Fe, poder y transparencia

No hay nada reprochable, por sí mismo, en que Javier Milei se acerque a Jabad-Lubavitch, visite la tumba del Rebe Menachem Mendel Schneerson o participe de un homenaje público a su figura. Lo que sí corresponde preguntar, y con seriedad, es otra cosa: qué ocurre cuando la espiritualidad, los negocios y el acceso al poder político empiezan a aparecer en los mismos círculos de influencia.

Javier Milei no oculta su admiración por el Rebe de Lubavitch. La hizo pública antes y después de llegar a la Presidencia. En junio encabezó un tributo organizado por Jabad Argentina en el Palacio Libertad, una actividad reconocida por el propio Gobierno. Sus visitas al Ohel, en Nueva York, forman parte visible de su recorrido político y personal. Nada de eso configura un delito. Tampoco debería ser tratado como una anomalía institucional.

Sin embargo no corresponde fingir que las relaciones personales de quienes gobiernan carecen de relevancia pública cuando se cruzan con empresarios, grandes grupos económicos, decisiones regulatorias y negocios que dependen, directa o indirectamente, del Estado.

La Argentina tiene una larga experiencia en ese terreno. Demasiadas veces, los vínculos de amistad, afinidad ideológica, pertenencia social o cercanía con el poder se mantuvieron en una zona de opacidad. Y en muchas la ciudadanía se enteró tarde de quién hablaba con quién, obtenía una audiencia, accedía a información privilegiada, recibía una excepción, una concesión, una desregulación o una decisión administrativa favorable.

Por eso, el problema no es Jabad. Tampoco es que haya empresarios judíos, católicos, evangélicos, agnósticos o de cualquier otra identidad. Y menos aún que un jefe de Estado tenga convicciones religiosas. Convertir una religión en explicación automática del poder sería tan injusto como intelectualmente pobre.

La inquietud correcta no es qué rezan quienes rodean al Presidente. La pregunta es qué hacen cuando se apagan las luces de las ceremonias, se cierran las puertas de los despachos y se firman decisiones que afectan recursos públicos, regulaciones, contratos o patrimonios privados.

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y una de las figuras más gravitantes del empresariado argentino, ha mantenido vínculos públicos con ámbitos de la comunidad judía y fue señalado por la prensa como cercano tanto a Jabad como al círculo político de Milei. También es conocido que el Hotel Libertador, propiedad del grupo IRSA, tuvo un lugar relevante en la campaña presidencial y en los primeros meses del actual gobierno.

Esos datos no constituyen prueba de delito. No alcanzan para hablar de dádivas, tráfico de influencias, corrupción o captura del Estado. Afirmarlo sin evidencia documental sería irresponsable. Pero sí justifican una demanda elemental: transparencia.

¿En qué condiciones se utilizaron esos espacios? ¿Qué gastos se realizaron? ¿Qué reuniones mantuvieron el Presidente y sus funcionarios con empresarios o referentes religiosos? ¿Hay registros de audiencias, agendas oficiales y mecanismos eficaces para prevenir conflictos de interés? ¿Qué decisiones estatales pueden haber beneficiado a empresas cuyos directivos frecuentan el entorno presidencial?

Esas preguntas no son hostiles. Son democráticas. Y deberían dirigirse con la misma firmeza a cualquier gobierno, cualquiera sea su signo político y cualquiera sea la religión de sus integrantes.

También conviene poner límites a un debate que, con facilidad, cae en la exageración. En Estados Unidos existen antecedentes judiciales concretos relacionados con individuos y entidades locales vinculadas a Jabad. El exdirector de Chabad of Poway, Yisroel Goldstein, fue condenado en una causa de fraude y evasión tributaria, junto con otros participantes de una maniobra específica.

En Brooklyn, el caso de los túneles construidos sin autorización bajo un edificio ligado a la sede mundial del movimiento derivó en arrestos, acusaciones por daños y acuerdos de culpabilidad de algunos involucrados.

Son hechos graves, comprobables y dignos de atención. Pero tienen un alcance preciso: comprometen a personas determinadas y a instituciones locales en causas concretas. No prueban que Jabad-Lubavitch, como movimiento internacional, sea una organización criminal. Tampoco prueban que Jabad Argentina o Jabad Mendoza estén involucrados en delitos. Y no existe una causa penal pública identificable que permita sostener esa acusación en nuestro país.

La seriedad comienza allí: en no convertir una sospecha en sentencia, una denuncia de redes en prueba, ni un vínculo religioso en una conspiración.

Pero la prudencia no puede convertirse en silencio. Porque el poder no se examina sólo en los tribunales. También se examina en la calidad de las instituciones, en el acceso a la información y en la igualdad de trato frente al Estado.

Un Presidente tiene derecho a su fe. Un empresario a sus negocios. Una organización religiosa a desarrollar su vida comunitaria. Pero ninguno a quedar fuera del escrutinio público cuando sus relaciones se acercan al centro de las decisiones estatales.

La Argentina no necesita prejuicios religiosos ni teorías conspirativas. Demanda reglas claras, agendas públicas, registros de lobby, declaraciones juradas completas, contrataciones transparentes y funcionarios capaces de explicar cada decisión que pueda favorecer a intereses privados.

La cuestión no es quién visita una sinagoga, una iglesia, una mezquita o un templo. Es si, detrás de cada visita, existe una puerta giratoria hacia privilegios que los ciudadanos comunes no pueden obtener.

La fe merece respeto. El poder merece control. Y cuando ambos se encuentran cerca de los grandes negocios, la transparencia deja de ser una virtud deseable: se convierte en una obligación democrática.