Ley de Emergencia en Discapacidad

La Justicia ordenó aplicar la Ley en Discapacidad que el gobierno de Milei frenó

La suspensión a la norma afectaba tratamientos esenciales, servicios y derechos básicos vinculados a la salud, la educación y la inclusión de las personas con discapacidad.

El gobierno de Javier Milei había decidido no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad, a través del DNU 681/2025, que condicionaba su entrada en vigencia hasta que el Congreso detallara el financiamiento.

Pero el Juzgado Federal de Campana habilitó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la orden la dio el juez Adrián González Charvay quien consideró que el Poder Ejecutivo "excedió de forma manifiesta sus facultades" al intentar suspender una ley ya ratificada por el Congreso.

Además este fallo no sólo restituye derechos vulnerados sino que además expone el intento del Ejecutivo de desoír la voluntad popular y desconocer la legitimidad parlamentaria, incluso cuando se trata de uno de los sectores más castigados del país.

El camino recorrido

La Ley 27.793 había sido aprobada en julio de 2025 para declarar la emergencia del sector hasta 2027.

Tras el veto presidencial y la posterior insistencia legislativa, la norma quedó promulgada.

Pese a ello, el gobierno de Milei mantuvo bloqueada su implementación mediante un decreto que supeditaba su ejecución al detalle de fondos en el presupuesto.

El caso llegó a la Justicia tras la presentación de un grupo de familiares de niños con Certificado Único de Discapacidad, quienes denunciaron que la parálisis dejaba sin tratamientos, servicios esenciales y protección social a miles de personas.

Las familias sostuvieron que la falta de financiamiento profundizaba una crisis ya crónica para instituciones, profesionales y familias.

"Nada obsta para que la Jefatura de Gabinete utilice el mecanismo de financiamiento previsto en la ley y reoriente fondos, como ha hecho en múltiples ocasiones", afirmó el magistrado, advirtiendo que lo contrario implicaría "un manejo selectivo y discriminatorio de los recursos". 

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