debe ser fundada, proporcional y respetuosa del derecho de defensa. No es aceptable anular resultados de forma arbitraria ni trasladar a los estudiantes las consecuencias de una deficiente organización administrativa. Pero tampoco es admisible consolidar resultados cuando existen dudas serias acerca de la igualdad en las condiciones de evaluación. La transparencia exige encontrar un equilibrio: investigar con rigor, individualizar las situaciones cuando sea posible y establecer remedios que preserven tanto el interés público como los derechos de quienes participaron de buena fe.

Por eso, antes de adoptar exámenes virtuales de alto impacto, las universidades argentinas deberían aplicar pruebas piloto limitadas, realizar auditorías técnicas independientes y prever exámenes presenciales o híbridos como respaldo. También deberían comunicar con precisión cuáles son las reglas, qué dispositivos están permitidos, cómo se protegerán los datos de los aspirantes, qué ocurrirá ante una caída de conexión y de qué modo podrán cuestionarse decisiones que afecten el resultado. La seguridad de un proceso no se improvisa cuando aparecen las irregularidades: se construye antes, mediante previsión, controles y responsabilidad institucional.

La virtualidad puede ampliar oportunidades si se utiliza adecuadamente. Facilitar trámites, ofrecer simulacros, permitir cursos de nivelación, descentralizar información y reducir costos de traslado. Pero un examen remoto, en un contexto de competencia por vacantes limitadas, exige un estándar mucho más alto que una simple plataforma accesible desde una computadora. La institución debe poder asegurar que cada respuesta fue producida por quien se inscribió, que ningún participante contó con ventajas ocultas y que las diferencias de acceso tecnológico no determinaron el resultado.

La UNAM aprendió esta lección de la manera más costosa: luego de una crisis que afectó a miles de estudiantes, retrasó el calendario académico y dañó la confianza pública en uno de los procesos de admisión más importantes de América Latina. Argentina tiene la oportunidad de aprender sin atravesar el mismo desgaste. La tecnología debe servir para fortalecer el derecho a la educación y no para debilitar la legitimidad de los mecanismos de acceso.

Modernizar no es reemplazar apresuradamente la presencialidad por una pantalla. Es diseñar procedimientos más justos, seguros y verificables. En materia de ingreso universitario, la mejor innovación no es la que parece más avanzada, sino la que permite asegurar que el esfuerzo, el conocimiento y la igualdad de oportunidades sigan siendo la verdadera puerta de entrada a la universidad.