La Justicia le dio cinco días al gobierno de Milei para que cumpla la Ley en Discapacidad

Luego que la Justicia ordenara aplicar la Ley en Discapacidad y que el gobierno de Javier Milei frenó y no aplica aún, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó su pleno cumplimiento, y solicitó informes sobre el avance de los trámites para su puesta en marcha.

Y advirtió que impondría multas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sino aplican la norma.

Este martes ratificó su decisión, dio cinco días hábiles para la presentación de informes que acrediten el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada y señaló que la norma deberá estar en plena ejecución el 4 de febrero, sin importar la apelación que presente la Casa Rosada.

Personas con discapacidad vs déficit cero

El argumento del gobierno para no cumplir con las personas con discapacidad es que los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes, más la ley universitaria, representan una amenaza para el déficit cero. 

Sin embargo, las estimaciones de partidas necesarias durante el 2026 para financiar las dos leyes arroja que no suponen volúmenes de recursos de una magnitud imposible de afrontar.

La Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación realizó un informe en el que simula escenarios probables que toman en cuenta la proyección de inflación que el propio Gobierno estableció en el proyecto de Presupuesto para el 2026 (10.%), y un conjunto de variables como la cantidad estimada de pensiones.

De acuerdo a las conclusiones a las que arribó el organismo, "podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios".

"Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 pesos a 3.627.495 millones de pesos", señala en el informe de la OPC.

El gasto sería equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI e incluye la compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos, y la asignación para talleres de producción por 7.160 millones de pesos.

No cumplir la ley

La intimación de Charvay incluye un apercibimiento, y en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones, entre ellas, multas a los responsables de su no aplicación.

A esto se suma un dato técnico: aunque el Estado apeló la resolución, el recurso fue concedido con "efecto devolutivo", lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por el juez.

En el expediente N°44035/2025 intervienen también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter colectivo y el interés público del reclamo.

Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exige la presentación de una serie de medidas clave. Entre ellas, la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores con vigencia desde enero de 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; y el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, que registra un retraso de tres meses.

Por su parte, tras la definición judicial, la actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios", planteó en Instagram.